TURQUÍA | Censura en Internet: el Parlamento tiene que vetar la ley liberticida

17.01.2014 19:28

 

Reporteros Sin Fronteras manifiesta su profunda preocupación por el proyecto de ley de Internet que el Parlamento de Ankara debe discutir en los próximos días. El texto lo presentó a mediados de diciembre de 2013 un miembro del partido AKP, como enmienda a la Ley Nº 5.651 sobre Internet.

 

Si se aprueba tal como está, permitirá a las autoridades ampliar los sitios que puede bloquear sin una orden judicial e instaurar una vigilancia masiva a los usuarios de la Red. Reporteros Sin Fronteras pide a los diputados que rechacen esta ley draconiana y se unan a las manifestaciones por este asunto convocadas por toda Turquía para el sábado 18 de enero de 2014.

 

"Si la ley N º 5651 necesita una reforma es para eliminar los aspectos liberticidas y para garantizar el respeto de la libertad de información. Desafortunadamente, el Parlamento toma la dirección opuesta, ya que el texto que revisa en la actualidad sólo se diseñó para fortalecer la censura cibernética, el control gubernamental de Internet y la vigilancia de los ciudadanos".

 

"Su adopción podría tener consecuencias graves no sólo para las libertades fundamentales de los usuarios de Internet, sino también para la economía digital de Turquía. Pedimos a los parlamentario que reconsideren el proyecto de ley en profundidad mediante la participación de la sociedad civil y teniendo en cuenta las críticas formuladas por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (CEDH) en la legislación vigente", apunta la organización.

 

"El texto presentado al Parlamento es aún más preocupante, ya que está en línea con una serie de declaraciones e iniciativas liberticidas de las autoridades en los últimos meses. Con las protestas sin precedentes el pasado verano, y sumido ahora en la corrupción a una escala inédita, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan debe entender que generalizar la censura no va a arreglar nada".

 

En su informe de mayo 2011, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue, pide "que se reduzcan al mínimo las restricciones al flujo de información en Internet, excepto en circunstancias específicas, excepcionales y limitadas, de conformidad con las normas internacionales".

 

Por los medios y redes sociales corren las llamadas a protestar el 18 de enero a las 18 horas, bajo el lema "No me toques Internet" y el hashtag #sansürüDurdur (detén la censura).  Hay convocatorias para al menos nueve ciudades: Estambul, Ankara, Esmirna, Antalya, Balikesir, Mersin, Antakya, Bursa y Eskisehir.

 

Expansión del bloqueo administrativo

 

La Alta Autoridad para las Telecomunicaciones (TIB), ya es competente para ordenar el bloqueo de sitios web sin orden judicial en casos de pornografía infantil, apología del suicidio u otras "obscenidades". Si se aprueba el proyecto de ley, podrá hacerlo en el caso de "violación de la privacidad", de contenidos "discriminatorio u ofensivo para ciertos miembros de la sociedad", o para proteger a la familia y la infancia. El Ministro de Transporte, Asuntos Marítimos y Comunicaciones también puede ordenar dichos bloqueos.

 

La ausencia de decisión judicial y la falta de definición hacen temer el establecimiento de una censura masiva, sobre todo porque muchos sitios ya han sido injustamente bloqueados en Turquía. Los analistas señalan que estas disposiciones se aplican a las crítica de la religión o la difamación, o que los sitios de noticias satíricas como Eksi Sözlük y Zaytung podrían ser bloqueados sin que los internautas afectados tuviesen la oportunidad de hacer valer sus derechos.

 

El proyecto de ley acorta el plazo de ejecución para el bloqueo: las 72 horas de ahora pasarían a ser 24 horas. "En caso de emergencia", el director de la TIB estará facultado para actuar inmediatamente y bloquear de forma unilateral sitios web en cuatro horas. Cualquier ciudadano que considere que un contenido "vulnera su intimidad" también podrá acudir directamente a los proveedores de servicios de Internet y obtener un bloqueo en cuatro horas. Sólo después se pueden emprender recursos legales. Los bloqueos ordenados por la fiscalía, sin embargo, no tendrán ni siquiera que ser validados posteriormente por un juez. Ellos pueden ser decretados por los propios fiscales.

 

Los términos de filtro se amplían: es posible bloquear el contenido por la URL y por la dirección IP, y no sólo por el nombre de dominio. Evoca un sistema de filtro por palabras clave. Evadir la censura a través de servidores proxy y la configuración DNS es imposible.

 

También afecta a los intermediarios técnicos

 

El proyecto de ley tiene la intención de hacer que Internet sea una verdadera estructura de "poder vertical " sometida a la TIB. Como institución suprema de auditoría de la Red, gozará de una total impunidad: no se podrá emprender ninguna investigación judicial contra del personal de la TIB sin el permiso del presidente de la institución. Sólo podrá hacerse con la aprobación del Ministro de Transporte, Asuntos Marítimos y Comunicaciones.

 

Los proveedores de servicios de Internet se agruparán en una nueva estructura que centralizará las solicitudes del bloqueo y eliminación de contenido. La asociación de proveedores sospecha que es una herramienta adicional para el control gubernamental de los intermediarios técnicos. Éstos no tendrán más remedio que adherirse y aplicar las herramientas de supervisión establecidas por las autoridades si no quieren ver suspendidas sus actividades.

 

Si ellos no cumplen las órdenes de censura, se enfrentarán a sanciones reforzadas. Los servidores que no retiren el contenido infractor tan pronto como reciban la orden serán castigados con multas de entre 10.000 y 100.000 libras turcas (de 3.300 a 33.000€). En el debate de la comisión parlamentaria se ha llegado a hablar de penas de prisión para los proveedores que no bloqueen los sitios deseados.

 

Estas disposiciones contravienen directamente el informe de Frank La Rue, que establece que "considerar a los intermediarios responsables de los contenidos difundidos o creados por sus usuarios socava gravemente el disfrute del derecho a la libertad de opinión y de expresión, ya que esto conduce a una censura privada excesiva y una autoprotección, por lo general sin transparencia o en aplicación coherente de la ley. "

 

Peligrosa custodia de datos

 

El proyecto de ley exige que los intermediarios técnicos conserven entre uno y dos años los datos de conexión de los internautas, y que los proporcionen a las autoridades competentes con una simple petición. La inquietud aumenta al observar que el texto no especifica qué datos se deben dar, de qué manera, ni qué uso se hará de ellos. Según los expertos, se trata del histórico de páginas visitadas y de las redes sociales, la investigación, las direcciones IP, e incluso el campo de ‘asunto’ de los correos electrónicos.

 

El contenido publicado también será constantemente vigilado por palabras clave. Al hacerlo, la TIB no estará limitada a la investigación de los crímenes y delitos, sino que también actúan en nombre de la "protección de la familia y los niños". No está claro cómo se verán afectados los sitios web.

 

Año tras año, Turquía mantiene su posición en la lista de países clasificados como "bajo vigilancia" de Reporteros Sin Fronteras en su informe especial anual sobre censura en Internet. El país figura en el puesto 154, de 179, en la Clasificación Mundial 2013 de la Libertad de Prensa de la organización.

 

      

  

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