ECUADOR | Embargo abusivo de la revista Vanguardia

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| Embargo abusivo de la revista Vanguardia
28.12.2010 16:55
  • El hecho de que los equipos informáticos de la redacción hayan sido requisados pone en peligro el secreto de las fuentes

El viernes 17 de diciembre un comando armado irrumpió en las oficinas de la revista Vanguardia, en Quito, con la orden de confiscar el equipo y desalojar a los inquilinos. Esta orden fue emitida por la Unidad de Gestión del Fideicomiso AGF-CFN “No más Impunidad”, debido a una deuda que la revista tenía con el Estado de 13 meses de alquiler del inmueble.

Provistos de una orden de embargo preventivo, cuatro patrullas de la policía y un equipo conformado por una quincena de policías del Grupo de Intervención y Rescate, protegidos con cascos, chalecos antibalas y armados con metralletas, entraron en la redacción. La unidad confiscó 30 computadoras, equipo de diseño y servidores. Las carteras de los periodistas y del director de la revista también fueron requisados.

Según Juan Carlos Calderón, director de Vanguardia, la notificación ordenaba a la revista pagar su deuda (14,560 dólares) en un plazo de tres días. No obstante, los bienes fueron confiscados en el momento, lo que deja a la redacción incapacitada para seguir publicando la revista.

El Fideicomiso “No más Impunidad” afirma que los bienes de la revista le serán devueltos una vez que haya liquidado sus deudas. Pero la incautación de las computadoras permite cuestionarse sobre la protección de las fuentes.

Reporteros sin Fronteras lamenta el uso excesivo e inútil de la fuerza en esta operación. Apoyamos a Vanguardia, que reclama garantías de que sus discos duros no sean consultados.

Luis Zumárraga, director general de la revista, señaló que el embargo en realidad estaría relacionado con las investigaciones realizadas por Vanguardia sobre presuntos actos de corrupción que implican a funcionarios del gobierno.

Andrés Crespo, presidente y representante legal de Editorial Gran Tauro, que edita Vanguardia, solicitó al juez Ángel Rubio, responsable del caso, “suspender el procedimiento de ejecución coactiva, dado que un fideicomiso no tiene la facultad legal de dictar juicios coactivos”.

La revista debería circular de nuevo a partir del 3 de enero de 2011.