MOM MÉXICO | El Observatorio de la Propiedad de los Medios analiza el poder mediático en México y la Telebancada

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RSF y CENCOS presentan el proyecto Media Ownership Monitor sobre la propiedad de los medios en el país, una industria en plena expansión, controlada por algunos de los empresarios más ricos en el mundo. Mientras que el sector mediático crece a un ritmo tres veces más rápido que la economía mexicana, la alarmante concentración de la propiedad de los medios va de la mano con la notoria inseguridad que viven los periodistas en México, muchos de cuales ni siquiera pueden vivir de sus sueldos precarios, lo que incrementa su vulnerabilidad ante presiones de cualquier tipo. La histórica concentración de poder en las manos de pocos magnates mediáticos y políticos también es un resultado de unos flagrantes defectos en la regulación mexicana.

Estos son unos de los principales hallazgos de la investigación llevada a cabo por parte de Reporteros sin Fronteras (RSF) y la asociación civil mexicana Centro Nacional de la Comunicación Social A.C. (CENCOS). Realizada bajo el marco global del proyecto de RSF – Media Ownership Monitor (MOM), esta investigación de cuatro meses arroja luz sobre los más importantes medios de comunicación en México a través del identificación de sus propietarios, sus afiliaciones e intereses.

Basado en una metodología que ha sido utilizada en trece países, MOM México analiza 42 medios de comunicación con mayor influencia en la opinión pública mexicana (televisión, radio, periódicos y online). Los resultados del proyecto fueron presentados el jueves, 20 de marzo, en un foro de medios, donde se dieron cita periodistas, autoridades reguladoras, políticos y expertos para discutir sobre la concentración en la propiedad y sus consecuencias para el periodismo y la calidad de la información que se le brinda a la audiencia mexicana.

Los resultados de la investigación pueden ser consultados en español e inglés en mexico.mom-rsf.org.

“El proyecto MOM es invaluable para entender un país donde la mayoría de los medios no transparentan sus relaciones con el poder; donde los dueños de estas empresas de comunicación no respetan los derechos laborales de los periodistas, y donde la línea editorial muchas veces va de la mano de la cantidad de dinero que reciben por publicidad oficial. Este ejercicio es de suma importancia para que las audiencias decidamos qué tipo de medios de comunicación queremos consumir”, explica Ixchel Cisnero, directora ejecutiva de Cencos.

“Es chocante ver cómo la pujante industria mediática en México en vez de usar su poder económico para proteger a los periodistas de los peligros letales que enfrentan, los está haciendo aún más vulnerables ante presiones y autocensura”, agregó Christian Mihr, director ejecutivo de RSF Alemania. “El hecho de que la regulación en México haya fracasado tan plenamente en la reducción de la concentración de propiedad de los medios es un claro llamamiento a la acción política.”

Medios y política: una relación corrupta

No se pueden reconocer abiertamente las afiliaciones o militancias políticas de los propietarios en la mayoría de los medios seleccionados en la muestra de MOM México. Sin embargo, los lazos entre el poder y los medios de comunicación mexicanos son innegables, pues la mayoría de estos son recompensados o castigados con publicidad oficial, dependiendo del nivel de criticismo sus contenidos. En los últimos cuatro años el gobierno mexicano gastó una enorme cantidad del presupuesto público para publicidad oficial que llega a casi 2 mil millones de dólares.

En México, si bien hay muchos concesionarios de frecuencias de radiodifusión que han sido legisladores, el fenómeno más álgido en los últimos años ha sido la inclusión de altos directivos de las empresas de televisión (Televisa y TV azteca) como legisladores. Algunos de estos directivos como Lorena Corona Valdés, ex directora legal en Radiopolis (Televisa) y Tristán Canales, ex vicepresidente de Azteca Noticias, fueron nombrados miembros de comités parlamentarios como el de la radio, la televisión y la cinematografía, o de comunicaciones y transportes. Estos personajes han llegado a conformar prácticamente una bancada más grande que la de los partidos más pequeños en las cámaras de senadores y diputados, por lo que se les conoce como la “Telebancada”, un grupo dedicado a proteger los intereses de las televisoras.

Élites mediáticas, las más favorecidas por el gobierno

En el caso de los 42 medios analizados por MOM México, 38 obtienen importantes ingresos de publicidad oficial, lo que los hace dependientes de ella. La mitad del presupuesto público para publicidad oficial se les asigna a sólo 10 de los grupos mediáticos analizados en este estudio. Esto sucede pese a existir más de mil proveedores entre los que podría distribuirse ese dinero público. Entre los que más recursos reciben están Grupo Televisa (17%), TV Azteca (9.8%), seguidos por el periódico El Universal (2.7%) y Grupo Fórmula (2.7%). En general, las televisoras acapararon 35% de esos recursos, seguidos por radio (19%), prensa (17%) e internet (6%).

En cambio, medios digitales con una gran cantidad de visitas, como Aristegui Noticias, Sin Embargo y Animal Político, obtienen bajos ingresos por publicidad oficial por ser identificados como críticos del Gobierno. Esos medios fueron creados de forma independiente, sin pertenecer a los periódicos más antiguos como la mayoría de los medios online analizados en MOM México. Estos espacios informativos han crecido en los últimos años hasta posicionarse entre los más leídos, cada uno con más de 2 millones de visitas únicas al mes.

Esta falta de transparencia en la distribución del presupuesto de publicidad oficial basado en favoritismo causa dependencias económicas y promueve la autocensura. Esto representa una amenaza inminente al pluralismo mediático en México y la razón por la cual casi un centenar de asociaciones civiles se aglutinaron en el colectivo #Medios Libres (incluyendo a CENCOS). #Medios Libres es una iniciativa que solicita a la cámara de los diputados que elabore una ley para reglamentar el otorgamiento de publicidad oficial, como también lo instruyó en noviembre 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los legisladores tienen hasta el 30 de abril de 2018 para hacerlo, pero pocos observadores son optimistas de que esto suceda a tiempo, aún menos en un año electoral.

Una historia de concentración mediática y falta de transparencia

Uno de los principales obstáculos para llevar a cabo la investigación fue encontrar información confiable sobre las audiencias de los medios mexicanos, ya que las empresas dedicadas a hacer este tipo de investigación de mercado solo incluyen a los medios que las contratan, de modo que los resultados son parciales y no reflejan la situación en este mercado a nivel nacional. Para hacer las cosas aún más difíciles, estas compañías únicamente les entregan los resultados oficiales a sus clientes y no al público en general.

Además, en México las empresas no están obligadas a hacer pública la información sobre su estructura empresarial, ni a revelar el nombre de sus inversionistas o el porcentaje de participación que estos tienen; esto solo lo deben hacer las compañías que cotizan en la bolsa de valores como un requisito de la reglamentación financiera y no mediática. Las empresas en el sector de radiodifusión son las únicas que por ley deben presentar esta información ante la autoridad reguladora, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Aun así, su sistema es complicado y los datos aparecen de forma desagregada, con que el acceso a información suficiente para identificar a los propietarios de los medios está prácticamente inhibido.

Debido a la falta de datos confiables y completos, México hasta ahora es el único país en el proyecto MOM donde no ha sido posible calcular la concentración de audiencia según la metodología de MOM. Sin embargo, la investigación cualitativa arroja suficientes datos que apuntan a un riesgo alto en la concentración de audiencias, especialmente en la industria de la televisión, que ha estado dominada por el duopolio Televisa-TV azteca. Según los últimos datos disponibles (2011) ambas empresas controlaban más del 90% de las audiencias en el país en 2011. Al operar la mayoría de las concesiones comerciales y cadenas nacionales todavía, este número de concentración de audiencia sigue manteniendo su validez.