UNIÓN EUROPEA | ”Los denunciantes tienen que tener mejor protección”, pide RSF a la UE
Mientras que el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea comienzan a negociar el texto final de una directiva de la UE que protege a los denunciantes, Reporteros Sin Fronteras (RSF) insta a estos dos cuerpos legislativos a no restringir su defensa del derecho a la información.
La protección europea para los denunciantes llega a su recta final, pero podría quedarse corta dada la importancia del papel de las filtraciones al revelar información de interés público, como se ha confirmado repetidamente en los últimos años en casos como los de los Papeles de Panamá, LuxLeaks o en el escándalo Mediator en Francia.
“Es esencial proteger a los denunciantes cuando permiten al público ser informado a través de los medios de comunicación “, señala Julie Majerczak, representante de Reporteros Sin Fronteras ante las instituciones europeas. “La actitud del Consejo de la UE, en el que el gobierno de cada estado miembro tiene un asiento, es tratar de limitar lo más posible la capacidad de los denunciantes en hablar directamente con los periodistas. Esto viola la libertad de informar y el derecho de los ciudadanos a la información de interés público”.
El proyecto de la directiva que el Consejo aprobó el 25 de enero permite a un informante denunciar directamente una infracción de ley europea a los medios de comunicación solo cuando exista un peligro inminente o manifiesto para el interés público, también cuando hay riesgo de daños irreversibles, o cuando la autoridad en cuestión está conchabada con el autor de la infracción.
Este enfoque extremadamente restrictivo es aún más incomprensible considerado que la decisión de un denunciante de acudir a los periodistas – que están en condiciones de verificar dichas informaciones – debería considerarse más bien como un signo de buena fe por parte del denunciante.
A medida que el Consejo y el Parlamento Europeo continúan las negociaciones sobre una versión final que comenzaron ayer, RSF insta al Consejo a que abra sus ojos a los méritos del borrador que los miembros del Parlamento Europeo aprobaron.
Su versión permite a los denunciantes acudir directamente a los medios de comunicación no solo cuando exista un peligro inminente o manifiesto, sino también cuando se perjudica el interés público o en circunstancias tales como colusión o mala conducta por parte de las autoridades pertinentes, o ante el riesgo de que se destruyan pruebas. Además, la lista de circunstancias no es exhaustiva.
También es esencial que la protección de la directiva se extienda a las personas que, como los periodistas, facilitan la denuncia de violaciones, como lo exigen los eurodiputados.
Además, a Reporteros Sin Fronteras le preocupa la definición muy restrictiva del Consejo de las violaciones sobre las que los denunciantes pueden informar. Si la directiva debe proporcionar una protección amplia, tiene que cubrir todos los actos que amenacen o perjudiquen el interés público. Pero las “violaciones” cubiertas por la versión del Consejo se limitan a actos u omisiones que son ilegales según la legislación de la UE.
RSF insta al Consejo a aceptar la posición adoptada por los eurodiputados en su versión, que también abarca el “abuso de la ley”, es decir, actos u omisiones que pueden no parecer ilegales en términos formales pero que anulan el propósito perseguido por la legislación de la UE. El alcance de la directiva también debe ser lo más amplio posible con respecto a los impuestos, y no debe limitarse a los impuestos corporativos.
“La adopción final de la directiva antes de las elecciones europeas es esencial, pero el precio no debe ser una protección inadecuada para los denunciantes o restricciones al derecho a la información”, agrega Majerczak.
