TÚNEZ | RSF analiza el marco legal tunecino y pide una reforma del código penal
Pese a que Túnez se rige por un sistema de autorregulación de la prensa escrita y electrónica con la creación de un Consejo de Prensa, los informadores están sometidos a una inseguridad jurídica peligrosa, ignorantes siempre sobre qué bases pueden ser denunciados.
Pese a la promulgación de la nueva Constitución, el 27 de enero de 2014, la aplicación de algunos de los nuevos textos legales todavía es difícil, por ejemplo el decreto ley nº 2011-115, del 2 de noviembre de 2011, sobre la libertad de prensa, impresión y edición. Su valor jurídico y su aplicación son una de las razones invocas por los magistrados para justificar el hecho de recurrir al código penal para juzgar casos de prensa. El caso de la Olfa Riahi es paradigmático. Fue procesada en 2013 en base al código penal por haber publicado un trabajo de investigación que afectaba al ministro de Exteriores.
Para Reporteros Sin Fronteras “el decreto ley 2011-115 representó un avance definitivo para la libertad de prensa. “Ofrece garantías para la protección de la información, pero algunas disposiciones del código penal -relativas a la incitación a delitos, informaciones falsas, difamaciones e injurias- reducen la capacidad del decreto ley”, considera la organización, que pide una revisión del código penal y un pleno respeto al artículo 31 de la Constitución y al artículo primero del decreto 2011-115.
RSF recoge sus consideraciones sobre este tema en un nuevo estudio y recuerda el análisis del decreto ley publicado ya en febrero de 2012 donde pedía un texto legal mínimo para proteger a la libertad de prensa y sus profesionales.
