La inseguridad y las censuras locales amenazan a la libertad de información en Brasil. El reciente Balance publicado por Reporteros Sin Fronteras y el próximo informe, de la misión prevista para enero de 2013, ponen de manifiesto la preocupación de la organización por las crecientes dificultades para ejercer el periodismo en el país.
Desde el 17 de diciembre, el director de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, Mauri König, que además trabaja en el diario Gazeta do Povo, de Curitiba, y es un reconocido especialista en crimen organizado, está siendo blanco de graves amenazas. Una de ellas anunciaba la llegada de cinco policías militares de Rio de Janerio con la intención de atentar contra él.
Estas amenazas también han sido dirigidas contra otros dos responsables de la dirección del periódico, y se producen después de la publicación de una investigación sobre abusos policiales en la región, que a su vez completa otra serie de reportajes publicados, en mayo, sobre el comportamiento de algunos policías locales que se trasladaban a burdeles en sus vehículos oficiales y en sus horarios de trabajo.
König está bajo la protección que le ha contratado el medio en el que trabaja y se encuentra refugiado con su familia en un local secreto, a la espera de abandonar en breve el estado de Paraná. El 18 de diciembre el jefe del Grupor de Acción Especial de Represión al Crimen Organizado (GAECO) del estado, aseguró que los números de teléfono de los autores de las amenazas ya han sido identificados.
Reporteros Sin Fronteras manifiesta su solidaridad con el periodista y la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, y pide a las autoridades policiales involucradas en este caso que colaboren con la investigación. Irónicamente, la salida de Mauri König coincide con el regreso, después de tres meses de exilio, del periodista de la Folha de Sao Paulo, André Caramante, víctima, en septiembre, de una campaña de odio e intimidación, también por parte de la policía.
Mientras, la justicia brasileña, muy dependiente del poder político, sigue acosando a periodistas y blogueros. No es la primera vez que Reporteros Sin Fronteras denuncia la censura impuesta por las jurisdicciones locales. En el último caso, el periodista José Cristian Góes se enfrenta a una posible pena de cuatro años de cárcel y una indemnización de más de 9000 euros, después de que un juez del estado de Sergipe haya considerado injurioso y difamatorio el contenido publicado en el blog Infonet sobre el nepotismo y la corrupción de los políticos locales. A pesar de que el texto no mencionaba nombres ni fechas, el magistrado ha considerado que podía difamar a su propio cuñado y gobernador del estado, Marcelo Deda, que en ningún momento ha denunciado los hechos.
