TURQUÍA | 26 organizaciones internacionales denuncian que estado de emergencia en Turquía viola los derechos humanos y debe ser revocado

19.10.2016 17:09

 

Las organizaciones abajo firmantes reconocemos que el gobierno turco tiene el derecho y la responsabilidad de investigar los hechos violentos que ocurrieron en el intento de golpe de Estado de julio de 2016, y de llevar a sus responsables ante la justicia. También reconocemos que la situación inmediatamente posterior al intento de golpe de Estado supone una circunstancia excepcional en la que un Gobierno podría legítimamente invocar un estado de emergencia, pero incluso así ello no lo eximiría de sus obligaciones con respecto a los derechos humanos.


Sin embargo estamos preocupados de una manera creciente de los poderes que ejercen las autoridades turcas en estos tres últimos meses de vigencia del estado de emergencia -ahora extendido a tres meses más- que ponen en peligro los principios generales del estado de derecho y los derechos humanos.


Pedimos al Gobierno de Turquía que revoque las medidas del estado de emergencia cuya aplicación en la práctica es incompatible con las obligaciones en materia de derechos humanos adquiridas por Turquía.


Durante el primer mes del estado de emergencia, las autoridades han abusado de sus disposiciones para cerrar el cerco a la disidencia con la detención de numerosos individuos por sus críticas, tanto reales, como percibidas como tales, al Gobierno. La retirada de las protecciones judiciales para un juicio justo y las garantías contra medidas de tortura y otros malos tratos, exceden las derogaciones permitidas y justificadas y amenazan con violar la prohibición absoluta internacional sobre tortura y otros tratos inhumanos o degradantes. En la práctica, la aplicación de estas prohibiciones se ha traducido en detenciones colectivas sin que se aporten pruebas creíbles, que luego derivan en una dificultad de reclamar la violación de los derechos violados y la posibilidad de repararlos.


La extensión del estado de emergencia y sus provisiones asociadas a otros 90 días, que empiezan el 19 de octubre, resulta extremadamente preocupante. Como poco, pedimos al Gobierno de Turquía que defina el alcance de las medidas de emergencia revocando aquellas que permiten la violación de derechos humanos y las que no son compatibles con las obligaciones adquiridas por Turquía bajo la legislación internacional.


También pedimos a los socios de Turquía, en particular a la unión Europea, a los Estados Unidos y a todas las entidades de defensa de los derechos humanos, que condenen pública e inequívocamente las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en Turquía en el contexto del estado de emergencia. Igualmente les pedimos que insten al gobierno turco a revocar todas las medidas de emergencia que permiten las violaciones de los derechos humanos y a rescindir el estado de emergencia, a menos que el gobierno turco sea capaz de demostrar que la situación interna sigue amenazando la vida de la nación. 


Retirada de medidas que evitan la censura y otros malos tratos

Desde el intento fallido de golpe de Estado, las autoridades turcas mantienen en prisión preventiva a 34.000 soldados, oficiales, policías, jueces, fiscales, periodistas y profesores entre otras profesiones. 70.000 personas están bajo investigación criminal y hay varias disposiciones en los decretos del estado de emergencia que suspenden las garantías que protegen a los detenidos contra la tortura y otros malos tratos, de forma que se viola la legislación internacional adoptada por Turquía, y se pone en riesgo a los detenidos. Entre las medidas se incluyen:


La detención policial prolongada, sin revisión judicial, por delitos relacionadas con terrorismo o crimen organizado, de 4 a 30 días;


La negación de los derechos de los detenidos de ver a su abogado en los cinco primeros días de su detención, y severas restricciones al contacto con sus abogados durante la detención;


Interferencias en el acceso confidencial a un abogado, incluida la vigilancia y grabación de las comunicaciones a instancia de la fiscalía;


En la práctica las fuerzas del orden han socavado esas garantías y se han excedido en las disposiciones que permiten los decretos del estado de emergencia. Varias organizaciones no gubernamentales, incluida Amnistía Internacional, han apuntado a pruebas creíbles de agresiones y torturas, incluidas violaciones, a los detenidos en las cárceles de Turquía.

 

Abuso del estado de emergencia para silenciar a la crítica

Los apartados del estado de emergencia que afectan al ejercicio a la libertad de expresión y que han sido utilizados para facilitar la detención y acoso a periodistas, escritores y trabajadores de medios incluyen:


Permitir a altos cargos de la administración el cierre de cualquier medios de comunicación;


Permitir al Gobierno imponer toques de queda, prohibir las reuniones y concentraciones públicas, y restringir el acceso a espacios públicos y privados;


Permitir a las autoridades cancelar o confiscar pasaportes de cualquiera que esté bajo investigación. El 1 de septiembre, una enmienda al decreto que permitía esta medida ampliaba los poderes de las autoridades a la confiscación del pasaporte de familiares de los investigados.


Las restricciones impuestas bajo el estado de emergencia van más allá de lo permitido bajo la legislación internacional en materia de derechos humanos e incluyen limitaciones injustificadas a la libertad de prensa y al derecho a la libertad de expresión.


En los dos primeros meses y medio de la adopción del estado de emergencia, siguiendo los decretos citados anteriormente, las autoridades han procedido al cierre de 150 medios de comunicación, dejando a un total de 2.300 periodistas y trabajadores de medios sin empleo.  Al menos 99 periodistas y escritores han sido detenidos, elevando el total de trabajadores de medios acusados por cargos relacionados con el ejercicio de su profesión a 130 a fecha de 16 de octubre de 2016. Este número excluye a otros periodistas que están actualmente en detención, o han sido detenidos, o puestos en libertad sin cargos, durante el estado de emergencia. Las provisiones de emergencia también han permitido el acoso a familiares de periodistas que han volado al extranjero o que han pasado a la clandestinidad. Los familiares han visto ahora también confiscados sus pasaportes o han sido detenidos en lugar de los acusados.


Semejantes medidas contra los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación obstruyen el derecho de la sociedad turca a recibir información sobre lo que está sucediendo en su país y obstruyen la función de control al Gobierno.


El Gobierno de Turquía debe garantizar que el estado de emergencia y sus decretos relacionas no sean herramientas que faciliten las violaciones a los derechos humanos y que faciliten silenciar a la disidencia. Mientras tanto, los socios internacionales de Turquía no deben ignorar las serias violaciones que se cometen en el contexto del estado de emergencia y deberían urgir a Turquía a rescindir o enmendar las provisiones de dicho estado que no son compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.


Firmantes:


ARTICLE 19
Amnesty International
Human Rights Watch
PEN International
Association of European Journalists
Canadian Journalists for Free Expression
Committee to Protect Journalists
Danish PEN
English PEN
Ethical Journalism Network
European Centre for Press and Media Freedom
European Federation of Journalists
Fair Trials
German PEN
Global Editors Network
Index on Censorship
International Media Support
International Press Institute
IREX Europe
My Media
Norwegian PEN
Norwegian Press Association
PEN America
Reporteros Sin Fronteras
Swedish PEN
Wales PEN Cymr

      

  

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