VENEZUELA | El estado se adjudica un 20% de las acciones del canal privado Globovisión

08.12.2010 17:33

 

  • La toma de control parcial de Globovisión por el Estado coincide con un nuevo ritmo de medidas controvertidas en materia de libertad de expresión

 

El 7 de diciembre de 2010, el gobierno venezolano anunció la recuperación oficial del 20% de las acciones de Globovisión, muy crítica con el presidente Hugo Chávez y único canal de la red abierta en mantener actualmente esta línea editorial desde el caso RCTV. El 25 de noviembre, se denegó una vez más la emisión en el cable de ésta última televisión.

El acceso del Estado al capital de Globovisión tiene lugar después de la liquidación, por la Superintendencia de Bancos, de Sindicato Ávila, sociedad accionista propiedad del empresario Nelson Mezerhane, acusado de delitos financieros y del que Venezuela pide la extradición desde Estados Unidos. En el mismo caso se encuentra Guillermo Zuloaga, dueño de Globovisión.

Globovisión, en el punto de mira del poder ejecutivo por su actitud durante el golpe de Estado de abril de 2002, nunca fue condenada por tal motivo pero, desde entonces, es objeto devarios procedimientos de suspensión y amenazas de cierre. La acusa con frecuencia el presidente Hugo Chávez de querer “atentar contra su propia vida”. En realidad, el hecho de que el gobierno tome su control poco a poco, le permitiría tener el poder editorial absoluto del espacio televisivo abierto. Sin embargo, tal como recordó Globovisión, la parte del capital conseguida por el Estado se encuentra mucho por debajo del umbral necesario –al menos un 65%– para poder imponer una nueva dirección al canal.

A pesar de esta garantía estatutaria, la toma de control parcial de Globovisión por el Estado coincide con un nuevo ritmo de medidas controvertidas en materia de libertad de expresión. Tal es el caso de la nueva Ley de Cooperación Internacional que se está debatiendo en la Asamblea Nacional y de la que algunas disposiciones amenazan la independencia de las ONG locales.

Otro tema de preocupación es la aplicación a Internet de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (ley Resorte de 2004). Apoyándose en esta ley, el gobierno – en realidad el presidente – requisa todas las ondas abiertas para los largos discursos de sus “cadenas”. Este mismo texto también permite suspender un medio de comunicación por motivos confusos como puede ser el hecho de publicar o emitir una noticia susceptible de “provocar la conmoción social y al desorden público”.

El apartado dentro de la Ley Resorte, sobre los Servicios de los Medios Electrónicos, elaborado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), le daría al Estado la posibilidad de garantizar que un contenido Internet “sea apto, en particular para los niños, niñas y adolescentes”. Tal fórmula hace sospechar que la protección de la infancia no será el único criterio de aplicación de la futura legislación. En cuanto a la Ley Resorte actual, podría ser objeto de enmiendas como un “catálogo de mensajes que no podrán emitirse en ningún horario”. ¿Cuáles? ¿Según qué criterios? Esta es la cuestión.

Un consenso general y deseable sobre la comunicación se podría obtener tras un debate parlamentario con la oposición. Esta estará de nuevo presente en la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero de 2011, día de la apertura de una nueva legislación tras las elecciones del pasado 26 de septiembre. Resulta bastante sospechoso querer aprobar tantos textos de tal importancia y con tanta rapidez antes de las Navidades, en un parlamento aún totalmente seguidor del ejecutivo.

El único motivo de satisfacción nos llega de la anulación en apelación, el 30 de noviembre, de una condena dictada contra Francisco “Pancho” Pérez. El columnista del diario regional El Carabobeño fue condenado el pasado mes de junio, por una columna publicada en marzo de 2009 y en la que denunciaba el presunto “nepotismo” de Edgardo Parra, alcalde de Valencia, capital del estado Carabobo. Aparte de la multa que recibió el periodista,también se le inhabilitó en primera instancia a ejercer su profesión durante tres años y nueve meses.

      

  

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