Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha alertado al Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión y a su homólogo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el desplazamiento forzado de periodistas obligados a refugiarse en otras regiones durante largos periodos por cuestiones de seguridad. Para la libertad de prensa, las consecuencias de estos desplazamientos forzados internos, a corto o a largo plazo, son desastrosas.
RSF alertó de este problema al Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye, y al Relator Especial para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, quienes estuvieron en México del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017, en una visita conjunta sobre la situación de los periodistas víctimas de desplazamiento forzado. El que los reporteros se vean obligados a dejar su lugar de residencia por ser amenazados de muerte es una tendencia cada vez más alarmante en México.
Tan sólo en el año 2017, RSF ha dado seguimiento a nueve casos de periodistas mexicanos amenazados que vivían en algunos de los estados más violentos del país (Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Quintana Roo, Baja California y Michoacán) y que han optado por abandonar sus ciudades de origen por razones de seguridad. En algunos de los casos les han acompañado sus familias.
La mayoría de estos reporteros contaban con las medidas urgentes del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y se refugiaron en Ciudad de México. Desde 2010 hasta hoy, hay 13 periodistas refugiados fuera del país.
Desde 2009, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha registrado más de 300.000 casos de mexicanos, de todas las profesiones, que han tenido que desplazarse dentro del país. Una cifra preocupante y una tendencia que podría continuar en 2018 si se considera el grado de violencia en México.
En 2017, RSF ya lleva contabilizados 11 casos de periodistas asesinados cuyo crimen guarda relación con su profesión, lo que hace de México el segundo país más mortífero del mundo para la prensa. La situación es aún más preocupante de cara a las elecciones de 2018 (en junio se celebrarán presidenciales, legislativas y de gobiernos estatales); son períodos en los que los periodistas suelen sufrir más agresiones (puede consultarse el Manual de Seguridad para Periodistas elaborado por la UNESCO y RSF, en el que se habla de la cobertura periodística en periodo electoral).
Una bomba de relojería
Los desplazamientos forzados internos tienen numerosas consecuencias. En primer lugar, el impacto psicológico en las víctimas, que además de padecer aislamiento experimentan un sentimiento de culpabilidad frente a su familia y sus colegas. Esta situación suele generar un rápido deterioro de su estado de salud y del de su familia.
Los desplazamientos forzados también tienen repercusiones económicas. La mayoría de las veces, las víctimas deben gastar sus ahorros o vender sus bienes para sufragar sus necesidades básicas, poder abandonar su casa, pagar alquileres, etc.
También afecta a las autoridades. A falta de una política global, los diferentes organismos encargados de tratar el problema –el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)– no tienen una buena comunicación entre ellos y es difícil que encuentren soluciones a largo plazo para las víctimas. Esta burocracia implica un coste económico y conlleva una gran pérdida de tiempo.
Finalmente, estos desplazamientos forzados generan pérdida de empleos, así como agujeros negros de la información, como sucede en el estado Tamaulipas, por ejemplo.
“2017 fue un año muy violento para la prensa mexicana. Las autoridades deben, con urgencia, elaborar un plan de acción concreto y una política global para poner fin a las amenazas y la represión que padecen los periodistas, y acabar así con las causas de este fenómeno. Los desplazamientos forzados internos tienen consecuencias dramáticas en la libertad de expresión; debe crearse un plan de acompañamiento integral y personalizado para las víctimas”, señala Emmanuel Colombié, director de la Oficina de América Latina de Reporteros Sin Fronteras.
RSF ha advertido también a la Cámara de diputados sobre el asunto. En espera de acciones concretas de las autoridades frente al desplazamiento forzado interno de periodistas, la organización hace tres recomendaciones al gobierno mexicano:
- Que elabore un verdadero diagnóstico nacional sobre este fenómeno y cree una política pública global clara, que ofrezca acompañamiento a las víctimas ya identificadas, e incluya un plan de prevención.
- Que mejore la coordinación entre el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la CEAV y la FEADLE, y establezca medidas especiales de atención a las víctimas que contemplen un acompañamiento integral: ayuda psicológica y financiera, un plan de apoyo para el retorno de periodistas a su comunidad, etc.
- Que la CEAV tome más en cuenta las características particulares de las víctimas, que en 2018 mantenga su fondo especial de ayuda a periodistas, creado en junio de 2017 (que asciende a 10.000.000 de pesos, unos 446.000 euros), y que use ese fondo con mayor transparencia.
México ocupa el puesto 147, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017 de Reporteros Sin Fronteras. Más sobre el país, en el Informe Anual de la organización.
