Los periodistas brasileños Francisco Costa y Josi Gonçalves están acusados por las autoridades locales de “crimen contra el honor”, en un total de enfrentan once procesos judiciales, por sus publicaciones sobre la corrupción en la región, São Gonçalo do Amarante, estado de Rio Grande do Norte.
En diciembre de 2014, poco después de su llegada a la ciudad de São Gonçalo do Amarante, Francisco Costa y Josi Gonçalves crearon el sitio web informativo Fala RN. Desde entonces, han publicado en él notas y reportajes sobre casos de corrupción en los que están implicados políticos de la ciudad: malversación de fondos, nepotismo, fraude electoral, etc. Publicaciones que no han sido del agrado de las autoridades, que han presentado decenas de demandas contra ellos por injuria, difamación y calumnia. Entre los demandantes se encuentran Jaime Calado, alcalde de São Gonçalo do Amarante, diputados municipales (vereadores) y ministros locales (secretarios municipales).
En total, ambos reporteros se enfrentan a once demandas, cuyas multas ascienden en total a más de 200.000 reales (unos 57.000 euros).
Además del acoso judicial, la pareja de periodistas ha señalado a RSF que se siente en peligro y teme por su integridad física. Una de sus fuentes informativas en el municipio les ha advertido de la existencia de plan para intimidarlos, que incluiría el secuestro de su hijo de 4 años y la fabricación de pruebas falsas para incriminarlos y que los detengan. Asimismo, el principal anunciante de FalaRN ha sufrido presiones por parte de la policía local para que no compre más publicidad al sitio web.
“Reporteros Sin Fronteras condena firmemente el encarnizamiento judicial de las autoridades de São Gonçalo do Amarante contra Francisco Costa y Josi Gonçalves, y pide que se retiren todos los cargos presentados contra la pareja”, afirma Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de RSF. “El número de demandas presentadas contra ellos es aberrante, se trata de una verdadera campaña de intimidación para hacer callar a los periodistas y constituye un grave ataque a la libertad de expresión. Las normas internacionales señalan que los políticos deben aceptar un mayor grado de escrutinio por la sociedad y por la prensa, y demostrar mayor tolerancia ante de las críticas”.
Este encarnizamiento judicial está aún más injustificado si cabe por los textos publicados en FalaRN, la mayoría de las veces basados en información oficial y pública. Un ejemplo es el caso de una nota publicada en 2015 sobre la apertura de una investigación en el Ministerio Público Federal contra el Secretario de Educación del municipio, Abel Soares Ferreira, por corrupción. Inmediatamente después de haber sido publicada, el secretario presentó una demanda contra los periodistas.
Algo similar sucedió con la acusación más reciente, presentada el 7 diciembre pasado, por el ex alcalde de la ciudad, Ítalo Vale Monte, a quien no le gustó que FalaRN recordara a sus lectores las razones por las que se había alejado del poder: la mala gestión financiera del ayuntamiento apuntada por el Tribunal de Cuentas. Por esta última demanda pide como indemnización 35.200 reales (unos 10.000 euros).
El actual alcalde, Jaime Calado, ha presentado seis de las once demandas contra los periodistas, una de ellas por un comentario negativo de un internauta publicado en la página Facebook de FalaRN. Un procedimiento muy expandido en Brasil, que no deja de ser sorprendente.
Brasil ocupa el lugar 104, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de RSF.
