Reporteros Sin Fronteras condena el proceso penal abusivo al que se enfrenta la revista ContraPoder por “falsedad ideológica, coacción y amenazas”. A pesar de que el director, Juan Luis Font, modificó y se disculpó por el artículo que dio origen a la querella, los demandantes han presentado nuevas acusaciones.
Seis miembros del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER) demandaron al director de ContraPoder por haber publicado el 21 de marzo pasado una nota titulada “El falso apoyo a Manuel Baldizón” sobre el precandidato presidencial del partido LIDER.
Tras la presentación de esta demanda, el director de la revista modificó de inmediato el artículo y se disculpó públicamente por los errores en los datos publicados. No obstante, los seis demandantes optaron por la agravación y presentaron nuevas acusaciones, que se amplían a toda la redacción de la revista.
Ahora los demandantes exigen que ContraPoder les pague una indemnización de 30 millones de quetzales (unos 3.8 millones de dólares estadounidenses) por daños y prejuicios.
“Estas acusaciones, que serían del dominio de la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento, deberían haber sido presentadas ante un Jurado de Imprenta. En derecho guatemalteco, la publicación de información errónea debe ser sancionada por la mencionada ley y en ningún caso constituye un delito penal”, señaló Camille Soulier, responsable para América de Reporteros sin Fronteras.
“Después de la rectificación y las disculpas de ContraPoder, la demanda interpuesta y la indemnización exigida son abusivas y claramente violan el derecho de informar. Este encarnizamiento judicial con el que se intenta intimidar a la publicación se asemeja a una demanda legal estratégica contra la participación pública (SLAPP [])”, añade.
Reporteros sin Fronteras exhorta a las autoridades a reconocer esta aberración judicial, así como la buena fe del equipo de la redacción de ContraPoder, y las incita a poner este caso en manos del tribunal competente.
Los procesos penales contra los medios de comunicación desafortunadamente se han multiplicado en Guatemala. José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico, sufrió uno de ellos este mes de enero. El Presidente de la República emprendió un proceso penal contra él por “coacción”, “extorsión”, “chantaje”, “violación a la Constitución” y “desacato”; finalmente retiró los cargos.
Guatemala se encuentra en el lugar 125, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2014 de Reporteros sin Fronteras. Más información, en el Informe Anual.
NOTA: [1] SLAPP: Strategic Lawsuit Against Public Participation, SLAPP por sus siglas en inglés. Demandas o procesos legales emprendidos contra una persona o una pequeña organización cuyo objetivo es intimidar y silenciar a uno o varios de los actores ante el costo económico de la defensa legal, hasta que abandonen su posición crítica. Los demandantes no buscan necesariamente ganar el proceso sino obstaculizar toda acción de la defensa e impedir el apoyo o la participación de otros activistas y periodistas.
