UNIÓN EUROPEA | Urge la revisión o la retirada de una directiva en estudio sobre secretos comerciales

16.10.2015 16:23
La Unión Europea discute en la actualidad en nueva directiva sobre secretos comerciales que supone una grave amenaza para el periodismo de investigación y que ha llevado a cinto organizaciones - Reporteros Sin Fronteras, European Federation of Journalists (EFJ), European Newspaper Publishers Association (ENPA), European Magazine Media Association (EMMA) y European Broadcasting Union (EBU)- a pedir de manera conjunta a las instituciones europeas su revisión o retirada para evitas las nefastas repercusiones que tendría en el periodismo de investigación y en la cobertura de temas relacionados con el sector empresarial y el mundo corporativo. 
 
El borrador, propuesto por la Comisión Europea en 2013, está actualmente en discusión en la Comisión, el Consejo y el Parlamento, y se prevé su aprobación en un corto periodo de tiempo. El texto pretende armonizar la protección contra el espionaje industrial y la competencia desleal en la Unión Europea, pero su impacto podría tener un efecto devastador en el periodismo de investigación e incluso podía llegar a eliminarlo en este sector. Los periodistas podrían ser juzgados por usar o poseer información considerada secreta, incluso cuando su intención fuese la de utilizarla para satisfacer el derecho del público a estar informado.
 
Las organizaciones citadas urgen a las instituciones europeas a enmendar los siguientes puntos del proyecto con el objetivo de proteger a los periodistas que usan o están en posesión de este tipo de información como parte de su trabajo periodístico:
 
No conformase con garantías vagas
 
La Comisión, el Parlamento y el Consejo discuten actualmente tres borradores distintos. El Parlameto, con el ánimo de proteger la libertad de expresión y de información, ha introducido algunas garantías generales no presentes en los otros borradores. Así, la versión del Parlamento dice que “los Estados miembros deben respetar a los medios de comunicación (...) para garantizar que esta directiva no restringe el trabajo periodístico, en concreto el que afecta al periodismo de investigación, la protección de las fuentes y el derecho del público a estar informado”. También añade que la directiva “no debe afectar a la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, asegurado en la Carta Fundamental de Derechos Humanos de la Unión Europea.
 
Pero estos añadidos, ni siquiera fruto de un consenso entre las tres instituciones, son insuficientes. Ninguno de los borradores incluye garantías específicas para que los periodistas puedan poner en práctica la libertad de expresión e información para satisfacer los derechos del público a estar informado. El derecho a la información sólo estará garantizado a través de explícitas excepciones para el trabajo de los periodistas.
 
Incluir una excepción para el ejercicio del periodismo
 
En los tres borradores, la adquisición, uso o difusión de secretos comerciales está prohibida, al menos que sea para un “uso legítimo del derecho a la libertad de expresión e información”. Pero el concepto de “uso legítimo” de un derecho fundamental resulta de por sí desconcertante. En principio, el uso de una libertad es legítimo salvo excepciones estrictamente definidas. La introducción de este término crea una incertidumbre legal para el ejercicio del periodismo, puesto que, de considerarse incumplido el “uso legítimo”, el texto actual propone la “indemnización proporcional al daño sufrido”, por lo tanto, hipotéticas sumas astronómicas. El resultado de la aprobación del texto en el estado actual tendría un efecto devastador en los periodistas y llevaría inevitablemente a la autocensura.
 
Por ello las organizaciones citadas piden una excepción para el “uso por parte de los periodistas del derecho a la libertad de expresión e información en conexión con sus actividades periodísticas”. 
 
Permitir la adquisición de información para fines periodísticos
 
La directiva no sólo prohibe el uso y la difusión de secretos comerciales, sino la adquisición en sí, considerando ilegal incluso el acceso autorizado o la copia de cualquier secreto comercial, independientemente del uso o la difusión que se le de. Este concepto constituye una grave amenaza al trabajo de los periodistas, que consiste precisamente en adquirir información de interés público sin necesariamente pedir el consentimiento al poseedor del secreto comercial.
 
La mera adquisición no puede estar prohibida si se pretende salvaguardar la posibilidad de los periodistas de hacer trabajo de investigación: se trata de la adquisición de información como parte de una actividad periodística, en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario. 

 

 

      

  

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