URUGUAY | RSF pide que el estudio en el Senado de la ley Audiovisual (SCA) se desarrolle con diálogo y transparencia

04.04.2014 19:16

 

  • "Es importante que en esta nueva etapa del proyecto no se registren las mismas presiones que los grandes grupos de prensa uruguayos ejercieron sobre el poder legislativo cuando se anunció este proyecto de ley, en 2013", advierte RSF
 
Reporteros Sin Fronteras reitera su apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). El proyecto de ley –iniciativa del Poder Ejecutivo uruguayo– espera la aprobación del Senado, después de haber sido aprobado por la Cámara de Diputados a finales de 2013. 
 
En 2013, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, calificó el proyecto de ley de SCA como ejemplar. Esta ley promete un avance significativo en lo que respecta al pluralismo de los medios de comunicación. Este marco jurídico, que permite una distribución equitativa de las frecuencias entre los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, diseña progresivamente un modelo de derecho a la información para los países vecinos. La ley ha experimentado ciertos ajustes, fruto del diálogo entre las instancias legislativas y la sociedad civil.
 
“Reporteros Sin Fronteras espera que la Comisión de la Cámara de Senadores sostenga un diálogo fructífero con la sociedad civil y que considere las recomendaciones hechas en 2013 a la Cámara de Diputados. Es importante que en esta nueva etapa del proyecto no se registren las mismas presiones que los grandes grupos de prensa uruguayos ejercieron sobre el poder legislativo cuando se anunció este proyecto de ley, en 2013. El proceso de aprobación del proyecto de ley de SCA debe seguir desarrollándose en una situación de transparencia”, señala Camille Soulier, responsable de la oficina de América de la organización.
 
En octubre de 2013 Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Human Rights Watch se reunieron con una comisión de parlamentarios para señalar algunos puntos importantes, con el fin de perfeccionar este proyecto de ley, que se hizo eco de dos aspectos muy importantes.
 
El texto inicial contemplaba prohibir a los medios de comunicación la difusión de contenidos de carácter racista, discriminatorio o que inciten al odio. En ciertos casos esta medida podía constituir una censura a priori, por lo que se propuso una reformulación de este punto delicado. Así, la Cámara de Representantes especificó que se sancionaría la difusión de contenidos que “hagan apología” o “inciten explícitamente” a la violencia. Asimismo, se revisaron las cláusulas relativas a la protección de los derechos de los niños y la difusión de ciertos contenidos violentos, para evitar que se censure información de interés general.
 
También fueron reconocidas y consideradas ciertas reivindicaciones de la sociedad civil. Sin embargo, se descartaron otras, como: la propuesta de poner un límite de ocho horas anuales a los mensajes oficiales difundidos en cadena nacional (cadenas), y la de una regulación de la gestión del presupuesto destinado a la publicidad oficial que se asigna a los medios de comunicación. En diciembre de 2013, ante las observaciones de Reporteros Sin Fronteras, las autoridades respondieron que regularían la publicidad oficial con un proyecto de ley paralelo. Pero todavía no se ha hecho oficial el decreto que regule este apartado y se desconoce cuándo se concretará. Entonces se mencionaba una cifra de 85 millones de dólares al año destinados a la publicidad oficial.
 
Finalmente, el texto original estipulaba la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) para garantizar la aplicación de la ley, cuya independencia del Poder Ejecutivo era una prioridad. No obstante, la Constitución uruguaya prohíbe crear nuevos cargos públicos un año antes de las elecciones nacionales (presidenciales y legislativas) y los próximos comicios tendrán lugar en octubre de 2014. Así que se había tomado la decisión de que esta responsabilidad recayera en la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec), organismo técnico que depende directamente del Poder Ejecutivo. Como la independencia del servicio de regulación de esta ley es crucial para su buena aplicación, varias organizaciones uruguayas e internacionales han sugerido crear el Consejo de Comunicación Audiovisual y esperar el nuevo mandato para que se nombre a los responsables. Esta solución permitiría garantizar la independencia del Consejo respetando la Constitución.

      

  

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