BIRMANIA | La junta prepara una draconiana ley de seguridad digital

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Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena la proposición de ley de seguridad digital que organizaría la censura en línea en Birmania y obligaría a las plataformas de redes sociales a compartir información privada sobre sus usuarios cuando lo soliciten las autoridades. La organización considera que esto violaría la confidencialidad de los datos y las fuentes de los periodistas, así como el derecho del público a obtener información fiable.

El proyecto de ley, que se acaba de filtrar, está claramente diseñado para evitar que los activistas a favor de la democracia sigan organizando las manifestaciones que tienen lugar a diario en ciudades de toda Birmania como respuesta al golpe militar del 1 de febrero.

El Consejo de Administración del Estado, como se autodenomina eufemísticamente la nueva junta militar, envió una copia de proposición de ley propuesta a los proveedores de internet y servicios digitales el 9 de febrero. Se espera que la junta lo haga público en breve.

El proyecto de ley, al que RSF ha tenido acceso, requerirá que las plataformas digitales y los proveedores de servicios que operan en Birmania conserven todos los datos de los usuarios, durante tres años y en un lugar designado por el gobierno.

El artículo 29 le otorgaría al gobierno el derecho de ordenar la “interceptación, eliminación, destrucción o cese” de una cuenta en caso de que algún contenido “provoque odio o altere la unidad, la estabilización y la paz”, igual que cualquier “desinformación” o todo comentario “contra cualquier ley existente “. Esta redacción extremadamente vaga daría al gobierno un margen de interpretación considerable y, en la práctica, le permitiría prohibir cualquier contenido que no le gustara, además de procesar a su autor.

Por otro lado, el artículo 30 sí es muy específico sobre los datos que los proveedores de servicios en línea deben entregar al gobierno cuando se les solicite: nombre del usuario, dirección IP, número de teléfono, número de cédula de identidad y dirección física.

Cualquier infracción de la ley se podrá castigar con hasta tres años de prisión y una multa de 10 millones de kyats (6.200 €). Los condenados por más de un cargo, por supuesto, cumplirían consecutivamente las correspondientes penas de cárcel.

Sumisión

“Las disposiciones de esta ley de seguridad digital representan una clara amenaza tanto para el derecho de los ciudadanos de Birmania a tener información fiable como para la confidencialidad de los datos de periodistas y blogueros”, denuncia Daniel Bastard, jefe del departamento de RSF para Asia y el Pacífico. “Instamos a las entidades digitales que operan en el país, comenzando por Facebook, a que se nieguen a cumplir con este evidente intento de dominarlos. Esta junta no tiene absolutamente ninguna legitimidad democrática y sería muy perjudicial para las plataformas someterse a sus imposiciones tiránicas”.

Facebook tiene casi 25 millones de usuarios en Birmania, el 45% de la población. Tres días después del golpe del 1 de febrero, la junta bloqueó repentinamente el acceso a Facebook, Twitter e Instagram. No obstante, muchos ciudadanos del país han estado usando VPN (redes privadas virtuales) para eludir la censura.

La filtración de la proposición de ley ha coincidido con las informaciones en las redes sociales de que han llegado de numerosos técnicos chinos con el encargo de establecer una barrera en internet y un sistema de cibervigilancia como el que opera en China, país experto en este campo.

A principios de esta semana, RSF informó sobre los comentarios de varios periodistas que han estado tratando de cubrir las protestas contra el golpe militar, y que afirmaban que, a raíz del golpe militar, la libertad de prensa ha retrocedido diez años en diez días y ha regresado a los inicios del proceso de democratización.

Birmania ocupa el puesto 139 entre 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020 de RSF.