Exasperados por las repetidas agresiones de las que han sido víctimas, unos sesenta periodistas nicaragüenses se manifestaron este 17 de julio de 2014 frente a la sede principal de la Policía Nacional. Pidieron que se les proteja de manera eficaz cuando cubren las manifestaciones de opositores del gobierno.
Los periodistas reclamaron a la policía que no permanezca pasiva, en particular, cuando sufren agresiones de partidarios del gobierno, quiénes con frecuencia atacan violenta e indiscriminadamente tanto a los manifestantes de la oposición como a los periodistas que cubren las protestas. Estos grupos, conformados por motociclistas, acompañan también a la pareja presidencial y a los dignitarios del gobierno en los actos oficiales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido que desde 2006 mantiene firmemente las riendas del poder, tras haber pasado 16 años en la oposición.
El 16 de julio, un equipo periodístico del Canal 12 de televisión fue agredido en Managua cuando cubría una manifestación frente al edificio del Consejo Supremo Electoral, ubicado exactamente frente a la sede principal de la Policía Nacional. Cuando llegaron “los motorizados” para dispersar a los manifestantes, el cámara Xavier Castro fue golpeado por un individuo que llevaba un casco y un palo; el reportero debió utilizar su cámara como escudo para protegerse y presenció impotente la destrucción de su herramienta de trabajo. La policía no intervino y la denuncia que presentó después no recibió –en su opinión– suficiente atención por parte de los funcionarios que lo atendieron.
Edgardo Trejos, periodista del Canal 2 de televisión, tiene la misma queja: el 9 de julio fue embestido por un vehículo de función del Ministerio de Salud cuando intentaba entrevistar al director del Instituto de Insumos Médicos. La denuncia presentada por esta agresión no recibió seguimiento, señaló indignado el periodista.
“Reporteros Sin Fronteras apoya las peticiones de los periodistas nicaragüenses”, indicó Camille Soulier, responsable para América de la organización. “La policía, cuya misión es resguardar la seguridad de todos los ciudadanos – sea cual sea su opinión –, debe garantizar su protección. Las agresiones e intimidaciones en contra de los periodistas deben ser investigadas exhaustivamente y no pueden permanecer en la impunidad”.
Una carta firmada por 82 periodistas fue entregada a la dirección de la Policía Nacional. Pero al parecer, esta misiva no causó gran impresión al comisionado Fernando Borge, portavoz de la institución, quien negándose a hacer cualquier comentario, afirmó no tener conocimiento de los hechos recientes que motivaron la acción colectiva de los periodistas. Por su parte, estos denunciaron que fueron filmados por un hombre desconocido al salir de la comisaría. El clima de suspicacia, en el que el simple hecho de hacer una pregunta puede ser tildado de acto reprensible, favorece la práctica de la autocensura y constituye un obstáculo para un ejercicio sereno de la profesión.
Las discusiones entre los partidarios del gobierno y los opositores, que se expresan a través de los medios de comunicación, pueden ser muy violentas en Nicaragua. Pese a la extrema polarización de la prensa, la regla entre los periodistas ha sido cerrar filas frente a cualquier atropello, independientemente de la línea editorial del medio de comunicación para el que trabajaran. Ahora, algunos periodistas se autodefinen como “independientes” – término poco empleado antes en ese contexto – para diferenciarse de los periodistas que trabajan para medios de comunicación identificados como ‘a favor’ del gobierno, los cuales gozarían de un acceso privilegiado a ciertos actos oficiales.
La cultura del secreto practicada por altos funcionarios del gobierno resulta preocupante cuando toca asuntos de interés público, ya que contribuye a exacerbar el sentimiento de que cuestionar la falta de transparencia en la difusión de información equivale a un acto de traición de los intereses de la nación. Esto expone a quienes presentan o difunden un punto de vista crítico a la represalia de una parte de la opinión pública, afín a la posición oficial, que se siente alentada a defenderla, incluso por medios coercitivos.
El debate de ideas, por necesario que sea, no puede encontrar legitimidad alguna en el uso de la violencia. En este sentido, el ataque armado contra un autobus de simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en la madrugada del 19 de julio, debe ser firmemente condenado. Esas emboscadas, que se soldaron con la muerte de 5 personas y decenas de heridos, intentan revivir de la manera la más odiosa, los recuerdos más sombríos de la guerra que causó decenas de miles de víctimas entre 1980 y 1990.
