ALEMANIA | RSF presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional alemán contra la legislación que penaliza a los informantes
Una coalición de organizaciones alemanas de derechos civiles, periodistas y blogueros han presentado un recurso de apelación al Tribunal Constitucional contra las nuevas disposiciones ani-informantes del Código Penal germano. En la infracción estatutaria de la sección 202d del Código Penal aleman recientemente introducida se penaliza la posesión de información filtrada y no se ofrecen garantías para una protección adecuada a los medios de comunicación. La legislación criminaliza una parte importante del trabajo de investigación de periodistas, blogueros, así como de sus fuentes y los expertos que les ayudan en sus investigaciones.
El recurso constitucional ha sido presentado conjuntamente por la sección alemana de Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Sociedad para los Derechos Civiles (Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF), el peródico online netzpolitik.org, y siete periodistas y blogueos. Entre ellos, Peter Hornung de la radio NDR, que coordinó la cobertura de la red de la ARD sobre el escándalo de los “Papeles de Panamá”, y Hajo Seppelt, un periodista freelance para el canal público alemán ARD TV cuyas investigaciones fueron cruciales en descubrir el dopaje sistemático de Rusia en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro. Al recurso se suman otros profesionales, como un juez, un abogado y un experto en IT que asesoran a los periodistas frecuentemente.
Un campo minado legal para los periodistas de investigación y aquellos que les ayudan
“Los recientes añadidos al Código Penal abren una laguna legal que permite redadas de la policía en las sedes de medios editoriales, redads que se han sido consideradas inconstitucionales por otras leyes”, afirma el responsable de GFF, Ulf Buermeyer. “Las nuevas disposiciones han sido diseñadas de una manera tan descuidada que han terminado creando un campo de minas legal para los periodistas de investigación y sus ayudantes”, añade el editor jefe de netzpolitik.org, Markus Beckedahl. “En lugar de limitar la libertad de prensa creando ofensas criminales como la difusión de información, deberíamos tener mas libertades para los medios de comunicación, incluidos los blogueros y los equipos de trabajo editoriales”.
“Estas absurdas provisiones penales amenazan con disuadir a informantes y expertos, como abogados o especialistas en IT, sin cuyo apoyo los periodistas y blogueros no habrían podido cubrir muchos escándalos de interés público”, afirma Christian Mihr, director ejecutivo de RSF Alemania. “Que una democracia consolidada como Alemania criminalice el trabajo de los periodistas y sus ayudantes sólo por el hecho de incluir información filtrada, supone un desastroso precedente internacional”.
El recurso constitucional ha sido redactado por Katharina de la Durantaye, de la Universidad Humboldt de Berlín, el abogado de defensa penal Nikolaos Gazeas, y Sebastian J. Golla, de la Universidad de Mainz.
La libertad de la prensa debe aplicarse igualmente para los blogueros, periodistas ciudadanos y asistentes
Los autores de este recurso esperan que el Tribunal Federal Constitucional declare nulas las disposiciones sobre las filtraciones de información, para que todos ellos, y con ellos todos periodistas en Alemania, queden protegidos de persecuciones judiciales penales, y más en concreto de las medidas que puedan adoptar la policía y la fiscalía, como redadas y confiscación de material. El recurso constitucional también pretende tener un efecto sobre el potencial miedo creado a informantes y otras fuentes a trabajar con periodistas de investigación.
Además, esperan obtener del Tribunal Constitucional una interpretación sobre los privilegios de la prensa, que incluya expresamente las nuevas formas de periodismo, como los blogueros, y que incluya protecciones legales para aquellos que ayudan a los periodistas en sus tareas profesionales, como expertos legales o de IT. Una legislación clara a este respecto mandará un importante mensaje internacional de cara los esfuerzos de dictadores y regímenes autoritarios en excluir a blogueros y periodistas ciudadanos de las protecciones legales de la libertad de prensa: Los gobiernos insisten a menudo en una definición de periodismo que les permite controlar el flujo de información y las noticias más fácilmente.
Hasta tres años de cárcel por poseer información obtenida ilegalmente
Las nuevas ofensas criminales entraron en vigor el 18 de diciembre de 2015, dos meses después de ser aprobadas por el Bundestag (Parlamento federal alemán) sin debate y escondidas en un paquete legislativo que reintroducía la retención de datos a gran escala para los metadatos de las telecomunicaciones. El recurso ha sido financiado por netzpolitik.org, la sección alemana de Reporteros Sin Fronteras, y el GFF. Fue presentado ante el Tribunal Constitucional Alemán el 16 de diciembre de 2016.
La provisión sobre las filtraciones de información penaliza la posesión de información obtenida de manera ilegal. Los periodistas pueden por ello enfrentarse a una pena de hasta tres años de cárcel o una multa. Pese a que la legislación está destinada principalmente a permitir una persecución judicial por temas como el comercio con tarjetas de crédito robadas o credenciales de acceso, lo cierto es que la negligencia en formular las disposiciones legales ha resultado en una potencial criminalización de la obtención información, su transmisión y su difusión por parte de los periodistas proveniente de sus informantes.
A ello hay que añadir el suplemento de la sección 97 del Código de Procedimientos Criminales, que establece una excepción para la prohibición de confiscar materiales relacionada con los privilegios de los reporteros o su derecho a rechazar aportar pruebas ante un tribunal. Esta nueva excepción ya se ha aplicado a casos de filtración de informaciones y ha abierto una puerta legal para hacer redadas en editoriales y confiscar potenciales pruebas allí encontradas.
Protección inadecuada para las fuentes de los periodistas y sus ayudantes
Penalizando la posesión de información filtrada en principio se merma de manera desproporcionada la libertad del periodismo de investigación. Las únicas excepciones que contempla la ley son acciones “que sirvan exclusivamente a deberes profesionales legales”, definidos para cubrir en particular acciones de los periodistas “ocupacionales”.
Estas excepciones están en efecto incompletas hasta para los periodistas tradicionales, porque no incluyen actividades otras relacionadas como trabajos o investigaciones iniciadas al principio por interés personal y privado.
Pero aún son menores las protecciones a expertos como abogados o especialistas en IT, que tantas veces juegan un papel crucial en el apoyo a los periodistas ayudándoles a examinar la información filtrada. La principal amenaza de esta prohibición de poseer información filtrada es en mayor medidas para las sedes de los medios de comunicación, no tanto para los periodistas individualmente, que ahora podrán ser blanco de búsquedas e investigaciones por parte de la policía. Semejantes acciones por parte de las autoridades afectarán a la confianza entre los periodistas y sus fuentes y debilitarán con ello las posibilidad del trabajo de investigación.
Sus posibles efectos asustan incluso sin ninguna investigación en curso. La mera posibilidad de que se hagan redadas en medios de comunicación y se confisquen materiales puede cerrar en banda a las fuentes.
Si la legislación recurrida hubiera estado en vigor durante las investigaciones recientes de los Papeles de Panamá y el sistema ruso de dopaje, se podrían haber presentado quejas que podrían haber sido clasificadas como ofensas criminales. Lo que está en juego ante el Tribunal Constitucional es la violación de una serie de derechos constitucionales, incluidos la libertad de prensa y difusión de información, la libertad de ocupación, el principio constitucional de igualdad ante la ley, y el principio de certeza en el Código Penal.
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