MALASIA | El gobierno endurece la Ley de Secretos de Estado

18.02.2016 13:09
Reporteros Sin Fronteras condena la decisión del gobierno de Malasia de endurecer su Ley de Secretos de Estado tras la difusión de una serie de escándalos de corrupción que afectarían al Primer Ministro.
 
RSF apoya se suma al Centro de Periodismo Independiente (CIJ) y al movimiento "Gerakan Media Marah", una coalición independiente de periodistas, en su condena a la propuesta de enmienda de la Ley de Secretos de Estado de 1972 que penalizará a las fuentes y a los periodistas. Las organizaciones citadas consideran esta iniciativa gubernamental un acto de “flagrante intimidación”, que permitiría juzgar a todo el que se niegue a citar sus fuentes con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. De mantenerse el texto legal actual, la pena por divulgar secretos de Estado puede llegar a los siete años de cárcel.
 
En un artículo publicado en el periódico chino Sin Chew Daily, el fiscal general Mohamed Apandi defendió la necesidad de la enmienda ante el aumento de los casos de divulgación de secretos de Estado. "Aquellos que reclaman la ética periodística para proteger a las fuentes pueden ser considerados colaboradores de potenciales sabotajes, una práctica que puede poner en peligro la seguridad del país”, defiende. 
 
“Las represalias contra los periodistas de investigación, el aumento de la censura en los últimos meses, y ahora esta propuesta de enmienda legislativa demuestran la clara tendencia autoritaria del Gobierno”, afirma Benjamin Ismaïl, responsable de la oficina de Asia de Reporteros Sin Fronteras. “El Gobierno debe darse cuenta que la política de censura y supresión de información tiene consecuencias políticas y sociales, y pone en riesgo el interés general”, añade Ismaïl.
 
En los últimos meses han salido a la luz varios escándalos financieros en los que están involucrados líderes del sector privado y oficiales gubernamentales, entre ellos el Primer Ministro. 
 
En julio el Wall Street Journal publicó detalles de la investigación judicial del traspaso de capital del fondo de desarrollo 1Malaysia Development Berhad (1MDB) a la cuenta personal de Primer Ministro. 
 
La web Sarawak Report, con sede en Londres, estuvo bloqueada en julio después de revelar el contenido de los correos electrónicos obtenidos por fuentes anónimas que corroborarían la corrupción denunciada. 
 
También la editora de Sarawak Report, Clare Rewcastle-Brown, fue acusada de “actividad en detrimento de la democracia”, en agosto de 2015, por publicar documentos secretos que demostraban que el fiscal general había sido despedido por preparar cargos de corrupción contra el Primer Ministro.