Uzbekistán | Islam Karimov, Presidente de la República

03.05.2011 00:00

 

 

 

Más de veinte años después de su llegada al poder y pese a un discurso reformador, Islam Karimov no deja de batir sus propios récords en materia de represión y paranoia. “Reelegido” en 2007 con cerca de 88% de los votos, el presidente ha asentado un poder implacable, que hace callar a la prensa de oposición con métodos que dan escalofrío: desapariciones, internamientos forzados en hospitales psiquiátricos, encarcelamientos arbitrarios, etc.

 

Acusados de terrorismo, de extremismo, llevados ante los tribunales por casos completamente fabricados, los periodistas pagan a veces muy caro su trabajo de investigación. Al menos once de ellos se encuentran actualmente tras las rejas.

 

En 1999 el Jefe de Estado declaró públicamente: “estoy dispuesto a hacer rodar la cabeza de 200 personas, a sacrificar sus vidas, a fin de preservar la paz y la calma en la República”. Omnipresente en los medios de comunicación, que le atribuyen todos los méritos, Karimov considera inaceptable la cobertura de la realidad social y económica del país: el subdesarrollo y la condición de la mujer, por ejemplo, son temas que están muy lejos de la imagen de modernidad que quiere transmitir el régimen, como para ser tolerados.

 

«Insulto al pueblo uzbeko», fue el cargo imputado al fotógrafo Umida Akhmedova y al periodista Khayroullo Khamidov, en dos casos diferentes en 2010, por su tratamiento del paisaje social. Los cargos de “insulto” y “difusión de materiales que constituyen una amenaza para el orden y la seguridad pública” le valieron al corresponsal de Voice of America, Abdoulmalik Boboïev, una gran multa en octubre de 2010.

 

Mientras que el núcleo duro de periodistas independientes del país se estrecha, el trabajo de los medios de comunicación extranjeros se ha vuelto imposible desde la sangrienta represión de la rebelión de Andiján, en 2005. Desde marzo de 2011 el déspota de Taskent intenta prevenir todo eco de las revueltas árabes.

 

Con la expulsión de Human Rights Watch y la prohibición a los profesionales de los medios de comunicación oficiales de entrevistarse con diplomáticos internacionales sin autorización previa, se ha reducido al máximo el contacto con el exterior.

 

Durante este tiempo la censura se ha reforzado, incluso en Internet y los operadores de telefonía móvil se han convertido en delatores encargados de denunciar la circulación de “contenidos sospechosos” y de cortar el acceso a Internet en cuanto las autoridades lo consideren necesario.

 

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