Reporteros sin Fronteras (RSF) denuncia la amplia campaña de descrédito contra la periodista boliviana Yadira Peláez Imanereico y pide que se retiren los cargos presentados contra ella. Los hechos se producen tras la denuncia por acoso sexual presentada por la periodista, en diciembre de 2016, contra Carlos Flores Menacho, entonces director de Canal 7.
Yadira Peláez Imanereico, experiodista de Canal 7, cadena pública del grupo Bolivia TV (BTV), que depende del Ministerio de Comunicación de Bolivia, se enfrenta desde entonces a tres procesos penales emprendidos por miembros del gobierno de Evo Morales y personas cercanas a él.
Semanas después de ser denunciado por acoso sexual, el directivo pidió a los empleados de BTV que firmasen un texto donde se ponía en tela de juicio la seriedad y el profesionalismo de la reportera, y lo envió a todas las instituciones públicas del Estado, entre ellas, el Ministerio de Comunicación.
El 6 de marzo de 2017 Yadira Peláez decidió hacer público el caso. Dos días después, Carlos Flores Menacho fue suspendido de su cargo en BTV y presentó una demanda por “difamación” y “calumnias” contra la periodista. Los siguientes meses la periodista tuvo que superar numerosos obstáculos para preparar su defensa: el gobierno boliviano dificultó sus acciones prohibiéndole entrar a edificios públicos y negándose a entregarle información.
Además, la periodista se enfrenta otras dos acusaciones. La primera, presentada por la Ministra de Comunicación y exgerente del Canal 7, Gisela López, que la acusa de “acoso político” y “violencia política” contra mujeres. Además, la ministra niega las acusaciones de Yadira Peláez. En diversas entrevistas la periodista ha asegurado que Gisela López tenía conocimiento del acoso que sufría por parte de Carlos Flores cuando trabajaba en Canal 7 y que, no obstante, no hizo nada para ayudarla. La segunda acusación fue presentada por la actual responsable de Canal 7, Fabiola Rollano Peña, que la acusa de “corrupción pública”.
Yadira Peláez asegura que es víctima de una amplia campaña de descrédito desde que presentó la denuncia y no esconde su consternación: “No sé qué hacer, no tengo trabajo y estoy en una situación financiera muy delicada, pues debo pagar los altos costos de la defensa legal, más los de transporte”. La periodista debe además costearse los viajes a La Paz -no reside en esta ciudad- para asistir a las audiencias e intentar defenderse.
“El encarnizamiento que enfrenta Yadira Peláez es inaceptable. Deben retirarse todos los cargos presentados en su contra desde que se atrevió a denunciar el acoso que sufría en su trabajo”, afirma Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF. “En lugar de recurrir a estos curiosos métodos y de hostigar aún más a una periodista víctima de acoso, las autoridades bolivianas deberían retomar este caso para abrir un debate sobre el lugar de las mujeres en los medios de comunicación en Bolivia y proporcionar herramientas para proteger a las mujeres periodistas y que se valore su trabajo”, añadió.
En 2017 otra periodista de Canal 7, Claudia Pardo, presentó otra denuncia contra Carlos Flores Menacho por acoso sexual. También esta reportera fue acusada de “acoso y violencia política” contra mujeres por el Ministerio de Comunicación y se encuentra en el punto de mira de la justicia boliviana.
Según los datos del CPJ, los funcionarios bolivianos han utilizado demandas por difamación y otros cargos penales para intimidar a los periodistas.
Bolivia se encuentra en el lugar 107, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por RSF en 2017.
Consulta más información sobre Bolivia en el Informe Anual elaborado por RSF-España.
