Reporteros Sin Fronteras (RSF) insta al gobierno de Kenia a revocar la nueva prohibición de insertar publicidad oficial en medios de propiedad privada, la última de una serie de iniciativas que pueden debilitar seriamente la independencia de los medios y hacer peligrar el derecho a la información en el período previo a las elecciones generales del próximo agosto.
El periódico Daily Nation, de propiedad privada, ha revelado esta semana que el jefe de del estado mayor, Samson Mwathethe, y la ministra de la Función Pública, Sicily Kariuki habían emitido una orden que prohíbe a todas las entidades gubernamentales insertar anuncios en los medios de comunicación privados.
La medida afecta incluso a las ofertas de empleo y a las convocatorias de concursos públicos, que las entidades estatales solo podrán publicitar, a partir de ahora, en medios de propiedad estatal. Los sindicatos que representan a los medios independientes estiman que la prohibición mermará los ingresos de los medios privados en unos 20 millones de dólares, lo que representa un tercio de sus ingresos.
La necesidad de ahorrar es la razón que ha dado el gobierno para esta asfixia financiera de los medios de comunicación independientes en el período previo a las elecciones.
“Hacemos un llamamiento al gobierno para que deje sin efecto esta medida, que debilitará considerablemente a todos los medios de comunicación de Kenia”, pide Cléa Kahn-Sriber, responsable para África de Reporteros Sin Fronteras. “Las elecciones generales se celebrarán en agosto, y esta nueva medida se podría ver como un intento deliberado por parte del gobierno de debilitar las voces de los medios independientes”.
Se impide trabajar a los periodistas
La orden resulta aún más preocupante porque sigue a una serie de acontecimientos que han limitado la libertad de prensa en Kenia.
En una carta conjunta hace un mes, Reporteros Sin Fronteras y otras ONG defensoras de los derechos humanos condenaron la expulsión de Jerome Starkey, un reportero británico del diario londinense The Times que llevaba cuatro años establecido en Kenia. Las autoridades afirmaron que la expulsión de Starkey en diciembre se debía a que no le habían renovado el permiso de trabajo, a pesar de que esto no le fue notificado.
El jefe de fin de semana del Daily Nation fue despedido después de publicar un editorial el 1 de enero en el que criticaba el balance del mandato del presidente Uhuru Kenyatta.
Uno de los casos más graves es el asesinato, aún sin resolver, de John Kituyi, director del diario regional Mirror Weekly, en abril de 2015. Había estado investigando la intimidación a los testigos en el caso de la Corte Penal Internacional contra el presidente suplente William Ruto.
En los últimos meses, se han dado varios casos de acoso de la policía a la prensa. El reportero del canal de televisión K24 Duncan Wanga fue detenido sin motivo mientras cubría una manifestación en la ciudad occidental de Eldoret el 27 de septiembre. También le rompieron su cámara.
Yassin Juma , periodista y bloguero que cubre asuntos militares, fue detenido el 23 de enero de 2016 por, presuntamente, violar del artículo 29 de la Ley de Información y Comunicación en un artículo sobre las fuerzas de defensa de Kenia. El artículo 29 fue declarado inconstitucional posteriormente con el argumento de que era demasiado difuso.
El clima de impunidad anima a los ciudadanos a atacar a los periodistas. Entre julio y agosto de 2016, políticos locales o sus partidarios agredieron a al menos cinco periodistas mientras éstos hacían su trabajo. La entidad reguladora de Kenia condenó estos ataques e instó a la policía a investigarlos.
En febrero de 2016, el Daily Nation, uno de los periódicos más populares de Kenia y propiedad del grupo Aga Khan, recibió numerosas presiones por parte del gobierno. La cuestión acabó con el despido de Godfrey “Gado” Mwampembwa, humorista gráfico que había trabajado para el periódico durante más de 20 años y abanderado del estilo crítico para la prensa keniata. Fue por una caricatura del ex presidente de Tanzania, Jakaya Kikwete.
Mientras tanto, la legislación keniata se ha vuelto cada vez más restrictiva. Ha habido enmiendas en las leyes de seguridad pública para reforzar las prerrogativas del Servicio de Inteligencia Nacional.
El pasado septiembre, las autoridades la emprendieron con la libertad de información en Internet con un proyecto de ley sobre la protección y la seguridad digital, en aras de la lucha contra el discurso del odio. La vaguedad del texto hace temer que se acabe utilizando esta norma contra periodistas y blogueros considerados demasiado críticos.
Kenia está en el puesto 95, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de Reporteros Sin Fronteras. Más sobre el país, en el Informe Anual de la organización.
