TRINIDAD Y TOBAGO | El bobierno obtiene los registros telefónicos de una periodista

19.10.2012 13:39

Reporteros Sin Fronteras pide la creación de una comisión independiente de investigación que aclare cómo pasaron a disposición de una agencia del gobierno los registros telefónicos de la periodista Anika Gumbs-Sandiford.

Según la información recogida por RFS, la compañía estatal de telecomunicaciones dio a la Autoridad de Desarrollo de Chaguaramas (CDA), una agencia estatal, los registros telefónicos de la periodista con el objetivo de encontrar el origen de un artículo publicado el 9 de septiembre, donde Gumbs-Sandiford hablaba de la decisión Bhoe Tewarie, de la CDA, de ignorar la decisión de la junta directiva de la propia agencia t no contratar los servicios de un bufete de abogados.

"Se trata de un claro intento de violar la confidencialidad de las fuentes, una de las piedras angulares de la libertad de información", afirma Reporteros Sin Fronteras. Este  caso recuerda a otro similar, el del periodista Andre Bagoo, mientras investigaba a una institución estatal a principios de año.

Los hechos revisten especial gravedad después del compromiso público del Primer Ministro, Kamla Persad-Bissessar, de poner fin a este tipo de prácticas mediante la Ley de Intercepción de Comunicaciones, adoptada por el parlamento en 2010.

Este intento de rastrear las fuentes de un periodista llega en un momento de nuevas tensiones entre el gobierno y los medios de comunicación, tras la aprobación de la decisión del ministro de Seguridad Jack Warner de negar a la prensa el acceso a las cifras de delitos en el país que maneja el gobierno. Los periodistas Denyse Renne y Asha Javeed desvelaron las intenciones de Wagner de impulsar una legislación para proteger a dos donantes del partido en el gobierno, Ishwar Galbaransingh y Steve Ferguson, acusados de blanqueo de capitales, sobre los que versa una solicitud de extradicion de Estados Unidos. Desde entonces empezaron a circular correos anónimos sobre los periodistas y su vida privada en lo que aparenta ser una clara campaña de desprestigio oquestada por el gobierno.

Reporteros Sin Fronteras recuerda además el anuncio que hizo el Ministro de Comunicaciones, Jamal Mohammed, a principios de octubre, obligando a todos los radiodifusores privados a emitir un máximo de cinco minutos de mensajes públicos cada hora, entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, sin ninguna remuneración.

Finalmente, RSF recoge con satisfacción el anuncio del Primer Ministro de proceder en breve a la despenalización de los delitos de difamación en el país.