BAHRÉIN | RSF y ONGs internacionales piden a Clinton que EE.UU. suspenda la ayuda militar a Bahréin

| RSF y ONGs internacionales piden a Clinton que EE.UU. suspenda la ayuda militar a Bahréin

12.09.2012 22:39

Estimada Secretaria de Estado, Hillay R. Clinton, 

Los abajo firmantes queremos llamar su atención sobre la constante violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno de Bahréin contra las manifestaciones pacíficas y prodemocráticas que se producen en el país. Unos hechos que nos lleva a solicitarle la suspensión inmediata de la ayuda militar prestada por Estados Unidos y la tranferencia de armas según contempla la legislación estadounidense.

El gobierno de Estados Unidos ha destinado al menos 299 millones en Foreign Military Financing (Financiación Militar Extranjera). La “Sección 1206”, destinada a Bahréin desde 2002, contempla una partida de 10 millones de dólares en 2012 y otros 10 millones solicitados para 2013.

Como usted sabe, la Sección 620 de la Foreign Assistance Act (Ley de Ayuda Exterior), prohibe la “asitencia a cualquier unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero si el Secretario de Estado tiene información creíble de que tal unidad ha cometido una violación grave de los derechos humanos.” Los casos que le exponemos a continuación constituyen una “información creíble” de los ataques de la policía y otras fuerzas de seguridad armadas a activistas prodemocráticos no violentos, lo que constituye una “grave violación de los derechos humanos”, más en concreto cuando dichos ataques derivaron en muertes.

A continuación le exponemos la información necesaria para cumplir los propósitos de la legislación estadounidense, en concreto el apartado de evitar cualquier complicidad de Estados Unidos con cualquier violación de los derechos humanos.

En noviembre de 2011, la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin (BICI, en sus siglas en inglés) identificó a 35 personas (incluidas, al menos, 19 manifestantes) asesinados por las fuerzas de seguridad de bahreníes durante las manifestaciones que tuvieron lugar entre los meses de febrero y marzo. La comisión atribuyó claramente tres de las muertes a las Fuerzas de Defensa [1] y las responsabilizó, junto al Ministerio del Interior y a la Agencia de Seguridad Nacional, de la detención y tortura de los detenidos en el centro que tienen las Fuerzas de Defensa en Qurain. [2] Aunque la Comisión documentó en algunos casos las unidades específicas involucradas en los múltiples incidentes, no nombró a los responsables. [3] Se supone, sin embargo, que el gobierno de Estados Unidos ha tratado de acceder a esta información, [4] y que estas unidades han sido notificadas de que no seguirán recibiendo más ayuda estadounidense hasta que Bahréin “tome medidas eficaces para llevar ante la justicia a los responsables”, como así lo requiere la ley estadounidense en la sección 620M sobre asistencia a países extranjeros. La plena aplicación de esta legislación interna estadounidense reforzará la invitación del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Bahréin a aplicar plenamente las recomendaciones del informe de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin que apuntan a la necesidad de que las investigaciones y procesos judiciales por tortura y otros delitos graves (como homicidios ilegítimos) deben abarcar a todos los estamentos de las fuerzas de seguridad, incluidos los altos rangos.

Bahrein Watch ha documentado visualmente el uso de algunas armas de origen estadounidense durante la fase inicial de las protestas (entre febrero y marzo de 2011). [5] Los miembros de las Fuerzas de Defensa aparecen claramente identificados atacando a manifestantes no violentos con armas suministradas por Estados Unidos, en concreto rifles M4 vendidos a Bahréin en 2008 y ametralladoras del calibre 50 montadas en vehículos blindados M113, de los cuales los Estados Unidos es el único proveedor en Bahrein. Una vez más, asumimos que el Departamento de Estado tiene conocimiento de las unidades que han operado con armas proporcionadas por los Estados Unidos, y que se ha notificado al gobierno de Bahréin que dichas unidades no recibirán más asistencia estadounidense hasta que no adopten las medidas contempladas en la legislación estadounidense.

Según un informe de junio 2012, las fuerzas de seguridad mataron a un total de 34 personas en el Centro Bahrení de los Derechos Humanos (BCHR), durante los cinco meses posteriores a la publicación del informe de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin, con lo que el total de asesinados entre entre febrero de 2011 y junio de 2012 asciende a 69. Desde entonces se han seguido produciendo graves violaciones de los derechos humanos -incluidas ejecuciones extrajudiciales, palizas y torturas- en al menos cuatro de las cinco comisarías de policía (Capital / Manama, Central / Wusta, Muharraq, Norte / Shamaliyah), y en la División de Investigación Criminal, todas ellas controladas por el Ministerio del Interior. [6] Además, el Centro Bahrení de los Derechos Humanos ha documentado casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Agencia de Seguridad Nacional y el Comando de la Fuerza Especial de Seguridad. [7]

Las organizaciones internacionales de derechos humanos también han encontrado evidencias de graves y continuas violaciones de derechos humanos. La investigación sobre el terreno llevada a cabo por Physicians for Human Rights en abril de 2012, refleja numerosos casos de agresiones a los manifestantes, blanco de la violencia de los ataques de la policía y de los gases lacrimógenos. En muchos casos tuvieron graves consecuencias e incluso muertes. [8] Ese mismo mes, una misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), informó que “las manifestaciones pacíficas están siendo reprimidas con un uso desproporcionado de la fuerza y ​​abuso de gas lacrimógeno por las fuerzas de seguridad “. [9] Otra investigación de campo de de Human Rights Watch, también en abril de 2012, cita la práctica regular de la  policía de golpear a manifestantes, en algunos casos  con graves consecuencias, cuando procedían a su detención y durante su traslado a las dependencias policiales. [10]

Según con la Sección 620M (d) (6), los Estados Unidos deben esforzarse por determinar qué unidades han producido estos abusos documentados en varios informes públicos. Si no es posible identificar a la unidad específica que los ha cometido, debe al menos garantizarse el cumplimiento de la obligación recogida en dicha sección de la ley que suspende la asistencia a la unidad en su conjunto. En este caso, a las Fuerzas de Defensa, a la policía o a otros servicios de seguridad de Bahréin. Los abajo firmantes creemos que no sería coherente con la legislación estadounidense seguir dando asistencia a las Fuerzas de Defensa de Bahréin, a la policía o a cualquier otro cuerpo responsable de estas violaciones, incluso si los Estados Unidos no consiguen identificar a sus responsables concretos.

Como usted también sabe, la ley exige que el gobierno de EE.UU. notifique al gobierno de Bahréin a qué unidades se les ha suspendido la ayuda estadounidense, y preste su apoyo para identificar a los culpables y llevarles ante la justicia. Esperamos, por lo tanto, recibir su garantía de que se adoptarán los pasos requeridos por la ley en relación a las unidades de Bahréin que participan en ataques contra manifestantes civiles desarmados.

Por último, quisiéramos recordar que la política estadounidense de transferencia de armas convencionales (PDD-34) requiere que la administración “examine atentamente” el historial de derechos humanos del receptor, y que está prohibido dar asistencia a un gobierno con un historial de abusos a sus espaldas, según la sección 502B de la ley. La interdependencia de las fuerzas de seguridad de Bahréin -donde las Fuerzas de Defensa y la Guardia Nacional ayudan a la policía y otras fuerzas de seguridad interna, [11] además de compartir equipos- [12] hacen que esta ley y política estadounidense sea especialmente relevante. Mientras siguen pendientes nuevas transferencias de armas, se siguen produciendo violaciones de los derechos humanos con armas y equipos previamente suministrados Estados Unidos bajo el nombre de “ayuda” o “ventas”.

Finalmente nos gustaría tener la oportunidad de reunirnos con usted o con otros miembros del Departamento de Estado para exponer estas greses violaciones de los derechos humanos y responder a cualquier pregunta que pudieran tener sobre la información que le hemos proporcionado. 

Atentamente, 

Husain Abdulla, Director de Americans for Democracy y Human Rights en Bahréin 

Souhayr Belhassen, Presidente de International Federation for Human Rights (FIDH)

Christophe Deloire, Director de Reporteros Sin Fronteras

Brian Dooley, Director de Human Rights Defenders Program, Human Rights First

Charles W. Dunne, Director de los Programas de Oriente Medio y Norte de África de Freedom House

Hans Hogrefe, Director de la oficina en Washington de Physicians for Human Rights

Stephen McInerney, Director Ejecutivo de Project on Middle East Democracy 

Robert Naiman, Policy Director de Just Foreign Policy

Stephen Rickard, Director de la oficina en Washington de Open Society Foundations

Joe Stork, Deputy director, Sección de Oriente Medio de Human Rights Watch

James E. Winkler, Secretario General de United Methodist Church, Cuerpo Directivo de Church and Society

En copia:

Honorable A. Elizabeth Jones, Acting Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs

Honorable Harold H. Koh, Legal Advisor, U.S. State Department 

Honorable Thomas C. Krajeski, U.S. Ambassador to Bahrain 

Honorable Patrick J. Leahy, U.S. Senator

Honorable Michael H. Posner, Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights and Labor 

Honorable Andrew J. Shapiro, Assistant Secretary of State for Political-Military Affairs  

Notas:

Footnotes

[1] Informe de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin (https://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf), Sección 848 a-e, p. 219

[2] Informe de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin (https://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf), Seccións 1230-1238, pp. 296-298

[3] Informe de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin (https://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf), Sección 1020, p. 247

[4] Foreign Assistance Act Sección 620M(d)(6).

[5] Ver https://bahrainwatch.org/arms.html

[6] Ver https://www.hrw.org/news/2012/04/29/bahrain-police-brutality-despite-reform-pledges, https://www.bahrainrights.org/en/node/5304, https://www.bahrainrights.org/en/node/5354, https://www.hrw.org/news/2012/07/04/bahrain-hold-police-accountable-teargas-episode

[7] Ver https://bahrainrights.hopto.org/en/node/5202, https://www.bahrainrights.org/en/node/5357, https://www.bahrainrights.org/en/node/5363

[8] Según Physicians for Human Rights el gobierno de Bahréin violó los principios de Naciones Unidas y la legislación en materia de derechos humanos por su transformación sin precedentes de agentes químicos antidisturbios en armas utilizadas sistemáticamente para atacar a civiles, poniendo en riesgo, a veces vital, a hombres, mujeres y niños. Ver https://s3.amazonaws.com/PHR_Reports/Bahrain-TearGas-Aug2012-small.pdf

[9] Ver https://www.fidh.org/Governmental-Declarations-on

[10] Ver https://www.hrw.org/news/2012/04/29/bahrain-police-brutality-despite-reform-pledges

[11] Informe de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin, Capítulo III, p. 139

[12] Jane’s Sentinel Security Assessment: The Gulf States, Bahrain, Septiembre 7, 2011