- Con la sombra de la violencia post electoral que se apoderó del país en 2007, Kenia celebra elecciones parlamentarias y elige un nuevo presidente el próximo agosto.
- Reporteros Sin Fronteras ha registrado un significativo aumento de los ataques contra la libertad de información durante la precampaña que agrava la ya difícil situación desde 2013.
Reporteros Sin Fronteras ha contabilizado numerosas violaciones de la libertad de expresión y del derecho a informar en Kenia desde que fuera elegido el presidente Uhuru Kenyatta en 2013. Las infracciones se aceleran a medida que se acercan los comicios del 8 de agosto, en los que los kenianos deben elegir un parlamento y un presidente.
Debería ser un paso rutinario en la vida de una nación democrática, pero los graves abusos contra los periodistas y el reguero de muertes de ciudadanos ocurridos tras las elecciones de 2007 suscitan las preocupaciones, tanto de RSF como de la comunidad internacional. La organización ha analizado el impacto del período anterior a las elecciones sobre la libertad de información.
Las autoridades de Kenia han desarrollado un amplio sistema de control de la información, aplicando nuevas medidas regulatorias tanto a los medios tradicionales como a las redes sociales. Como resultado, la capacidad de producir y difundir noticias e información de forma libre ha disminuido considerablemente en los últimos meses.
No obstante, los medios de comunicación tienen un papel clave que desempeñar en unas elecciones democráticas y pluralistas. Y deben ser libres e independientes para que el público tenga acceso adecuado a la información sobre los partidos políticos, sus programas y la forma en que se realiza la votación.
Periodistas convertidos en objetivos
En las campañas electorales de Kenia son típicas las agresiones contra los periodistas por parte de las fuerzas de seguridad, la intimidación y las amenazas contra los periodistas por parte de los políticos, la confiscación del material de los periodistas y la supresión de contenido de los medios.
La precampaña de este año no es una excepción. Desde comienzos de 2017, se han dado al menos cinco casos de violencia contra un total de ocho periodistas por parte de personalidades públicas o de sus guardaespaldas después de que los periodistas tocaran temas delicados.
En ocasiones, los periodistas pagan caro cubrir acontecimientos relacionados con las elecciones, especialmente los organizados por la oposición, o por retratar de manera negativa al partido del presidente Kenyatta.
Walter Menya, reportero del periódico Sunday Nation, del Grupo National Media, fue detenido el 18 de junio, después de escribir artículos que implicaban a altos funcionarios en el uso de una fundación para sufragar la campaña de reelección de Kenyatta con fondos ilegales.
La reportera de del grupo Nation Media Winnie Atieno, estaba cubriendo las primarias del partido demócrata de oposición, el 22 de abril, cuando la policía le quitó su teléfono y le borró todas las fotos que había tomado en una mesa de votación.
La corrupción política y la mala administración, especialmente la de los gobernadores de los 47 condados de Kenia, también parece estar fuera de alcance para los periodistas en el período previo a las elecciones.
El reportero del grupo Royal Media Emmanuel Namisi sufrió una grave herida en la cabeza al ser atropellado y maltratado por los guardaespaldas del gobernador del condado de Bungoma, Ken Lusaka, en un restaurante de Bungoma, el 5 de junio, después que acusara al mandatario de corrupción en un reportaje de radio. Le dijeron que había dañado la imagen del gobernador y se enfadaron por su información para Radio Citizen y Mulembe FM en la que les culpaba por la muerte de una mujer durante una manifestación en Bungoma tres días antes.
Los guardaespaldas de Wyclife Oparanya, gobernador del condado de Kakamega, propinaron una fuerte paliza al periodista del diario Standard Dan Ocholla, el 7 de mayo, cuando fotografiaba a unos trabajadores heridos por el derrumbe de un edificio en construcción en Kakamega. Sus agresores intentaron confiscarle el teléfono y la cámara.
Tres periodistas del grupo Mediamax – Sarah Ndungu y Charles Mathai, del periódico People Daily, y el cámara del canal de televisión K24 Patrick Kimanthi – resultaron gravemente heridos por los manifestantes mientras cubrían una visita del gobernador de Nairobi, Evans Kidero al distrito de Dandora de la capital keniana para resolver una disputa de tierras.
Todas estas agresiones han quedado impunes y, en la mayoría de los casos, no se abrió ninguna investigación, a pesar de que los periodistas presentaron quejas. La impunidad es un problema crónico, como ya señaló RSF después del asesinato del editor de periódicos regionales John Kituy, en abril de 2016, mientras investigaba la intimidación de testigos en el caso de la Corte Penal Internacional contra el vicepresidente keniano William Ruto.
“Pedimos a las autoridades de Kenia que pongan fin a esta persecución de periodistas y les recordamos que proporcionar noticias e información es esencial durante una campaña electoral”, recuerda Reporteros Sin Fronteras. “La impunidad en este tipo de ataques solo tiene un objetivo: disuadir a los periodistas de abordar ciertos temas políticos por temor a represalias”.
Críticas a los medios
Desde las elecciones de diciembre de 2007 y los sangrientos enfrentamientos que las siguieron, las autoridades desconfían de los medios de comunicación y los acusan de fomentar el odio y la violencia y, por lo tanto, de ser culpables de la violencia. En consecuencia, se han sentido tentados a amordazar a los medios, a pesar de que la libertad de informar está consagrada en la Constitución de 2010.
A principios de 2017, las autoridades emitieron una serie de directivas destinadas a los medios sobre cómo cubrir las elecciones. El director de la Autoridad de Comunicaciones de Kenya (CAK), Francis Wangusi, anunció el 7 de marzo que, para “evitar la violencia”, se prohibía a los medios anunciar los resultados electorales. “No vamos a permitir que la gente utilice estas plataformas como les dé la gana”, dijo Wangusi.
Este anuncio fue precedido por una directiva del 28 de febrero que exigía que los periodistas guardaran sus notas y grabaciones durante seis meses y se aseguraran de que los invitados en programas de radio y televisión midieran sus palabras y no incitaran al odio durante las emisiones. Los periodistas serían responsables, según la directiva.
“Reporteros Sin Fronteras condena estas directivas preelectorales inspiradas por la desconfianza hacia los medios de comunicación. Prohibir a los medios cubrir ciertos temas u obligarlos a seguir ciertas reglas en su cobertura constituye una violación de la libertad de prensa. Este tipo de medidas intentan intimidar a los periodistas y obligarlos a censurarse”, señala la organización.
Más vigilancia en Internet
Las autoridades han pedido en repetidas ocasiones la regulación de las redes sociales, acusando públicamente a periodistas, blogueros y a otros de usarlas para difundir mensajes de odio. Aunque el objetivo declarado es reducir el contenido violento en las redes sociales, tales medidas tienen un impacto concreto y muy restrictivo sobre la libertad de expresión.
En junio, el CAK y la Comisión Nacional de Cohesión e Integración (NCIC) acabaron por emitir “directrices” diseñadas para controlar y restringir comentarios en Facebook, WhatsApp y Twitter durante las elecciones.
Se prevén multas de hasta 7.700 euros y penas de cinco años de prisión por discursos de odio y por incitación a la violencia. También podrían obligar a blogueros políticos y periodistas ciudadanos a revelar sus inclinaciones políticas e incluso podrían imponer un sistema de revisión y validación previa a la publicación de mensajes de carácter político.
En el último año, Kenya también ha desarrollado una capacidad tecnológica para vigilar las comunicaciones y contenidos de telefonía móvil por motivos de seguridad, y ha invertido 400 millones de chelines (unos 3,4 millones de euros) en 2016.
En febrero, el gobierno se dio a sí mismo la potestad para vigilar las llamadas de teléfonos móviles, mensajes de texto SMS y transacciones de dinero móvil sin necesidad de obtener una orden de un juez.
RSF condena firmemente esta medida, especialmente porque Kenia no tiene ninguna ley de protección de datos. Abre la puerta a la vigilancia masiva de ciudadanos de Kenia y deja a los periodistas kenianos en una situación muy vulnerable, porque no hay protección para la confidencialidad de sus fuentes.
Asfixia económica de los medios independientes
La prohibición de la publicidad estatal en los medios de propiedad privada entró en vigor en marzo, lo que los priva de una parte importante de sus ingresos. RSF condenó esta decisión en su momento, considerando que se trata de un golpe importante al pluralismo mediático a tan solo cinco meses de las elecciones.
Los medios estatales tampoco están completamente libres de presiones del gobierno. Según la información recopilada por RSF, los periodistas de la Kenya Broadcasting Cooperation (KBC), una entidad de propiedad estatal que transmite en inglés y suajili, se ven obligados a dar menos tiempo de antena a los rivales del partido Jubilee, en el gobierno, y a retratar sus actividades de forma sistemáticamente negativa.
Por temor a las represalias de la dirección, los periodistas de la KBC se ven obligados a censurarse, un inquietante paso atrás la emisora, a la que se le dio nueva dirección en 2002 y que se había vuelto más objetiva en su cobertura informativa.
Kenia ocupa el puesto 95, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017 de Reporteros Sin Fronteras. Más sobre el país, en el Informe Anual de la organización.
