SIRIA | Inminente juicio a Mazen Darwish, apadrinado por RSF-España

17.05.2013 16:09

Un total de 19 organizaciones de derechos humanos, sirias e internacionales, urgen hoy a la comunidad internacional a presionar a las autoridades sirias para que pongan en libertad y retiren todos los cargos por los que será juzgado Mazen Darwish, apadrinado por la sección española de Reporteros Sin Fronteras, el domingo, 19 de mayo, ante un tribunal antiterrorista de Damasco, junto a Hussein Gharir, Hani Zaitani, Mansour Omari y Abdel Rahman Hamada, los dos últimos en libertad condicional desde febrero.

La denuncia, presentada el 27 de febrero contra estos cinco activistas, les acusa de "publicar actos terroristas", bajo el artículo 8 de la ley antiterrorista, promulgada por el Presidente Bachar al Assad, en 2012. Si son finalmente condenados se enfrentan a penas de hasta 15 años prisión.

El ministro de Justicia sirio ha asegurado que pondrán en libertad a un total de 72 activistas, incluidos los tres detenidos en el Centro Sirio de Medios. Las organizaciones abajo firmantes piden igualmente a otros países aliados del Gobierno sirio, que presionen a sus homólogos sirios para que se retiren todos los cargos contra los enjuiciados.

Los servicios de Inteligencia de las fuerzas aéreas sirias detuvieron a Darwish, Gharir y Zaitani hace algo más de un año.  Llevan varios meses incomunicados únicamente por sus actividades en el Centro Sirio de Medios de promoción y defensa de los derechos humanos en Siria. Según otros detenidos ya liberados, los agentes de los servicios de Inteligencia les han sometido a torturas. Los abajo firmantes recuerdan que su detención viola la libertad de expresión por estar exclusivamente basada en la actividad pacífica de estos tres informadores.

Las organizaciones quieren manifestar su seria preocupación por la salud mental y física de los activistas, dado el trato que parecen haber recibido en prisión y el tiempo que han pasado en un encarcelamiento totalmente arbitrario.

La acusación sostiene que los cargos de "publicar actos terroristas" presentados contra el presidente del Centro Sirio de Medios, Mazen Darwish, y los otros detenidos en la redada en dicho centro, se basan en sus actividades de seguimiento a la oposición siria, la publicación de estudios de los derechos humanos y de los medios de comunicación en Siria, la documentación de los detenidos por el régimen, desaparecidos, perseguidos y asesinados en el conflicto sirio. La acusación también alega que una investigación judicial en Damasco considera estas acciones parte de un intento de "tensar la situación interna siria y provocar la condena internacional de organizaciones extranjeras en foros internacionales".

Este juicio ilustra la represión gubernamental contra las voces críticas y se enmarca en un contexto de sistemática censura y represión contra los profesionales de la información, trabajadores de los medios de comunicación, internautas y activistas que defienden la libertad de expresión en Siria. Según un abogado de los presos políticos en Damasco, 35.000 disidentes presos han sido juzgados previamente ente el mismo tribunal, un tribunal que considera este abogado creado ad oc para controlar a la oposición siria.

El gobierno sirio no debería usar su legislación antiterrorista para castigar a activistas pacíficos en el legítimo ejercicio de su trabajo. Los abajo firmantes recuerdan que este juicio no debiera llevarse a cabo ante un tribunal antiterrorista que no garantiza los derechos de los acusados recogidos en el derecho internacional.

Este tribunal es responsable de juzgar bajo la ley antiterrorista que defiene el terrorismo como "cualquier acto destinado a sembrar el pánico entre la población, desestabilizar la seguridad pública, o dañar las infraestructuras básicas del Estado mediante el uso de armas, explosivos, materiales inflamables, productos tóxicos, agentes bacteriológicos o cualquier otro medio que obtenga los mismos fines".

La ley también incluye en la "promoción del terrorismo" cualquier difusión de "literatura u otro tipo de información" que castiga con encarcelamiento. También "financiar el terrorismo" contempla distribuir, directa o indirectamente, dinero, armas, explosivos, informaciones comunicaciones y "otras cosas" que puedan usarse para perpetrar un acto terrorista.

Aunque las autoridades sirias anularon el estado de emergencia el 21 de abril de 2011, aprobaron el decreto 55 ese mismo día, que establece el tiempo que puede permanecer una persona detenida sin ser juzgada, y lo ampliaron a un total de 60 días para algunos delitos, incluidos los de terrorismo. Un excarcelado ha asegurado a Human Rights Watch que los agentes le explicaron durante su detención que estaban usando este decreto de la ley antiterrorista para mantener en prisión legalmente a los detenidos durante dos meses.

Este periodo contradice la legislación internacional que establece el "inmediato" paso por el sistema judicial de todos los detenidos. Además, varios excarcelados aseguran haber estado más de 60 días detenidos sin revisión judicial.

Una fuente cercana a la familia de Mazen Darwish asegura lo difícil que le ha resultado defenderse de las acusaciones bajo la ley antiterrorista: No ha tenido acceso a un abogado en nueve meses. No fue informado de que sería juzgado ante un tribunal antiterrorista hasta el 30 de noviembre, el día que el juez empezó a interrogarle. Ni aun entonces fue informado de los cargos de los que se le acusaba, de los que sólo tuvo conocimiento el 27 de febrero, casi un año después de haber sido detenido.

El 15 de mayo, una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas pedía, entre otras cosas, la puesta en libertad de Mazen Darwish y de los detenidos en el Centro Sirio de Medios. la resolución hacía hincapié en la necesidad del fin de la impunidad de los responsables de serias violaciones de los derechos humanos y de la legislación internacional humanitaria.

Naciones Undidas pedía a los estados miembros que presionasen a las autoridades sirias para que retiraran sus cargos contra ellos. Una vez más, los abajo firmantes piden a las autoridades sirias que respeten la resolución de Naciones Unidas y retiren todos los cargos contra Mazen Darwish y sus compañeros, así como contra todos los miles de encarcelados por actividades pacíficas.

El 9 de mayo, una delegación internacional, liderada por el Premio Nobel Mairead Maguire, se reunió con el ministro de Justicia sirio, Najm al-Ahmad, para pedirle la puesta en libertad de un total de 72 activistas pacíficos, incluidos Darwish, Gharir y Zaitani. El ministro aseguró entonces que el Gobierno sirio había aprobado la puesta en libertad de todos los nombres de esa lista, a la espera de revisar sus casos. Los abajo firmantes piden de nuevo a las autoridades que sigan en la linea anunciada y pongan en libertad a los detenidos.

Firmantes en orden alfabético:

1. Alkarama Foundation

2. Amnesty International (AI)

3. Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI)

4. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)

5. Committee to Protect Journalists (CPJ)

6. Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)

7. Free Press Unlimited

8. Front Line Defenders

9. Gulf Centre for Human Rights (GCHR)

10. Human Rights Watch (HRW)

11. Humanist Institute for Cooperation with Developing Countries (Hivos)

12. IKV Pax Christi

13. International Media Support (IMS)

14. Institute for War and Peace Reporting (IWPR)

15. PEN International

16. Reporteros Sin Fronteras (RSF)

17. SKeyes Center for Media and Cultural Freedom

18. Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)

19.
El Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, un programa conjunto con la International Federation for Human Rights (FIDH) y la World Organisation against Torture (OMCT)