RUSIA | RSF pide a la Duma que descarte la ley que permite eliminar contenidos de Internet

18.06.2012 18:17

 

Mientras se reproducen los ataques DDos ya empleados durante las manifestaciones tras las elecciones de dicimebre de 2011 -y en esta ocasión contra las webs del periódico Novaya Gazeta, la radio Eco de Moscú, TV Dozhd y Tayga Indo-, las autoridades rusas tratan de poner en marcha todo un abanico legislativo para controlar legalmente la información de Internet en nombre de la lucha contra el extremismo y la protección a los menores. El proyecto de ley, presentado el 7 de junio por los cuatro partidos de la Duma, contiene, en su artículo 4, la creación de un registro unificado de los dominios y sitios web prohibidos. 
 
El registro propuesto estaría creado y dirigido por una agencia próxima al gobierno y, según el texto actual, clasificaría inmediatamente como peligroso cualquier contenido "pornográfico, suicida, sobre niños o sobre ideas extremistas". Los demás temas podrían ser juzgados por un tribunal.
 
Reporteros Sin Fronteras entiende el objetivo de la ley, pero manifiesta su preocupación por los métodos que contempla, como la posibilidad de bloquear sitios web sin procesos judiciales, por lo que pide a la Duma que rechace el proyecto de ley para no poner en peligro las libertdes civiles de los rusos y no contradecir los convenios internacionales que ha firmado Rusia en esta materia. 
 
 
La ambigüedad del artículo 4 que define las circunstancias en las que una web pasa a formar parte de la lista negra, permite, en los párrafos 6 y 7, imponer un plazo de 48 horas al responsable de un contenido "malo" para eliminarlo. Sin embargo, el párrafo 8 sugiere que el sitio web sólo será añadido al registro después de dicho plazo. Esta contradicción hace que sea imposible identificar con claridad por qué se agrega un sitio al registro, si por la presencia de un conteido "malo" o la hipotética negativa del propietario a eliminar el contenido ofensivo.
 
El proyecto de ley permite además a los proveedores de internet restringir el acceso a una web cuando su dueño se niegue a retirar un contenido  solicitado. Rusia parece querer reforzar así la presión sobre las impresas intermediarias que alojan contenidos y dan soporte técnico en Internet.  
 
El 27 de marzo, en San Petersburgo, el fiscal adjunto, Igor Rezonov, informó a los proveedores de Interntet que de ahora en adelante deberían bloquear el acceso a webs de casinos o sitos de pornografía, extremismos, drogas y pedofilia con una sola petición por escrito de la fiscalía. 
 
Rezonov justificó esta iniciativa ante la dificultad de emprender acciones legales contra muchas webs que a menudo se encuentran alojadas en el extranjero. "No obstante, la medida contiene la posibilidad de enjuiciar a los proveedores que no cooperen, obligándoles a ejercer como policías de Internet, un papel para el que no tienen ninguna legitimidad, mientras falta un control independiente que frene la posibilidad de abusos y censuras desproporcionadas" afirma Reporteros Sin Fronteras.
 
"Por otra parte, la definición de "extremismo", una etiqueta utiliza con frecuencia para acallar voces críticas, resulta demasiado ambigua, como ya demostró el bloqueo de la página web de noticias Ruelect.com durante las elecciones del pasado diciembre" recuerda la organización.
 
Reporteros Sin fronteras escribió Igor Rezonov, el 5 de abril, para preguntarle por los criterios de selección de las webs bloqueadas o los mecanismos para evitar posibles abusos. RSF también inquiería al fiscal sobre las sanciones previstas a los proveedores que se nieguen a cumplir las órdenes de la fiscalía.  "¿Está previsto un sistema de filtrado generalizado, con todos los riesgos que conlleva para la libertad de expresión en Internet?" preguntaba la organización, hasta ahora sin respuesta.
 
"El bloqueo de un sitio web debe responder a una forma legalmente prescrita y transparente sobre la base de una orden judicial" recuerda Reporteros Sin Fronteras, que descarta cualquier sistema generalizado de filtrado. En su informe de mayo 2011, el Relator Especial de las Naciones para la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue, afirmó que el flujo de información a través de la Internet sólo debe restringirse "en circunstancias excepcionales  limitadas y previstas por la ley internacional de Derechos Humanos."
 
El informe de La Rue decía también que "hacer responsables a los mediadores que ofrecen servicios de Internet de los contenidos difundidos o creados por sus usuarios socava gravemente el derecho a la libertad de expresión porque conduce a una censura por parte de entidades privadas sin la transparencia y la existencia de un proceso legal necesarios.