TURQUÍA | Resolución sobre mejoras legales en procesos judiciales contra la prensa

En Turquía sigue preocupando la ausencia de mejoras con respecto a la situación de la libertad de prensa desde la retirada del estado de emergencia el 18 e julio de 2018. Las detenciones arbitrarias y las sentencias a periodistas siguen siendo métodos empleados en Turquía para reprimir a las voces disidentes de toda la sociedad.

Según la información del Instituto Internacional de Presa (IPI, en sus siglas en inglés), al menos 155 periodistas y ejecutivos de medios estaban encarcelados a fecha de 19 de enero de 2019. Estas cifras hacen de Turquía el país con más periodistas encarcelados en el mundo.

Los abajo firmantes quieren manifestar su preocupación por los siguientes puntos:

• la falta de independencia e imparcialidad del poder judicial en Turquía;
• la falta de un recurso rápido a la justicia tanto a nivel nacional como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos;
• la práctica en Turquía de criminalizar al periodismo sometiendo a los periodistas a detenciones preventivas prolongadas;
• la lenta consecución de procesos judiciales contra periodistas en Turquía y el uso de material periodístico como pruebas de acusación; y
• la falta de criterios legales de la fiscalía para definir el cargo de “pertenencia a una organización terrorista” en las acusaciones contra los periodistas.

Recomendaciones

Al Gobierno de Turquía:

1-Turquía debe cumplir sus obligaciones bajo la ley nacional e internacional, para proteger los derechos de los periodistas

sobre libertad y seguridad;
sobre libertad de expresión;
sobre el derecho a recibir y difundir noticias; y
sobre el derecho a un juicio justo que incluya: la presunción de inocencia, el derecho a aparecer físicamente ante un juez en un tiempo determinado, y el derecho a tener una audiencia judicial en un tiempo razonable dirigida por una equipo judicial independiente e imparcial.

2-El sistema judicial en Turquía debe exigir a la fiscalía que formule procesos judiciales en un tiempo razonable, especialmente en los casos de detenciones preventivas. En las acusaciones a periodistas deben exigirse pruebas de dudas razonables de actividad criminal.

3.Turquía debe poner en libertad a todos los casos de periodistas detenidos en prisión provisional por pruebas relacionadas sus actividades periodísticas.

4.Todos los periodistas encarcelados por pruebas infundadas o como resultado del ejercicio del periodismo deben ser puestos en libertad.

5.El sistema judicial turco debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que sus decisiones en casos de libertad de expresión están en línea con los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, especialmente en lo que respecta al derecho a la libertad personal y el derecho a un juicio justo.

6.Turquía debe garantizar el derecho de expresión de los periodistas, su derecho a hacer periodismo crítico y de interés público, y su derecho a difundir información, para restaurar el pluralismo de voces y fuentes informativas para la población turca.

7. La autoridad pública de publicidad debe garantizar que los ingresos de la publicidad pública se distribuyen, según sus propias pautas, entre los medios gubernamentales e independientes por igual. Esta entidad no debe privar a los pocos diarios impresos independientes que quedan en Turquía de los -muy necesitados- ingresos de publicidad estatales.

8. Turquía debe cumplir sus responsabilidades en otorgar a los periodistas la seguridad personal a la que tienen derecho según su Constitución para permitirles que desarrollen su profesión sin miedo a las detenciones arbitrarias. Sus autoridades deben condenar cualquier amenaza a la seguridad de los periodistas que provenga de oficiales públicos o de personas privadas.

9. El Grupo de Acción de Reforma formado por ministros del Estado debe actuar según estas recomendaciones en su compromiso de reformar el sistema judicial turco.

A los países de la región:

10. Las instituciones europeas y los responsables de la toma de decisiones deben reforzar estas recomendaciones en sus discusiones con los ministros turcos en 2019.

FIRMANTES

Miembros del Parlamento Europeo:

Ana Gomes, S&D
Ana Miranda, Greens/EFA
Angela Rosa Vallina de la Noval, GUE/NGL
Anna Maria Corazza Bildt, EPP
Anne-Marie Mineur, GUE/NGL
Antanas Guoga, EPP
António Marinho e Pinto, ALDE
Barbara Lochbihler, Greens/EFA
Barbara Spinelli, GUE/NGL
Benedek Javor, Greens/EFA
Boris Zala, S&D
Brando Benifei, S&D
Carolina Punset, ALDE
Costas Mavrides, S&D
David Martin, S&D
Dennis de Jong, GUE/NGL
Dimitrios Papadimoulis, GUE/NGL

Eva Joly, Greens/EFA
Georgi Pirinski, S&D
Helmut Scholz, GUE/NGL
Isabella de Monte, S&D
Jean Lambert, Greens/EFA
Jordi Solé, Greens/EFA
José Bové, Greens/EFA
Josef Weidenholzer, S&D
Jose Inacio Faria, EPP
Josep-Maria Terricabras, Greens/EFA
Julie Ward, S&D
Knut Fleckenstein, S&D
Kostas Chrysogonos, GUE/NGL
Luke Ming Flanagan, GUE/NGL
Margrete Auken, Greens/EFA
Maria Grapini, S&D
Maria Heubuch, Greens/EFA
Mark Demesmaeker, ECR
Maximilien Dardel, GUE/NGL
Merja Kyllönen, GUE/NGL
Monica Macovei, ECR
Petra Kammerevert, S&D
Petras Austrevicius, ALDE
Rebecca Harms, Greens/EFA
Richard Sulík, ECR
Sabine Verheyen, EPP
Tanja Fajon, S&D
Theresa Griffin, S&D
Tilly Metz, Greens/EFA
Vallina de la Noval, GUE/NGL

ONG firmantes:

Article 19
Committee to Protect Journalists (CPJ)
European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
European Federation of Journalists (EFJ)
Euro Med Rights
International Press Institute (IPI)
Journalists’ Union of Turkey (TGS)
Media and Law Studies Association (MLSA)
PEN Germany
PEN Norway
PEN International
Reporters without Borders (RSF)
Simone Susskind (Deputy, Parlement francophone bruxellois)
Wales PEN Cymru