BRASIL | La justicia federal brasileña pretende obligar al periodista Allan de Abreu a revelar sus fuentes

24.12.2014 18:03
Un juez federal de São José do Rio Preto, localidad del Estado de Sao Paulo, ha autorizado investigar las llamadas telefónicas del reportero del Diário da Região, Allan de Abreu, para averiguar la fuente del periodista que sería el origen de la revelación de informaciones confidenciales de una operación de la Policía Federal.
 
En 2011, el periodista Allan de Abreu reveló informaciones sobre una investigación de la Policía Federal referentes a un caso de corrupción en la Delegación Regional del Trabajo de Rio Preto. Tras la publicación del reportaje de Abreu, el fiscal de la república, Álvaro Stipp solicitó al periodistas sus fuentes, pero éste se negó a revelarlas.
 
El 27 de noviembre de 2014, el juez federal ha autorizado la revisión de los registros telefónicos de Allan de Abreu y del diario Diário da Região, para descubrir la fuente del periodistas. La Asociación Nacional de Periodistas (ANJ) y la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) han criticado la decisión de la justicia y han recordado que el secreto de las fuentes está garantizado en el artículo 5 de la Constitución Federal. El abogado de Allan de Abreu ha asegurado que recurrirán esta decisión. 
 
“Reporteros Sin Fronteras condena esta decisión de la justicia brasilesña, que entra en conflicto con el secreto de las fuentes, recogido en la propia Constitución brasileña, e insta a las autoridades a retirar todas las acusaciones contra el periodistas Allan de Abreu”, afirma Claire San Filippo, responsable de la oficina de América de organización.  “El secreto de las fuentes es una garantía esencial para el libre ejercicio del periodismo”, añade.
 

En 2011, el canal TV Tem también difundió las mimas informaciones publicadas en el Diário da Região, y el ministerio Público Federal pidió igualmente abrir una investigación contra la emisora, pero el caso fue archivado por otro tribunal de la justicia federal que estimó que el proceso violaba una norma constitucional y “amenazaba la libertad de información, pilar del régimen democrático”. 

      

  

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