TURQUÍA | Las acusaciones contra cinco periodistas turcos tienen que ser retiradas

14.07.2016 19:52

 

Un grupo de organizaciones defensoras de la libertad de prensa insta a que sean retirados los cargos contra cinco periodistas turcos, entre los que se cuentan cuatro extrabajadores de la redacción y el equipo de investigación del periódico Taraf, acusados de acceder a secretos de estado y divulgarlos, pertenencia a una organización terrorista y gestión de la misma. Además, de la retirada de los cargos, piden que uno de los acusados, Mehmet Baransu, sea liberado de manera inmediata e incondicional.

 

Así lo han pedido en una declaración conjunta emitida este 14 de julio PEN Internacional, PEN Inglés, PEN Alemán, PEN sueco, PEN América, ARTICLE 19, el Comité para la Protección de los Periodistas, la Federación Europea de Periodistas, la Ethical Journalism Network, IFEX, Index of Censorship, la Federación Internacional de Periodistas, la Red Global de Editores y Reporteros Sin Fronteras (RSF).

"Estos cargos son una clara violación del derecho a la libre expresión y a la libertad de prensa en Turquía y debe ser retirados. Y Baransu debe ser liberado. Se trata de un ejemplo más del abuso que hacen las autoridades turcas de la problemática ley antiterrorista para silenciar a los periodistas de investigación. La ley debe ser reformada sin demora", dijo Carles Torner, director ejecutivo de PEN Internacional.

 

Los acusados son Ahmet Altan, director de Taraf, Yasemin Congar, subdirectora, y los periodistas del periódico Mehmet Baransu, Yıldıray Ogur, además de su colega Tuncay Opçin. Los cinco periodistas se enfrentan a los cargos de adquisición y divulgación de los documentos relativos a la seguridad del Estado y sus intereses políticos, que se castiga con hasta 50 años de prisión. Mehmet Baransu y Tuncay Opçin se enfrentan a cargos adicionales de "pertenencia y administración de una organización terrorista" y se enfrentan a una posible pena de 75 años de prisión.

 

Los cargos se detallan en un auto de procesamiento de 276 páginas que fue admitido a trámite por el Tribunal Penal Superior de Estambul el 20 de junio 2016, 16 meses después de la apertura de la investigación. Baransu sigue en detención preventiva desde su arresto, el 2 de marzo de 2015. La próxima audiencia para los periodistas está prevista para el 2 de septiembre de 2016.

 

Los autos de procesamiento y los materiales presentados por el fiscal en relación con el caso suscitan dudas muy graves, lo que sugiere que las acusaciones tienen una motivación política.

 

Aunque gran parte de la acusación en contra de los periodistas se centra en una serie de polémicos reportajes publicados en Taraf bajo el título 'Plan de Golpe Balyoz (mazo)' [1] entre el 20 y el29 enero de 2010, sobre un supuesto golpe militar para derrocar al gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP), los cargos no se refieren a esta historia. De hecho, la acusación no sugiere que la decisión de Taraf  de publicar los documentos de la ‘Operación Balyoz’ sea delictiva y no se menciona en absoluto en los cargos específicos presentados.

 

En su lugar, la acusación se centra en los cargos de adquirir y divulgar secretos de estado contra los cinco periodistas en referencia al plan de la 'Operación Egemen', un viejo dispositivo militar de guerra para responder a una invasión griega. Sin embargo, Taraf no publicó secretos de estado en relación con esta operación, como afirma un juicio previo de la Corte Constitucional de Turquía.

 

"Más allá del simple problema de la falta de pruebas, existen serias preocupaciones con respecto a la acusación, que parece haberse escrito para ofuscar los hechos y para implicar a los periodistas en el caso Balyoz, una historia controvertida de por sí, con el fin de limitar el apoyo público a su situación", apuntó Erol Önderoğlu, de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

 

Además, 46 páginas de la acusación preparada contra los antiguos periodistas de Taraf han sido directamente copiadas de la acusación contra los periodistas de Cumhuriyet Can Dündar y Erdem Gül, que revelaron la transferencia ilegal de armas por parte del Servicio de Inteligencia de Turquía (MIT) a Siria, y fueron condenados a cinco años de prisión por este delito. El grado de reproducción directa es patente porque un párrafo de la acusación comienza con las palabras "El acusado Can Dündar...".

 

"El hecho de que gran parte de la acusación se haya copiado de otro caso relevante que tiene como objetivos a periodistas plantea serias preocupaciones acerca de la motivación y la profesionalidad del fiscal: no sólo hace dudar de si los hechos y las pruebas del caso se han examinado de la manera adecuada, sino que refuerza la inquietud de que los cargos puedan tener motivaciones políticas", apuntó Katie Morris, Jefa del Programa para Europa y Asia central de Article 19.

 

PEN Internacional, PEN Inglés, PEN Alemán, PEN sueco, PEN América, ARTICLE 19, el Comité para la Protección de los Periodistas, la Federación Europea de Periodistas, la Ethical Journalism Network, IFEX, Index of Censorship, la Federación Internacional de Periodistas, la Red Global de Editores y Reporteros sin Fronteras  piden a las autoridades turcas que pongan en libertad inmediatamente y sin condiciones a Baransu, y que retiren todos los cargos que pesan sobre los cinco periodistas como resultado de su trabajo por el interés público. Tales acciones legales contra periodistas dan como resultado un omnipresente "efecto escalofrío" para el resto de los medios de comunicación en el país, que se agrava cuando las garantías fundamentales de un juicio imparcial no se cumplen.

 

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[1] Los reportajes se basan en una serie de documentos clasificados y CD proporcionados por una fuente anónima. Provocaron un amplio debate en el país que llevó a los fiscales turcos a emprender un polémico juicio contra los presuntos golpistas mencionados en los documentos. Los oficiales del ejército implicados en el presunto intento de golpe revelado por Taraf han afirmado en repetidas ocasiones que las pruebas contra ellos eran un montaje. En 2014, el máximo tribunal de Turquía dictaminó que las autoridades habían violado el derecho de los oficiales a un juicio justo, dando lugar a nuevas audiencias masivas y salidas en masa de prisión; entre los liberados se contaban de varios oficiales que habían sido condenados previamente a penas de hasta 20 años de prisión.

 

      

  

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