MÉXICO | RSF y Propuesta Cívica denuncian la desaparición de periodistas ante la ONU

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Con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y su organización aliada en México, Propuesta Cívica, presentarán el miércoles 2 de noviembre de 2022, una denuncia contra México por la desaparición de periodistas ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se trata de las primeras denuncias de esta índole elevadas ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU contra el Estado mexicano.

Las denuncias apuntan a la responsabilidad del Estado mexicano en el caso de los periodistas Mauricio Estrada Zamora y Ramón Ángeles Zalpa, desaparecidos en el estado de Michoacán en 2008 y 2010, respectivamente. Denominadas “comunicaciones individuales” por el Comité de Derechos Humanos, las denuncias se presentan en nombre de las familias de los dos periodistas. Los denunciantes argumentan que, debido a los graves fallos en las investigaciones, México ha violado sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

En particular, las denuncias demuestran que se han vulnerado los derechos de los dos periodistas a la vida, a la libertad y a la seguridad; su derecho a la libertad de expresión, la protección contra la tortura y la detención arbitraria, y su derecho a un recurso efectivo, tal y como se recoge en los artículos 2.3, 6.1, 7 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

RSF y Propuesta Cívica: un año preparando las denuncias

Dado que es muy poco probable que, tras más de una década de impunidad, las autoridades mexicanas avancen en sus investigaciones, RSF y Propuesta Cívica decidieron recurrir a una importante institución internacional para solicitar amparo. Trabajando en estrecha colaboración con las familias de los periodistas desaparecidos, RSF y Propuesta Cívica han pasado más de un año preparando las dos denuncias contra el Estado mexicano para elevarlas ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Los denunciantes sostienen que las graves deficiencias en las investigaciones constituyen una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por parte del Estado mexicano. Por lo tanto, piden al Comité de Derechos Humanos que ordene a México que lleve a cabo investigaciones eficaces y exhaustivas sobre estos casos, que indemnice a las familias por sus años de sufrimiento y que garantice que estos casos no se repitan.

«Esperamos que llevar este asunto ante una institución internacional no solo dé a las familias de los periodistas desaparecidos la oportunidad de atraer la atención sobre su situación y la tragedia de la impunidad, sino que también les ofrezca una nueva ocasión de obtener la justicia que se les niega en su propio país«, afirma el director de Incidencia y Asistencia de RSF, Antoine Bernard.

En un gesto simbólico, las denuncias se presentarán el 2 de noviembre de 2022, Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, designado como tal por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2013. RSF y Propuesta Cívica instan al Comité de Derechos Humanos de la ONU a que admita ambas denuncias, atienda las demandas de las familias y escuche los relatos de sus años luchando infructuosamente por tener acceso a la justicia y por que esta actúe.

Las autoridades niegan sus derechos a los periodistas desaparecidos y a sus familias

En ambos casos, las autoridades no han tomado hasta ahora ninguna medida eficaz para resolver estos presuntos crímenes, encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Esta desidia priva a los periodistas desaparecidos de la posibilidad de ser hallados y niega a las familias su derecho a conocer la verdad sobre el destino de estos dos hombres, que además eran padres.

RSF y Propuesta Cívica han identificado numerosos fallos, tanto en las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Michoacán, primera autoridad que atendió los casos, como por las autoridades federales, que explican por qué los casos siguen sin resolverse hasta la fecha. Ni las autoridades estatales, ni las federales, llevaron a cabo una investigación adecuada de los presuntos crímenes, y no se han realizado esfuerzos serios para encontrar a los periodistas o sus restos, ni para identificar a los autores materiales e intelectuales.

«Durante más de una década, el Estado mexicano ha abandonado completamente a estas dos familias. Desgraciadamente, esta es la norma en México: nunca se ha resuelto un solo caso de desaparición forzada de un periodista. Este inexplicable grado de impunidad hace inevitable que los afectados busquen justicia mediante canales alternativos«, afirma Christian Mihr, director ejecutivo de RSF Alemania. 

Dos periodistas desaparecidos sin dejar rastro

Mauricio Estrada Zamora, periodista que cubría informaciones sobre el crimen para el diario La Opinión de Apatzingán, tenía 38 años cuando desapareció en Apatzingán, en el estado de Michoacán, el 13 de febrero de 2008. Se le vio por última vez saliendo de la redacción del periódico por la tarde para ir a casa con su esposa y su hijo pequeño. Su vehículo fue encontrado vacío unas horas más tarde y su mujer denunció su desaparición ese mismo día, por lo que se inició una investigación por secuestro. Unos días después de su desaparición, el hermano de Estrada recibió una llamada telefónica en la que se le comunicaba que Estrada no había sido secuestrado, sino “detenido”, pero esta pista no se siguió. Otra vía de investigación, según la cual Estrada estaba involucrado en una disputa con un agente de la Agencia Federal de Investigación (AFI) apodado «El Diablo» tampoco dio resultados. En 2012, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) abrió una investigación. La esposa de Estrada hizo numerosos llamamientos a las autoridades para que siguieran investigando, sin éxito.

Ramón Ángeles Zalpa, de 46 años, era periodista del diario Cambio de Michoacán. Entre otros temas, cubría los problemas de las comunidades indígenas y las deficiencias del sector educativo. También ejercía como profesor de la Universidad Nacional de Ciencias de la Educación. La tarde del 6 de abril de 2010, salió de su casa en Paracho, Michoacán, para dirigirse a unas instalaciones en obras en el campus universitario, pero nunca llegó.

Después de que la familia denunciara su desaparición, el 7 de abril, las autoridades locales iniciaron una investigación oficial. Dos semanas después, la FEADLE comenzó sus pesquisas. Sin embargo, tal y como se expone en la denuncia, en 2010, 2012 y 2013 solo se llevaron a cabo algunas indagaciones parciales que no condujeron a nada. Las denuncias presentadas por los familiares a nivel estatal no fueron atendidas y la familia recibió un apoyo insuficiente y por un corto periodo de tiempo.

Desapariciones de trabajadores de medios 100% impunes

Actualmente, hay 27 periodistas desaparecidos en México, cuatro de ellos en Michoacán. En ninguno de estos casos se ha llevado a los responsables ante la justicia, lo que significa que existe un 100% de impunidad. Desde 1964, más de 100.000 personas han sido catalogadas oficialmente como «desaparecidas» en México. El problema afecta a todo el país, pero es especialmente dramático en las regiones con altos niveles de violencia de cárteles y bandas. El 78% de estos casos se produjeron en sólo diez de los treinta y un estados de México, incluido Michoacán.

Como en los dos casos de Michoacán, las familias de las víctimas se ven obligadas a tomar la iniciativa, acudiendo a una institución tras otra e incluso realizando, a menudo, sus propias investigaciones, en un intento desesperado por encontrar a sus seres queridos con vida.

Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica han elaborado sendas denuncias para elevarlas ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el marco de su programa conjunto «Defending Voices». El programa, financiado por el Ministerio alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), aboga por la reforma de las leyes que restringen la libertad de prensa, así como por la justicia para los periodistas víctimas de un delito y sus familias. El pasado mes de abril, ambas organizaciones presentaron ante el Senado mexicano una iniciativa conjunta para la reforma de las leyes que afectan negativamente a la libertad de prensa, en el marco del programa “Defending Voices”.

México ocupa el puesto 127 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF 2022.