UCRANIA | El Parlamento aprueba una ley que amenaza la libertad de información

16.01.2014 19:30
  • Para RSF, el país va camino de enterrar la libertad de información

 

Reporteros Sin Fronteras expresa su consternación por la precipitada aprobación este 16 de enero, en  Parlamento de Ucrania, de la Ley 3879, un paquete legislativo que copia algunas de las disposiciones más represivas de la legislación rusa reciente.

 

Entre otras cosas, esta ley de 130 páginas penaliza la difamación, facilita el bloqueo de páginas web  sin recurrir a los tribunales y define las ONG de derechos humanos que reciben financiación internacional como "agentes extranjeros".

 

También contiene muchas otras disposiciones que restringen la libertad de expresión y reunión. Reporteros Sin Fronteras continuará analizando esta ley y actualizará en breve este comunicado.

 

"Instamos al presidente Viktor Yakukovych a no promulgar esta ley, que representaría un decisivo paso atrás de la democracia", exige Reporteros Sin Fronteras.

 

"Diseñada para detener la ola de protestas de la oposición que comenzó a principios de diciembre, aumenta las restricciones abusivas a la libertad de información y otras libertades fundamentales. La forma en la que se aprobó en el Parlamento, saltándose el procedimiento de votación, refuerza la clara impresión de que constituye un gran ataque contra la sociedad civil".

 

La Ley 3879 "modifica la ley sobre el aparato judicial y el estatuto de los jueces, y establece medidas adicionales para proteger la seguridad de los ciudadanos" la presentaron al Parlamento hace apenas dos días dos representantes del gobernante Partido de las Regiones y fue aprobada hoy, sin ningún debate, en una votación a mano alzada en lugar de la votación electrónica habitual.

 

Reintroduce un artículo sobre la difamación (artículo 151-1) en el código penal. Cuando los medios de comunicación o Internet se utilice para difamar, la pena será una multa de entre 50 y 300 veces el salario mínimo, de 150 a 240 horas de trabajo de servicio público, o la deducción salarial de un año entero. Si existen "circunstancias agravantes ", la pena puede ser de hasta dos años de prisión.

 

Estas sanciones son claramente desproporcionadas y contraria al artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según la interpretación del Tribunal Europeo de Estrasburgo .

 

La experiencia internacional ha demostrado que la penalización de los delitos de prensa y, más aún, cuando se castigan con prisión, ayuda a crear un clima de intimidación que disuade a los periodistas de abordar temas delicados.

 

"El regreso de la difamación del código penal constituye un retroceso de 13 años para Ucrania", afirma Reporteros sin Fronteras. "Al moverse en dirección opuesta a la tendencia mundial, Ucrania está violando flagrantemente los acuerdos internacionales que ha firmado, empezando por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".

 

Ucrania despenalizó la difamación en enero de 2001. En octubre de 2012 y tras las protestas concertados de la sociedad civil y la comunidad internacional, se evitó un primer intento de revertir esta victoria de la democracia. En respuesta a las preocupaciones que Reporteros Sin Fronteras manifiestó en su momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró el compromiso de Ucrania con la libertad de información y las normas europeas.

 

La Ley 3879 también introduce penas de prisión por "contenido extremista" sin proporcionar una definición clara de este concepto. Hace que la recopilación y divulgación de información personal  (incluyendo nombres y fotos) sobre los jueces, los policías y miembros de las fuerzas especiales se puedan castigar con hasta tres años de prisión. Estrecha la regulación para las agencias de noticias digitales y faculta a las autoridades a cerrar una página web sin una orden judicial.

 

La norma importa las polémicas disposiciones que Rusia aplica a las ONG de derechos humanos desde 2012. Aquellas que tienen como misión "influir en decisiones estatales, cambiar la política del gobierno y formar a la opinión pública" y reciben financiación internacional ahora tendrán que registrarse como "agentes extranjeros".

 

Esta vergonzosa etiqueta, sinónimo de espía en las antiguas repúblicas soviéticas, se acompaña de normas muy estrictas y requisitos financieros que dan lugar a sanciones severas en caso de incumplimiento. Además, las organizaciones no gubernamentales que sean "agentes extranjeros", al no ser reconocidas como entidades no lucrativas, deben pagar los mismos impuestos que las empresas.

      

  

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