ALEMANIA | El Tribunal Constitucional Federal celebrará una audiencia sobre las atribuciones de vigilancia masiva del servicio de inteligencia extranjero

11.12.2019 14:23

 

El Tribunal Constitucional de Alemania celebrará una audiencia oral los días 14 y 15 de enero de 2020 sobre la Ley del Servicio Federal de Inteligencia, también conocida como la ley BND. Esto supone un paso importante hacia una decisión histórica sobre los poderes del BND, la agencia de inteligencia extranjera alemana, para realizar una vigilancia masiva global del tráfico de datos en Internet. La audiencia se produce después de que una coalición de cinco organizaciones de medios, entre las que se cuentan Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad de Derechos Civiles (GFF), presentara una queja constitucional ante el tribunal que impugna los poderes de vigilancia del BND.

 

¿Debería permitirse al BND espiar las llamadas telefónicas de ciudadanos extranjeros en terceros países y analizar sus datos de Internet, aboliendo así la esfera privada de miles de millones de personas, tal como autorizó el gobierno alemán? ¿Cómo se puede proteger a grupos particularmente vulnerables como los periodistas de esta vigilancia masiva? Estas cuestiones, que se consideran en todo el mundo especialmente desde las revelaciones del denunciante de la NSA Edward Snowden,se debatirán ante el Tribunal Constitucional en Karlsruhe.  

 

Largamente esperado, el fallo histórico del Constitucional será el primero sobre las actividades de vigilancia del BND en más de 20 años. Con su decisión, el Tribunal Constitucional Federal expresará por primera vez su opinión sobre este tema a la luz del aumento masivo de las posibilidades de vigilancia derivadas de la digitalización. Este tribunal rara vez celebra vistas orales. Por lo general, se reservan para procedimientos que los jueces consideren de importancia fundamental. En 2018, por ejemplo, solo se llevaron a cabo dos audiencias orales ante el Primer Senado de la Corte Constitucional, a pesar de que ese año se presentaron más de 3.000 denuncias solo ante el Primer Senado.

 

Vigilancia extranjera legalizada

 

Más de siete años después de que Edward Snowden sacara a la luz un sistema global de vigilancia masiva por parte de las agencias de inteligencia, el Tribunal Constitucional Federal, el máximo tribunal constitucional de Alemania, pronunciará un fallo sobre la legalidad de la participación del país en estas actividades. A raíz del escándalo de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), una comisión de investigación del Bundestag (parlamento alemán) reveló el hecho de que el BND sirvió como vehículo para la NSA, lo que llevó al gobierno de coalición a aprobar una nueva ley de BND. Pero en lugar de establecer restricciones claras sobre las actividades del servicio de inteligencia extranjero, el gobierno alemán legalizó lo que equivale a una vigilancia extranjera casi total, a pesar de las protestas masivas de la sociedad civil. 

 

La Sociedad de Derechos Civiles (GFF) unió fuerzas con RSF para coordinar una alianza de periodistas y organizaciones de medios de renombre internacional, y juntos presentaron una queja constitucional contra la ley BND a finales de 2017. Los denunciantes temen que, entre otras cosas, las medidas de vigilancia del BND socavan la protección de las fuentes: si las agencias de inteligencia almacenan y procesan cada comunicación, los contactos de todo el mundo perderán gradualmente la confianza en los medios, y en el peor de los casos ya no informarán a la prensa sobre los abusos. Esto también deja abierta una puerta trasera para que el BND socave la confidencialidad editorial en Alemania si, por ejemplo, en el curso de investigaciones internacionales a gran escala como el caso de los Papeles de Panamá, se interceptan las comunicaciones de medios extranjeros socios de un medio de comunicación alemán en terceros países en lugar de las del personal editorial que trabajan en Alemania. En la audiencia, el Tribunal Constitucional Federal escuchará los argumentos de ambas partes, hará preguntas y buscará el asesoramiento de expertos, como especialistas en tecnologías de la información. El Primer Senado, tras unos meses de discusiones internas, tomará una decisión y hará público su fallo.

 

Trasfondo:

 

La ley BND fue aprobada por el Bundestag en octubre de 2016 y entró en vigor a principios de 2017. El gobierno de coalición en Berlín había decidido reformar la ley BND después de salieran a la luz prácticas altamente cuestionables del de BND a raíz del escándalo de espionaje de la NSA de 2013.

 

En lo que respecta a sus actividades de vigilancia estratégica de las telecomunicaciones en particular, queda claro que el servicio de inteligencia había actuado sin una base jurídica suficiente. En esta forma particular de vigilancia masiva, el BND aprovecha las principales líneas de transmisión de datos y filtra los datos mediante los llamados "selectores". Pueden ser palabras o números de teléfono y direcciones de correo electrónico de personas que el BND considera sospechosos. En el pasado, se han publicado numerosos casos de vigilancia de periodistas por parte de la agencia de inteligencia. En febrero de 2017, la revista alemana Der Spiegel reveló que el BND llevaba presuntamente espiando desde 1999 a periodistas que trabajaban para renombrados medios internacionales como la BBC, Reuters o The New York Times.

 

En lugar de restringir las actividades del BND, el gobierno alemán legalizó las prácticas en la nueva ley BND. La legislación ofrece diferentes grados de protección contra la vigilancia según la nacionalidad de una persona: la agencia de inteligencia extranjera no puede interceptar las comunicaciones de los ciudadanos alemanes, existen restricciones con respecto a las comunicaciones de los ciudadanos de la UE, y las de los ciudadanos de fuera de la UE pueden ser interceptadas siempre que la medida sirva para proteger "la capacidad de Alemania de actuar". Esta última es esencialmente una autorización para filtrar comunicaciones a gran escala fuera de la UE. Las disposiciones que protegen los derechos de los periodistas, como las establecidas en la Ley G-10 relacionada o en el Código de Procedimiento Penal, están totalmente ausentes.

 

Sobre la queja:

 

Además de RSF, los demás demandantes son periodistas y activistas de derechos humanos de varios países, incluidos la ganadora del Premio Nobel Alternativo Khadija Ismayilova (Azerbaiyán) y el periodista de investigación mexicano Raúl Olmos. El representante legal de la alianza es el doctor Matthias Bäcker, profesor de Derecho en la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia.

 

Además de la Sociedad de Derechos Civiles (GFF) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), también integran la alianza que respalda la denuncia la Deutsche Journalisten-Verband (Federación Alemana de Periodistas), el Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (Sindicato de Periodistas Alemanes), la red de periodistas n-ost y Netzwerk Recherche.

 

Ya en 2017, el Tribunal Administrativo Federal Alemán en Leipzig emitió una decisión confirmando una queja presentada por RSF y que imponía por primera vez en décadas restricciones a la recopilación de metadatos del BND.

 

Actualmente, Alemania ocupa el puesto 14, de 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019 de Reporteros Sin Fronteras. Ver también el Informe Anual de la organización.

 

 

      

  

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