FRANCIA | Informe sobre las relaciones entre fuerzas de seguridad y prensa

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El informe de una comisión independiente en Francia sobre las relaciones entre la policía y los medios de comunicación ha concluido con la recomendación de medidas concretas para brindar una mejor protección a los periodistas que cubren protestas. Reporteros Sin Fronteras (RSF) se ha encargado de asegurarse que estas recomendaciones se incorporan a las prácticas y rutinas policiales.

Presidida por Jean-Marie Delarue, exjefe de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos de Francia, esta comisión presentó su informe al primer ministro el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.

El informe destaca que las relaciones entre la policía y los medios de comunicación han empeorado significativamente en los últimos años y que los periodistas han sido sometidos a una “creciente y desinhibida obstrucción” por parte de la policía. También formula 32 recomendaciones destinadas a garantizar “el derecho a la protección de la vida y la integridad humana, la defensa del orden público y la libertad de información” en operaciones policiales.

Estamos estudiando las propuestas presentadas al primer ministro por la Comisión Delarue”, afirma el secretario general de RSF, Christophe Deloire. “Se trata de esforzarse  para cambiar la dinámica, que tal como especifica el informe, se ha deteriorado significativamente. La creación de un comité de seguimiento que reúna a representantes de los medios de comunicación, de la policía y a miembros de la Comisión facilitará avances concretos. El problema que hemos estado planteando durante mucho tiempo finalmente se está abordando”, añade.

El informe de la Comisión Delarue destaca que la policía tiene la obligación de “velar por la seguridad de los periodistas frente a los ataques de los manifestantes, incluso en lugares y momentos de tensión, y que no pueden negarse al escrutinio de la prensa”. Los periodistas deben poder escoger libremente colocarse detrás de los cordones policiales durante las manifestaciones.

Además, el texto especifica que los periodistas deben poder usar equipo de protección “que se les confisca a menudo”, y que la policía no puede oponerse a ser filmada o fotografiada. El derecho a la información debe ser “incorporado como un parámetro nuevo y permanente” en las operaciones policiales.

El informe también insiste en que los periodistas deben poder cubrir la dispersión de las protestas “sin ser amenazados de arresto, siempre y cuando se desvíen físicamente del lugar de acción, algo que contradice lo que sugiere el Plan Nacional de Cumplimiento de la Ley (SNMO)” que RSF ha criticado por este motivo.

El SNMO considera que la policía debería nombrar ‘oficiales de prensa’ en las manifestaciones con el objetivo de proporcionar a los periodistas información operativa, y para gestionar cualquier dificultad que surja. La discriminación contra los periodistas sin tarjetas de prensa o acreditación oficial, permitida en la práctica por el mismo plan y criticada nuevamente por RSF, se evitaría con la propuesta del informe. Esta establece que, en ausencia de una tarjeta de prensa regular, la policía debería aceptar una ‘carta’ del jefe de redacción o del director del medio en cuestión, o una tarjeta de prensa especial de ‘evento de orden público’ similar a la que se usa en los Países Bajos y que también recomienda RSF.

La oficina de prensa del primer ministro ha asegurado que las 32 recomendaciones serán aplicadas conjuntamente por los ministerios de Interior y Cultura. También, que su implementación será monitoreada por un comité que se formará en los próximos días, y que estará integrado por representantes de los medios de comunicación y de la policía, y sumará a miembros de la Comisión Delarue.

RSF insiste en que estas recomendaciones, basadas en parte en las propias consideraciones hechas a la citada Comisión, deberían reflejarse en una versión enmendada del SNMO que mejore la forma en que la policía trata a los reporteros en el terreno. Además, el sistema judicial también debe responder a los numerosos casos de violencia policial contra los periodistas; RSF ha presentado 18 denuncias sobre estos casos de violencia desde diciembre de 2019.

Francia ocupa el puesto 34 de los 180 países de la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de RSF 2020.