REINO UNIDO | RSF pide al nuevo Parlamento británico que revierta la situación de la libertad de prensa en Reino Unido

Con motivo de la apertura del nuevo Parlamento, el 21 de junio, Reporteros Sin Fronteras pide al gobierno británico que tome de inmediato medidas para revertir las tendencias negativas de la situación de la libertad de prensa y el clima de la libertad de expresión del último año en Reino Unido.

Desde que Theresa May tomara posesión como Primera Ministra, en julio de 2016, su gobierno ha protagonizado preocupantes movimientos que restringen la libertad de prensa, haciendo al Reino Unido retroceder dos puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras.

Uno de los casos más notables es el de la periodista siria Zaina Erhaim, detenida e interrogada en septiembre de 2016 en el aeropuerto de Heathrow. Las autoridades británicas le confiscaron su pasaporte, dejándola, a ella y a su hija, en riesgo. Nueve meses después, la policía se niega a devolverle su pasaporte o darle otro tipo de asistencia concreta.

La propia May es autora de la legislación adoptada en noviembre de 2016 que ha sido descrita como la “más extrema ley de vigilancia en la historia del Reino Unido”. RSF ha alertado que la ley puede servir como una “sentencia de muerte” de facto para el periodismo de investigación” porque carece de mecanismos de protección a los informantes, los periodistas y sus fuentes.

En paralelo al debate sobre esta legislación, en noviembre de 2016 se aprobó otro marco regulador. La sección 40 del ley criminal de 2013 contempla un posible riesgo para la libertad de prensa que llevaría a los responsables de medios a tener que asumir todos los costes de una denuncia, con independencia del veredicto.

Además, en febrero se propuso reemplazar la ley de secretos oficiales con una actualizada “Ley de Espionaje” que ampliaría el marco del espionaje al “posible de ser efectuado por alguien que no sólo comunica información, sino que la obtiene o conserva”. La propuesta de ley haría más fácil considerar espías a periodistas o blogueros, que se expondrían a penas de hasta 14 años de cárcel simplemente por obtener información clasificada.

Las restricciones de ambos partidos, Conservador y Laborista, al acceso de los periodistas a las campañas de las elecciones del 8 de junio, llevaron a Reporteros Sin Fronteras a pedir a todos los candidatos que respetasen la libertad de prensa. Sin embargo, los días previos a los comicios, varios oficiales del Gobierno hicieron preocupantes declaraciones sugiriendo que harían movimientos contra la libertad de prensa en un futuro.

El 4 de junio, tras los ataques terroristas en el puente de Londres, May afirmó que debía regularse Internet para “privar a los extremistas de sus espacios seguros online”. Previamente, Aber Rudd había sugerido que la encriptación de mensajes como la que hace Whatsapp era “completamente inaceptable”. El 7 de junio, la Primera Ministra aseguró que cambiaría las layes de los derechos humanos si se “interponían” en el camino de los esfuerzos antiterrorirstas del Gobierno. El secretario de asuntos extranjeros, Boris Johnson, afirmó el 6 de junio en una entrevista con la LBC, que “la gente ha tenido bastante ya de esta cosa de la libertad de expresión”.

“La situación de la libertad de prensa en el Reino Unido se ha vuelto preocupante el último año, una tendencia negativa que debe ser revertida. Pedimos al Gobierno que garantice que el respeto a la libertad de prensa y los derechos humanos estará en el centro de cualquier práctica, política o legislación futura”, afirma Rebecca Vincent, directora de la oficina del Reino Unido de Reporteros Sin Fronteras.

Como medidas inmediatas, RSF urge al Gobierno a poner en marcha sin más demora el manifiesto del partido Conservador que pretende retirar la sección 40 de la ley criminal de 2013 y que abandone la segunda fase de la Investigación Leveson, además de devolver el pasaporte a la periodista siria Zaina Erhaim y garantizar que el sistema británico no vuelve a estar manipulado contra los periodistas extranjeros en el futuro.

RSF también pide al Gobierno que abandone la propuesta de la “Ley de Espionaje” y las iniciativas legislativas para combatir el extremismo que puedan amenazar a la libertad de expresión, además de garantizar la protección a los informantes, periodistas y sus fuentes, mediante la mejora de la legislación actual.