FILIPINAS | El Tribunal Supremo suspende la Ley de Delitos Informáticos
El Tribunal Supremo de Filipinas ha decidido por unanimidad suspender la Ley de Prevención contra el Crimen Informático, respondiendo así a una quincena de solicitudes que pidieron su pronunciamiento sobre el tema.
Reporteros Sin Fronteras considera estas enmiendas insuficientes y demanda la retirada total de la ley. Amparada en una lucha legítima contra el crimen en Internet, la nueva legislación supone una verdadera amenaza a la libertad de información porque añade la difamación a la categoría de delitos informáticos.
RSF lamenta que las autoridades no hayan consultado a la sociedad civil durante la elaboración del texto legal, desarrollado en un proceso muy poco transparente. El 9 de octubre algunos manifestantes se reunieron delante del Tribunal Supremo para protestar contra la ley y varias organizaciones de prensa han manifestado su rechazo desde abril.
La ambigüedad en la definición de la difamación en Internet expone a todos los internautas a la posibilidad de ser procesados judicialmente. La Ley levanta series dudas: ¿Podrá un “like” cualquiera de Facebook, un “retweet”, o un simple comentario ser considerado un acto de difamación? ¿Pueden ser procesados los proveedores de servicios informáticos o cualquier intermediario como responsables de contenidos publicados por personas anónimas, como ha ocurrido recientemente en Brasil? ¿Estarán obligados a implantar sistemas de vigilancia de contenidos para identificar a usuarios potencialmente delictivos?
En Filipinas la difamación es un delito susceptible de responsabilidad penal, con penas de hasta cuatro años de cárcel y multas de más de 100 euros. Pero en Internet, según el articulo 10175 de la octava sección del capítulo III, las penas pueden ascender a 12 años de cárcel y más de 18.000 euros.
La frecuencia con la que los políticos y otros personajes públicos filipinos inician acciones legales contra los periodistas aumenta la preocupación ante una posible aprobación de la Ley contra el Crimen Informático. Según el senador Adgardo Angara, la legislación pretende “animar al uso del ciberespacio” y protegerlo de sus “abusos y excesos”. Sin embargo, muchas organizaciones internacionales la describen como un “corta y pega” absurdo de la legislación referente a la difamación.
Mientras, Filipinas sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio de la profesión periodística y ocupa el puesto 140 de lo 179 países de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.
