RUSIA | RSF pide una revisión de la ley que permite el bloqueo de webs en Internet

02.11.2012 18:40

Reporteros Sin Fronteras manifiesta su profunda preocupación tras la publicación oficial de la lista negra de webs bloqueadas en Internet, como tramo final de la "Ley de protección de menores de informaciones que puedan perjudicar su salud y desarrollo".

"Esta publicación confirma que no existe voluntad política para resolver las contradicciones de la legislación y de eliminar aquellos puntos que representan una amenaza a la libertad, a pesar de las chuchas críticas que ha recibido", lamenta RSF.

La organización también expresa su preocupación por otras iniciativas legislativas, como las nuevas definiciones de "secreto de estado" y "traición a la patria", y el aumento de las penas para las condenas por "blasfemia".

"En su conjunto, las últimas iniciativas legislativas de la Duma aparenten ser todo un ataque a la libertad de información. En cada uno de estos proyectos de ley abundan las definiciones imprecisas y ambiguas que permiten amplias interpretaciones", afirma Reporteros Sin Fronteras que pide a los parlamentarios rusos que revisen las propuestas bajo el prisma del derecho fundamental a la libertad de Información, la propia Constitución rusa, y los convenios internacionales ratificados por Rusia.


Internet cada vez bajo mayor vigilancia

El sitio http://zapret-info.gov.ru/ permite a un usuario saber si una IP o URL está en la lista. Pero el cómputo total de todas las webs bloqueadas en Rusia sigue inaccesible. Cabe recordar que el procedimiento que permite acceder a los sitos bloqueados es extremadamente opaco. Un bloqueo que no necesita ninguna decisión judicial y queda en manos de un grupo anónimo de "expertos" de competencia desconocida.

Los proveedores de servicios de Internet sólo pueden bloquear algunas páginas. Sin embargo, el pasado mes de septiembre, YouTube estuvo bloqueado al completo durante varias horas en algunas regiones donde los proveedores habían recibido la orden de bloquear la película "La inocencia de los musulmanes." El ministro de Comunicaciones, Nikolai Nikiforov, había advertido que YouTube podría bloquearse completamente en todo el país, a partir del 1 de noviembre, si la plataforma no retiraba la película.

Las enmiendas a la ley de protección de menores apenas se habían puesto en marcha el pasado mes de julio, cuando la Duma decidió añadir a las prohibiciones el uso de herramientas para crear usuarios anónimos, proxies y VPNs. Según el proyecto de ley para modificar la ley de Información, presentado el 21 de septiembre, los usuarios de Internet que continuasen usando estos métodos se enfrentarían a sanciones que iban, desde el bloqueo de su acceso a Internet, a fuertes multas.

El Vicepresidente de la Duma, Sergei Zheleznyak, del partido en el gobierno, declaró al diario Izvestia que las medidas iban destinadas a luchar contra el el "contenido nocivo" en Internet y no serían las últimas.

¿Todos son espías?

El 31 de octubre, el Consejo de la Federación (cámara alta del Parlamento) aprobó por unanimidad -con una abstención- las ampliación de las definiciones de "secreto de Estado" y "alta traición". Estas modificaciones, aprobadas en un tiempo récord también por la Duma, entrarán en vigor tan pronto como el presidente Vladimir Putin las convierta en ley.

El artículo 275 del Código Penal, revisado recientemente, define ahora como "alta traición" la "transmisión de un secreto de Estado, no sólo a una organización o gobierno extranjero, sino también a una organización internacional o a sus representantes". Además, se incluyen en la categoría de "actividades contra la seguridad de la Federación Rusa" toda "ayuda financiera, asistencia técnica, consultiva o de otro tipo".

La última formulación es deliberadamente más ambigua que la versión anterior, que se refería a actividades llevadas a cabo "en detrimento" de la seguridad nacional. Un concepto aún más claro en ruso, que implica sólo la transmisión que suponga "un daño específico o una amenaza directa".

En lo que respecta al concepto "seguridad", el nuevo texto amplía su definición para incluir la seguridad contra amenazas internas y externas (extranjeras).

El riesgo de enfrentarse al código penal para las personas que hayan obtenido informaciones secretas se amplía ahora, no sólo para aquellos que lo hayan hecho durante el ejercicio de su profesión, sino "como consecuencia de la enseñanza y otras capacidades citadas por la ley".

Reporteros Sin Fronteras pide al presidente Putin que no firme esta legislación. "El nuevo proyecto de ley es peligroso y va en contra de los compromisos internacionales de Rusia", advierte la organización. "La seguridad nacional debe ser protegida, pero las enmiendas aprobadas por el Consejo se basan en definiciones tan vagas y ambiguas que sólo pueden incitar a la autocensura a cualquier persona que se ocupe de estos temas sensibles".

"La ampliación de la definición de "alta traición" plantea serias preocupaciones, ahora, que hasta una ONG rusa que reciba financiación extranjera puede tener que someterse a las penalizaciones derivadas de ser un "agente externo".

La propuesta de un nuevo artículo, el 283.1 sobre la "obtención ilegal de información que constituye un secreto de Estado", establece doble responsabilidad penal, tanto para recibir como para transmitir dicha información.

¿Tres años de cárcel por blasfemia?

El último ejemplo es un proyecto de ley presentado a la Duma cuyo objetivo es "proteger los sentimientos religiosos de los creyentes".

La legislación prevé penas de hasta tres años de cárcel y multas que pueden incrementarse un 100% para los "delitos públicos contra religiosos (…) o delitos contra las convicciones religiosas y sentimientos de los ciudadanos".

La legislación está apoyada por todos los partidos representados en la Duma, incluido el Partido Comunista. Su representante, Sergei Obukhov, ha lamentado que el proyecto no fuese aprobado hace cuatro años, y ha manifestado su deseo de que se apruebe en el actual periodo de sesiones del Parlamento. "Las campañas antirreligiosas suponen un riesgo de desestabilizar a la sociedad", afirmó al servicio de noticas RIA Novosti. "Por el bien del orden público, la paz y la seguridad, hay una verdadera necesidad de endurecer las penas por causar ofensas religiosas", añadió.

"Sin embargo, la necesidad de esa legislación es aún más dudosa cuando el Código Penal ya protege la afiliación religiosa como parte de la definición de "humillación de la dignidad humana" (en su artículo 282). Por otra parte, como se demostró en el juicio contra el grupo Pussy Riot, la blasfemia y la profanación de los lugares sagrados ya están prohibidas como formas de vandalismo e incitación al odio", lamenta RSF.

"Además, la Duma ya había adoptado este verano una serie de proyectos de ley para volver a penalizar la difamación, castigar las manifestaciones ilegales con multas astronómicas, y desvirtuar el carácter de las organizaciones no gubernamentales que reciben financiación extranjera", recuerda RSF.

 

      

  

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