EL SALVADOR | RSF alerta del aumento de la persecución estatal contra periodistas
Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresa su profunda preocupación ante el alarmante deterioro de la libertad de prensa en El Salvador, país que continúa cayendo en picado en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de RSF. La dimisión de la Comisionada Presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión, y las últimas amenazas contra El Faro, medio independiente emblemático en el país, indican una grave escalada de la represión gubernamental que está obligando a los periodistas a huir del país. RSF exige al Gobierno de Bukele que ponga fin de inmediato a todos los intentos de criminalizar el periodismo y que garantice la seguridad y la libertad de los periodistas de El Faro.
El Salvador ha descendido alarmantemente 61 posiciones en los últimos cinco años en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de RSF, y los acontecimientos recientes subrayan cómo la represión gubernamental contra la prensa no hace más que empeorar.
El 1 de mayo, el sitio de noticias independiente El Faro publicó una investigación que revela supuestas negociaciones secretas entre altos funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele y líderes de organizaciones criminales. El informe también detalla acuerdos ilegales con pandillas que, según se informa, fueron clave en el ascenso político de Bukele desde su puesto como alcalde de San Salvador hasta la presidencia. Poco después de la publicación del informe, los editores de El Faro denunciaron amenazas de muerte, una campaña de difamación en línea dirigida por funcionarios y simpatizantes del gobierno, vehículos sospechosos siguiendo a periodistas y drones ingresando por las ventanas de la casa de Carlos Dada. Además, el medio asegura haber descubierto que la Fiscalía General está preparando órdenes de arresto contra al menos siete periodistas y editores, lo que implicaría una persecución judicial por publicar información de interés público.
Tras la publicación de El Faro, la Comisionada Presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión de El Salvador declaró: “El principio de legalidad aplica en nuestro país para todos los ciudadanos, incluidos los periodistas. Si se presentan acusaciones contra alguien, corresponde a las instituciones competentes asegurar el debido proceso y la presunción de inocencia.” Una declaración que parece ser solo una cortina de humo: desde que Bukele asumió el cargo en 2019, el medio salvadoreño ha sido objeto de acoso y vigilancia sistemáticos. En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 34 miembros de la redacción, citando amenazas graves a su seguridad. Ese mismo año, el medio reveló que al menos 22 de sus periodistas habían sido espiados con el software Pegasus. Parte del equipo de El Faro trabaja desde Costa Rica desde 2023; sin embargo, incluso en el exilio, sus periodistas siguen enfrentándose a presiones graves, investigaciones fiscales arbitrarias y campañas de difamación en línea.
«Atacar a El Faro como represalia por su periodismo no solo amenaza a los reporteros del medio, sino también al derecho del público a estar informado con fuentes confiables. La posible criminalización de sus periodistas por su trabajo investigativo responde a lo que ya se ha convertido en una política estatal de persecución contra la prensa. RSF insta urgentemente a las autoridades salvadoreñas a cesar cualquier intento de represión judicial contra el equipo de El Faro, garantizar plenamente su seguridad y poner fin a la persecución sistemática de periodistas que ha llevado a El Salvador a hundirse en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de RSF. Publicar información verificada y de interés público jamás debe ser motivo de enjuiciamiento penal».
No es un caso aislado
La persecución a los periodistas de El Faro no es un incidente aislado, sino parte de una política estatal para silenciar a la prensa. Según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), socia de RSF, se registraron 789 ataques contra la prensa en 2024 —un aumento del 154 % respecto a 2023. De estos, el 70 % fueron perpetrados por instituciones estatales, fuerzas de seguridad o funcionarios públicos. Esta represión continua ha llevado a muchos profesionales de los medios al exilio. Entre los casos emblemáticos de periodistas exiliados:
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Jaime Quintanilla, periodista del medio digital de investigación Redacción Regional, fue atacado en redes sociales en octubre de 2024 por el presidente Bukele y altos funcionarios tras publicar una investigación sobre los bienes de la familia Bukele. Tuvo que salir del país temporalmente por su seguridad.
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Alicia Miranda, periodista del medio digital Alharaca, se exilió en México en noviembre de 2023 por temor a ser criminalizada. Su salida fue motivada por amenazas derivadas de procesos legales iniciados por la Fiscalía General y la Corte Suprema contra exintegrantes del medio y sus familias.
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En junio de 2022, el periodista comunitario Víctor Barahona fue detenido y liberado después de 11 meses sin cargos formales. Durante su detención, denunció haber sido víctima de tortura física y psicológica. Su caso fue presentado al Relator Especial sobre defensores de derechos humanos.
Los periodistas que permanecen en el país enfrentan rutinariamente vigilancia y allanamientos. Una de ellas, Mónica Rodríguez, periodista y coordinadora de prensa del medio Bálsamo Radio-TV, sufrió un allanamiento en su domicilio por parte de la policía en diciembre de 2024 sin orden judicial —se confiscaron computadoras, teléfonos móviles y discos con información relacionada con su trabajo. RSF y APES presentaron una denuncia formal sobre el caso de Mónica Rodríguez ante la entonces Comisionada para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión tras una reunión en marzo.
Supresión del espacio cívico
El 20 de mayo de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a individuos y organizaciones que reciben financiamiento del extranjero a registrarse ante el gobierno y pagar un impuesto del 30 % sobre dichas donaciones. La ley otorga amplios poderes al Ministerio del Interior para suspender o disolver entidades consideradas no cumplidoras. Es una herramienta directa para silenciar la disidencia y restringir el trabajo de los medios independientes, que a menudo dependen del apoyo internacional para investigar, informar y hacer rendir cuentas al poder.
