PERÚ | RSF advierte sobre una ofensiva grave contra la libertad de prensa y pide protección urgente para los periodistas
@ERNESTO BENAVIDES/AFP
Perú ha sido escenario recientemente de una serie de alarmantes iniciativas legislativas, hostigamiento judicial y campañas de desprestigio dirigidas contra medios independientes. Estos acontecimientos marcan un grave deterioro del entorno democrático del país y representan una amenaza sin precedentes para la libertad de prensa. Reporteros Sin Fronteras (RSF) insta a las autoridades peruanas a poner fin a la hostilidad hacia la prensa, derogar la legislación represiva y reforzar la protección de los periodistas.
En los últimos tres años, Perú ha caído 53 puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF, ubicándose en el puesto 130 en 2025, lo que constituye uno de los descensos más significativos en la región de las Américas durante ese período. Esta caída refleja un entorno cada vez más hostil para los periodistas, impulsado por una persecución legal promovida por el Estado, ataques verbales públicos de políticos y reformas legislativas peligrosas orientadas a limitar el escrutinio público y fomentar la impunidad.
«Esta escalada alarmante de violencia y persecución legal contra periodistas está llevando a la democracia peruana al borde del colapso. El gobierno debe cesar su hostilidad hacia la prensa e implementar urgentemente medidas concretas para garantizar la seguridad y la independencia de los periodistas. RSF hace un llamado al Congreso peruano para que retire de inmediato la Ley Mordaza y la Ley de la APCI, y exhorta al gobierno a respetar plenamente el derecho fundamental de los periodistas a investigar, informar y exigir cuentas a los poderes públicos».
El 13 de marzo, el Congreso aprobó en primera votación un proyecto de ley conocido como la Ley Mordaza, una reforma que aumenta las penas de prisión por difamación hasta cinco años, e introduce delitos vagamente definidos como la “violación de la intimidad personal”, que podrían ser utilizados fácilmente para criminalizar el periodismo de investigación. El proyecto también impone plazos extremadamente cortos para la rectificación por parte de los medios, reduciéndolos de 7 días a 24 horas, lo que fomenta la autocensura y limita el periodismo investigativo. Se espera una segunda votación para aprobar la ley en las próximas semanas.
Un mes después, el 14 de abril, la presidenta Dina Boluarte promulgó la controvertida ley que regula a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la cual refuerza el control gubernamental sobre las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los medios independientes que dependen de financiamiento internacional. Esta ley exige la aprobación previa del gobierno para ejecutar proyectos financiados con fondos extranjeros y autoriza sanciones arbitrarias, incluidas multas excesivas y la cancelación del registro legal de organizaciones consideradas “contrarias al orden público o a la defensa nacional”, sin ofrecer definiciones claras. También prohíbe el uso de fondos de cooperación internacional para apoyar acciones “contra el Estado peruano”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su seria preocupación por el impacto negativo que esta ley podría tener sobre los medios independientes y los periodistas.
La violencia letal contra periodistas también ha resurgido. Desde 2017 no se habían registrado asesinatos de periodistas por motivos laborales en Perú, hasta los primeros cuatro meses de 2025, cuando dos reporteros fueron asesinados. Gastón Medina, en Ica, fue asesinado el 20 de enero, en un crimen vinculado a su cobertura de la política local, cuyo supuesto autor material fue detenido el día 16 de mayo. El 7 de mayo, Raúl Celis López, un periodista veterano conocido por exponer casos de corrupción policial y crimen organizado, fue ejecutado de un disparo en la cabeza por sicarios mientras se dirigía a la emisora donde trabajaba, en Iquitos, ciudad de la Amazonía peruana.
La hostilidad general hacia los periodistas ha sido alimentada por la presidenta Dina Boluarte, quien recientemente sugirió que las autoridades deberían allanar la redacción del medio independiente de investigación IDL-Reporteros e investigar a su director, Gustavo Gorriti, uno de los periodistas más respetados del país, nominado al Premio al Coraje en los Premios a la Libertad de Prensa de RSF 2024.
El 6 de mayo, el director para América Latina de RSF, Artur Romeu, visitó Lima, la capital, para participar en un foro de alto nivel organizado por agencias de Naciones Unidas y organizaciones locales defensoras de la libertad de prensa. Durante su visita, también mantuvo conversaciones con periodistas y representantes de la sociedad civil para recabar información de primera mano sobre el estado de deterioro de la libertad de prensa en el país.
