La Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó ayer, en Quito, la sentencia pronunciada en primera y segunda instancia por “injuria calumniosa” contra el diario El Universo y sus tres representantes. Ya nada impide jurídicamente que sean encarcelados –durante tres años– los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, director y subdirectores del periódico, respectivamente, ni que la sociedad editora deba realizar el pago solidario de 40 millones de dólares al presidente Rafael Correa como indemnización. Los abogados de El Universo han anunciado que recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Reporteros Sin Fronteras considera que las consecuencias de una decisión como esta sobrepasan, con mucho, el caso particular de El Universo. “La CNJ acaba de ratificar un verdadero estímulo a la censura que podría muy bien afectar mañana a otros medios de comunicación, cualesquiera que sea su tendencia y cualquiera que sea el gobierno establecido” adevierte la organización. “Aunque Rafael Correa presentó la demanda a título personal y no como jefe de Estado, es difícil no ver en esta sanción exorbitante la restitución de su Lesa Majestad, que no concuerda con los principios del Estado de Derecho, según los cuales la aceptación de la crítica, incluso la más virulenta o injusta, incumbe a un poder elegido democráticamente. La polarización no puede sino agravarse, a riesgo de afectar al debate sobre la Ley de Comunicación”, concluye RSF.
En caso de que se detenga a los representantes de El Universo -a todos o a alguno de ellos dado que César y Nicolás Pérez se encuentran actualmente en Miami-, la organización no podrá responder de manera favorable a la invitación del gobierno, el 9 de septiembre de 2011.
Las escenas de violencia registradas frente a las instalaciones de la CNJ durante la audiencia, también subrayan el grado de polarización que experimenta actualmente la sociedad ecuatoriana. Reporteros Sin Fronteras condena las agresiones que sufrieron Diógenes Baldeón, fotógrafo de El Universo, y Romel Iza, cámara de la cadena RTU; atribuidas a militantes del partido mayoritario Alianza País. Estos incidentes demuestran que no se reunían las condiciones de un debate judicial sereno.
