TURQUÍA | RSF y otras 10 organizaciones advierten a la Unión Europea sobre el deterioro de la justicia turca

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RSF y otras 10 organizaciones internacionales expresan sus preocupaciones sobre el deterioro de la independencia del poder judicial y los órganos de autorregulación en Turquía. La delegación ha compartido sus conclusiones después de realizar una misión internacional dirigida por el Instituto Internacional de Prensa (IPI por sus siglas en inglés), en Estambul y Ankara entre el 6 y el 9 de octubre de 2020.

La crisis de la libertad de prensa en Turquía está empeorando en medio de la creciente captura de los medios por el Estado, la falta de independencia en las instituciones reguladoras y una nueva ley de redes sociales, diseñada para reprimir los últimos reductos en los que aún se puede hablar con libertad. La coalición de 11 grupos internacionales defensores de la libertad de prensa, el periodismo y los derechos humanos advirtieron de esta situación después de una misión de cuatro días en el país la semana pasada. También señalaron el continuo encarcelamiento y persecución de periodistas, así como las actuales preocupaciones sobre la seguridad de los periodistas y la independencia judicial.

La coalición se reunió de manera presencial y telemática la semana pasada en Estambul y Ankara con periodistas y representantes de la sociedad civil, así como miembros del Parlamento, la judicatura y otras autoridades para evaluar las nuevas amenazas para la independencia del periodismo. Este año se ha incluido entre ellas las detenciones e investigaciones criminales de periodistas que informaban sobre la gestión del país durante la pandemia de Covid-19. Las reuniones fueron convocadas por el Instituto Internacional de Prensa (IPI), pero la delegación también estuvo integrada por representantes de ARTÍCULO 19, la Asociación de Periodistas Europeos, el Comité para la Protección de Periodistas, el Centro Europeo para Libertad de Prensa y los Medios, la Federación Europea de Periodistas, el Observatorio de Derechos Humanos, el Observatorio de los Balcanes y el Cáucaso Transeuropa, PEN Internacional, Reporteros Sin Fronteras y la Organización de Medios del Sudeste de Europa.

 

Encarcelamiento de periodistas y amenazas a su seguridad

Decenas de periodistas siguen entre rejas en Turquía o se enfrentan a persecuciones sin fundamento en represalia por su trabajo. Las autoridades del Estado continúan instrumentalizando un sistema judicial que no garantiza los debidos derechos básicos en un proceso judicial. La falta de voluntad política para poner fin a este tipo de comportamiento, en gran medida sin cambios desde 2016, es muy preocupante. Este mes, el tribunal declaró fugitivo al ex editor de Cumhuriyet Can Dündar y confiscó sus bienes. Esta decisión simboliza la implacable persecución de voces críticas y constituye una nueva forma de ataque para los periodistas mediante el embargo de su propiedad privada y la de sus familias por su legítima labor periodística.

En una reunión con el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia en Ankara, los miembros de la misión también pidieron a las autoridades que garanticen el enjuiciamiento de los responsables de agresiones físicas a periodistas, que va en aumento, especialmente en áreas locales.

La seguridad de los periodistas sigue estando seriamente amenazada por la decisión de Turquía de excluir a periodistas y presos políticos de un programa de liberación anticipada anunciado a principios de este año. El objetivo era aliviar el hacinamiento en las cárceles en el contexto de la pandemia por Covid-19. Los periodistas que ya se encuentran privados de su libertad se enfrentan a un grave riesgo para su salud.

 

Debilitamiento de la independencia de los tribunales

Mientras tanto, las autoridades turcas han ampliado en los últimos meses sus esfuerzos para silenciar a la prensa: aumentando la censura online a través de una nueva ley dirigida a las redes sociales; movilizando a organismos reguladores partidistas, y lanzando una nueva ofensiva contra la independencia judicial dirigiéndose al Tribunal Constitucional de Turquía (TCC). El mismo día que la delegación se reunió con el TCC y el Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia anunció su apoyo a la “reestructuración” del TCC de acuerdo con el sistema presidencial del país.

La propuesta, iniciada por partido nacionalista de derechas MHP y respaldada por el presidente Erdogan, debilitaría cualquier independencia de la que disfruta el TCC. A pesar de los retrasos del TCC en la toma de decisiones y de los fallos ocasionales por parte de los tribunales inferiores en implementar sus resoluciones, el TCC sigue siendo un garante esencial de los derechos fundamentales consagrados en la constitución, incluido el derecho a la libertad de prensa.

El problema es serio dadas las preocupaciones de que la falta de independencia judicial en Turquía ha apuntalado la represión del gobierno contra la prensa.

Por otro lado, en la reunión con el TCC, la misión instó al tribunal a dar mayor prioridad a los casos de libertad de prensa, incluidos aquellos relacionados con los bloqueos de páginas webs, teniendo en cuenta que muchos de esos casos incluyen continuas violaciones de derechos. La delegación también instó al tribunal a seleccionar casos piloto que pueda sentar precedentes para que los tribunales inferiores los sigan, así como a abordar el problema de esos tribunales inferiores que ignoran las resoluciones del tribunal constitucional, lo que amenaza seriamente el Estado de derecho. Los delegados también plantearon el continuo problema de las leyes de difamación penal de Turquía y la necesidad de que el TCC emitiera juicios claros sobre los casos de difamación para ratificar el derecho a la libertad de expresión.

 

Aplastando críticas en redes sociales

En la reunión con el Ministro de Justicia, la delegación reiteró su fuerte crítica sobre la ley de redes sociales, que entró en vigor el 1 de octubre y que pavimenta el camino para una mayor censura en internet. Las plataformas de redes sociales, así como los diarios digitales, son los últimos bastiones del periodismo crítico en Turquía tras la toma de control de los medios de comunicación por parte del Estado. Si bien el gobierno afirma que la medida se basa en una legislación “similar” a la de los países occidentales, los tribunales y los órganos reguladores de Turquía carecen de la independencia necesaria para evitar el abuso de la ley. Por tanto, en la práctica, la ley podría servir como una nueva herramienta para silenciar críticas online.

La respuesta de las empresas de redes sociales sigue siendo incierta, pero miembros de la delegación temen que, si la ley se implementa tal cual, dichas empresas se conviertan en una eficaz extensión más del aparato de censura del gobierno, obedeciendo con las solicitudes de desmantelamiento sin la posibilidad de recurrir a cualquier revisión independiente.

 

Manipulación política de los órganos reguladores

La delegación pide que se ponga fin al uso indebido de los organismos reguladores estatales, incluido el Consejo Superior de Radio y Televisión (RTÜK) y la Autoridad de Publicidad de Prensa (BIK) para castigar y paralizar económicamente a los medios independientes. RTÜK ha intensificado una campaña de multas y prohibiciones de emisión en emisoras de televisión independientes. La oficina del presidente de RTÜK rechazó la solicitud para reunirse con la delegación, pero İlhan Taşçı, un miembro de la oposición del organismo, recibió a la delegación y estuvo de acuerdo con sus preocupaciones sobre los ataques por motivos políticos dirigidos a emisoras críticas. Mientras tanto, BIK, con el que se reunieron los grupos de libertad de prensa a principios de este año, ha ido emitiendo cada vez más prohibiciones estatales falsas de publicidad en periódicos críticos. Tanto RTÜK como BIK están fuertemente controlados por el gobierno y demuestran una lamentable falta de independencia a pesar de ser instituciones supuestamente independientes.

 

Preocupación internacional sobre las amenazas a la libertad de expresión y el Estado de derecho en Turquía

La delegación también se reunió con la Delegación de la Unión Europea y con representantes de otras 17 misiones diplomáticas en Turquía, una señal de preocupación global sobre la libertad de prensa y el estado de derecho en Turquía. Los miembros de la delegación recibieron positivamente los recientes y sencillos resultados del informe de progreso de la UE sobre Turquía, que destaca un “retroceso grave” en la libertad de expresión. Pero la comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos bilaterales y multilaterales para que Turquía vuelva al club de países que respeta el Estado de derecho. Las cuestiones de derechos humanos, incluida la libertad de prensa, no deben ser rehenes de los acontecimientos geopolíticos.

Turquía se encuentra en el puesto 154 de los 180 países de la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2020 de RSF.

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