La justicia brasileña ordenó la detención del presidente y el director de Google Brasil, Fábio José Silva Coelho y Edmundo Balthazar, los días 27 y 14 de septiembre respectivamente, basándose en el código electoral de 1965, promulgado durante la dictadura militar (1964-1985).
El presidente de Google en Brasil, Fábio José Silva Coelho, fue detenido, el 27 de septiembre, por no haber retirado de Youtube, en un plazo de 48 horas, un video supuestamente calumnioso con un candidato de Mato Grosso do Sul a las elecciones municipales de los próximos 7 y 28 de octubre. Ese mismo día, por la noche, Google bloqueó el video.
Semanas antes, el 14 de septiembre, un juez de Paraíba ordenó la detención del director de Google en Brasil, Edmundo Balthazar, por otro video que supuestamente insultaba al candidato Romero Rodrigues. Google recurrió la decisión, basándose en las garantías constitucionales de libertad de expresión y opinión, y el Tribunal Regional Electoral de Paraíba anuló la decisión al día siguiente, remitiéndose a un caso juzgado anteriormente por el Tribunal Superior de Justicia (Recurso Especial 1.316.921 – RJ, por la ministra Nancy Andrighi).
“La posibilidad de condenar a una pena de cárcel a un intermediario técnico, que no puede ser considerado responsable por la publicación de un video supuestamente insultante, es totalmente desproporcionada. El código electoral de 1965, promulgado durante la dictadura militar (1964-1985) regula la crítica durante las campañas electorales, y afecta sobre todo a los contenidos en Internet y a las plataformas digitales que los hospedan. El carácter represivo de estas decisiones incita a los intermediarios técnicos a la autocensura, lo que podrá suponer además que los internautas sean cada vez más reacios a participar en debates electorales en Internet”, alerta Reporteros Sin Fronteras.
La organización recuerda las palabras de Frank La Rue, Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión: “Considerar a los intermediarios responsables de los contenidos difundidos o creados por terceros atenta gravemente a la libertad de opinión y expresión, y conduce a la autocensura privada, en muchos casos sin transparencia o respeto a la legalidad”.
“Brasil ha llegado a ser calificado como un precursor en la materia por su proyecto de ley civil sobre Internet, que se convirtió en proyecto ley en 2011. Pero ahora ha llegado el momento de que las autoridades demuestren, mediante su aprobación, que protegen realmente la circulación libre en Internet”, advierte Reporteros Sin Fronteras.
Desde el 29 de octubre de 2009, la Secretaría de Asuntos Legislativos del Ministerio de justicia, en colaboración con la Escuela de Derecho de Rio de Janeiro de la Fundación Getúlio Vargas, promovió la creación de un Marco Civil de Internet y un marco legislativo para la red global.
El 24 de septiembre de 2012, el Ministerio Público Federal anunció que estaba evaluando el proyecto y pretendía proponer modificaciones relativas a la responsabilidad de los intermediarios técnicos, o, de forma alternativa, conservar el texto original y sumar medidas que posibiliten el recurso a la justicia. Con todo, la votación del Marco Civil ya ha sido pospuesta en tres ocasiones y ahora está prevista para octubre, después de la selecciones municipales de los días 7 y 28. Para Alessandro Molon, diputado y Relator de la Comisión Especial sobre el Marco Civil de Internet, la decisión se debe al reducido número de diputados presentes en el Congreso durante el periodo electoral.
De 194 peticiones efectuadas a Google por organismos gubernamentales brasileños para proceder a la eliminación de contenidos de Internet, entre julio y diciembre de 2011, Google aceptó de forma integral o parcial un 54% de los casos. De las 1615 solicitudes de información sobre usuarios relativas a 2222 cuentas, Google respondió, de forma integral o parcial, al 90% de las solicitudes.
