2011 ha empezado en un clima de fuerte presión para la redacción del periódico nicaragüense El Nuevo Diario. Dos sonadas investigaciones sobre casos de corrupción, publicadas en enero y febrero, le han valido amenazas de muerte a su autor, Luis Galeano. La dirección del diario también denuncia los obstáculos a los que se enfrenta para la importación de materias primas necesarias para su impresión.
La tarde del 19 de febrero de 2011, Luis Galeano recibió vía telefónica un mensaje anónimo en el que se le advertía: “Te quedan 72 horas de vida”. El mismo día, un desconocido de unos treinta años accedió en las instalaciones del periódico para dejarle al periodista un mensaje escrito que amenazaba con denunciar a El Nuevo Diario, sus directores y Luis Galeano por un supuesto intento de corrupción cometido por el periódico con el Consejo Supremo Electoral (CSE). Esto ocurría precisamente cuando El Nuevo Diario se preparaba para publicar en su edición del 20 de febrero revelaciones sobre malversaciones que implicaban al CSE y su presidente, Roberto Rivas.
“Continuaré haciendo mi trabajo, pero ante la gravedad de estas amenazas, mi redacción y yo presentaremos el caso ante las instancias interamericanas, con el objetivo de obligar a las autoridades a garantizar nuestra protección”, explicó Luis Galeano a Reporteros sin Fronteras. “Estas amenazas no son las primeras. Recibí otras del mismo tipo en enero pasado, después de realizar una investigación sobre otro caso de corrupción en el que estaban involucradas la Dirección General de Ingresos (DGI), la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Ministerio de Hacienda”.
El Nuevo Diario atribuye a estas tres administraciones presiones suplementarias para bloquear su publicación. “Ya teníamos dificultades para adquirir materias primas, como papel y tinta. Nuestra investigación sobre las malversaciones de la DGI y la DGA las agravó”, nos confió Francisco Javier Chamorro, director del diario.
Mientras que la Constitución nicaragüense señala que los medios de comunicación se encuentran exonerados de impuestos para la importación de materias primas, una ley votada en 2006 por la mitad de la Asamblea Nacional redujo el monto de exoneración a 2,5% de los ingresos brutos anuales de un grupo de prensa. “Los recursos por inconstitucionalidad interpuestos por diversos medios de comunicación contra esta ley quedaron en suspenso. Así, la ley aún se aplica”, asegura Francisco Javier Chamorro, quien celebra el “importante apoyo de la sociedad civil a favor del periódico”.
Reporteros sin Fronteras solicita a las autoridades que respondan lo más rápido posible a la petición de protección de El Nuevo Diario y su periodista, Luis Galeano. Asimismo, solicitamos que se realice una investigación, que incluya a las administraciones concernidas por las revelaciones del diario, a fin de que se esclarezca el origen de estas amenazas. Finalmente, pugnamos por el retiro de una ley cuya inconstitucionalidad es manifiesta y que perjudica el funcionamiento de la prensa escrita.
