| RSF pide un nuevo marco legal para la comunicación
10.09.2012 18:44
“No puede desarrollarse un pluralismo real en un ámbito de regulación heredado de la dictadura”, afirma Reporteros Sin Fronteras. La víspera del aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la organización hace llamamiento a las autoridades políticas y administrativas chilenas – y a la las organizaciones del gremio y representantes de la sociedad civil concernidos– para que promuevan un nuevo marco regulador en materia de comunicación. La esperanza de que exista un pluralismo real, que tenga en cuenta la diversidad de los medios de expresión y de información, no puede tener lugar en un statu quo heredado de los años de Pinochet (1973-1990), cuyo cuestionamiento también se encuentra en del origen de los actuales movimientos sociales.
“La despenalización de los delitos de prensa, en particular del de difamación, sigue siendo un reto en Chile, un paso ya adoptado sin embargo por Argentina y Brasil en 2009. A este reto se suma otro primordial: la implantación de una legislación que garantice un equilibrio del espacio de difusión concedido a los diferentes tipos de medios de comunicación, ya sean públicos, privados o comunitarios. Reporteros Sin Fronteras ha apoyado este principio en otros países de la región y ha seguido de cerca las condiciones de su aplicación. La búsqueda de un equilibrio debe estar acompañada de garantías de independencia”, afirma la organización.
¿El fin de los medios de comunicación públicos?
El debate resurge ahora tras el anuncio del cierre definitivo de La Nación, el próximo 24 de septiembre. El diario emplea a una treintena de periodistas; 70% de sus acciones pertenecen al Estado y 30% a inversores del sector privado. A inicios de la presidencia de Sebastián Piñera, en 2010, se acordó el cese de la edición impresa del periódico, subsistiendo sólo la versión en Internet (https://www.lanacion.cl/). La desaparición programada de La Nación hace temer a las organizaciones del gremio periodístico el fortalecimiento del monopolio –ya de por sí muy fuerte– de la prensa escrita, que favorece a los dos grupos privados nacionales dominantes: El Mercurio y Copesa (editor del periódico La Tercera). En el área audiovisual existe el mismo temor por la privatización de la Televisión Nacional de Chile (TVN), que muy pronto podría ser objeto de una ley.
Radios comunitarias, al margen
La promulgación de la Ley 20.433 de Servicios de Radiodifusión Comunitaria y Ciudadana, en mayo de 2010, debería, en teoría, permitir a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) reordenar el espectro de frecuencias en el país y despejar el segmento asignado en la nueva ley a las radios comunitarias con potencias de hasta 25 watts. Este proyecto implica la cesión o reasignación de frecuencias. El consorcio Iberoamericana Radio Chile (propiedad del grupo español PRISA) posee actualmente un total de 211.
El 21 de agosto pasado, PRISA se opuso a firmar una propuesta de acuerdo en ese sentido en el marco de unas negociaciones con representantes del sector radiofónico y la Subtel. Dicho acuerdo implicaba modificaciones técniacas en las emisoras del grupo, que PRISA rechazó, alegand que mientras no se resuelva la situación legal de renovación de algunas de sus frecuencias en la Corte de Apelaciones de Santiago, no aprobará las propuestas de despeje. Reporteros Sin Fronteras se une a la petición de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) de que se aplique el acuerdo establecido por la Subtel, al que PRISA no debe imponer sus condiciones.
Otro de los principales problemas para los radiodifusores comunitarios concierne al muy represivo artículo 36 B de la Ley General de Telecomunicaciones 18.168. Ésta, adoptada en 1982 bajo la dictadura, aún prevé penas de prisión efectiva en caso de “operar servicios o instalaciones de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión sin autorización de la autoridad respectiva” (radiodifusión ilegal). Con base en este artículo, el 28 de agosto pasado fue allanada, en Collipulli (Araucanía), la estación comunitaria Radio Vecina, confiscado su equipo y detenido su representante, Víctor Díaz, durante diez horas. Reporteros Sin Fronteras tuvo conocimiento de otros tres casos recientes de amenaza de aplicación del artículo 36 B: a la radio indígena mapuche Kimche Mapu, también en la Araucanía; el de Radio Lógica, en área metropolitana de Santiago; y el de Radio Galáctika, en los alrededores de Valparaíso. Reporteros Sin Fronteras pide la eliminación de una disposición legal que criminaliza a los pequeños medios de comunicación; muchos de los cuales llevan más de diez años esperando su regularización.
Finalmente,ante las nuevas protestas sociales y estudiantiles, Reporteros Sin Fronteras espera que no se repitan las detenciones, en ocasiones brutales, de los fotógrafos presentes en las manifestaciones, como las de Juan Pablo Reyes y Tamara Carrasco, dos fotógrafos independientes detenidos el 26 de agosto; la de Esteban Garay, fotógrafo de La Nación detenido el 28 de agosto, o la de su colega Víctor Arce, de la sitio web Factor Absoluto, ocurrida un día después.
