TAILANDIA | Una empresa minera demanda por difamación a la televisión pública y a cuatro periodistas
Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide al tribunal penal de Bangkok que desestime la denuncia de la empresa minera Tungkum Ltd contra el Servicio Público de Radiotelevisión Tailandés (Thai PBS) y cuatro de sus empleados por un reportaje televisado en septiembre de 2015 que abordaba un presunto caso de contaminación ambiental.
RSF también pide que se deroguen las leyes penales de difamación en Tailandia y la Ley de Delitos Informáticos.
El tribunal debe decidir este 16 de noviembre si hay fundamento para la demanda penal por difamación de Tungkum y sobre las acusaciones de infracción de la Ley de Delitos Informáticos por parte de Thai PBS. Si el tribunal admite a trámite la demanda, los cuatro periodistas se enfrentan a una posible pena de hasta cinco años de prisión o una multa de 200.000 baht (5.200 euros), o a ambas sanciones.
Los cuatro periodistas sobre los que pende la acusación son el reportero Wirada Saelim, el director de información Korkhet Chantalertluk, el director de televisión y radio Yothin Sitthibodeekul y ex director general Somchai Suwanbun.
Tungkum, compañía minera que extrae oro en la nororiental provincia de Loei desde 2006, presentó su demanda en noviembre de 2015. Considera que el reportaje de la televisión pública –en el que una colegiala de 15 años hablaba del impacto de la mina de oro sobre numerosos pueblos de la región-, perjudica su reputación. La empresa pide 50 millones de baht (1,3 millones de euros) en concepto de daños y la retirada de la licencia de la cadena PBS durante cinco años.
“Pedimos a la Corte Penal de Bangkok que desestime tanto los cargos por difamación como la acusación de infracción de la Ley de Delitos Informáticos, que una vez más se utiliza en detrimento de la libertad de prensa y de información”, dice Benjamin Ismail, responsable para Asia y el Pacífico de Reporteros Sin Fronteras. “El sistema judicial no debe dejarse utilizar por una empresa privada cuyo único objetivo es enredar a sus críticos en procesos judiciales largos y costosos”.
Si el tribunal decide abrir la causa, entonces, en virtud de la legislación de Tailandia, el juicio por infringir la Ley de Delitos Informáticos podría continuar incluso si Tungkum retirase su demanda por difamación, y los cuatro periodistas podrían seguir afrontando largas penas de prisión.
“La demanda de Tungkum no es más que un intento desesperado de intimidar a todos aquellos que traten de llamar la atención sobre el impacto medioambiental de sus actividades mineras en la región”, añade Ismail. “Si sus directores realmente se preocupan por su imagen, deben examinar las alegaciones de los ciudadanos de la provincia de Loei, retirar su querella y considerar alternativas más adecuadas, como el derecho de réplica o la mediación”.
Tungkum también ha presentado seis querellas por difamación penal contra los miembros del Grupo Rak Ban Kerd Khon (KRBKG), una asociación local que está tratando de proteger y rehabilitar el medio ambiente dellugar y que hace campaña para que se cierre la mina Tungkum en la provincia de Loei.
Residentes locales que protestaban frente a la mina fueron agredidos por matones en mayo de 2014, y la policía no intervino a pesar de los llamamientos urgentes de los manifestantes. Se acusó a la empresa minera de estar detrás de las violentas represalias.
Tailandia ocupa el puesto 136, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de Reporteros Sin Fronteras. Más sobre el país, en el Informe Anual de la organización.
