| El periodista Rogelio Vicente Peláez Justiniano condenado a dos años y medio de cárcel
16.03.2012 17:28
El periodista Rogelio Vicente Peláez Justiniano, director de la publicación mensual Larga Vista fue sentenciado, el 4 de marzo de 2012, por un tribunal de La Paz, a dos años y medio de prisión por “difamación, calumnia y propagación de ofensas”.
En octubre de 2010, Waldo Molina Gutiérrez -abogado defensor de 285 contribuyentes del Fondo de Retiro del Empleado Público (FREP), administrado entonces por el Estado-, inició un juicio contra Rogelio Peláez por las repetidas acusaciones de “enriquecimiento ilícito” publicadas en Larga Vista que le acusaban de cobrar honorarios profesionales por encima de lo que permite la normativa legal. El abogado habría exigido una cantidad superior a los 450.000 dólares. No obstante, en noviembre de 2008, las instancias penales le dieron la razón, autorizándole a cobrar la suma. Tras el cobro, el 31 de julio de 2009, Larga Vista comenzó a publicar una serie de artículos que denunciaban este hecho.
La condena a Rogelio Peláez por difamación y calumnias no es definitiva y puede ser revisada, pero la legislación empleada – el artículo 27 de la Ley de Imprenta que dispone que estos delitos continúen dependiendo del Código Penal- es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada por Bolivia. “La penalización de los delitos de prensa representa en sí la censura o autocensura de los periodistas que tratan temas de interés público, como en este caso. Una pena de prisión en materia de prensa es a la vez abusiva y contraproducente por sus consecuencias: no compensa ni repara en nada la revelación de una información o la expresión de una opinión y, al final, se vuelve contra aquellos que la pronuncian o la aprueban”, afirma Reporteros Sin Fronteras. El acusado tenía la oportunidad de ser juzgado con base en una legislación o en otra, cada una depende de la aplicación de una jurisdicción diferente. Rogelio Peláez eligió la vía penal ordinaria y Planea apelar el juicio.
Rogelio Peláez, contactado por Reporteros sin Fronteras, lamentó que la jurisdicción que acaba de condenarlo no haya empleado el mismo tiempo en investigar el caso de corrupción denunciado por Larga Vista. Una sentencia como esta es rara en Bolivia, incluso sería la primera en su género según ciertos medios de comunicación nacionales y locales.
Decreto bienvenido
La herida sigue viva –y no sólo en el gremio– por el asesinato de Verónica Peñasco Layme y su hermano Víctor Hugo Peñasco Layme, periodistas que trabajaban en lengua aymara, ocurrido el 25 de febrero en La Paz. Este doble crimen, cuyo móvil aún no se ha esclarecido, suscitó al menos cinco manifestaciones masivas y provocó la aprobación de un degreto gubernamental, en vigor desde el 29 de febrero, que obliga a los medios de comunicación a garantizar el transporte de sus empleados de su domicilio a la oficina, y viceversa, entre las diez de la noche y las siete de la mañana.
