RUSIA | Nueva ofensiva legislativa amenaza la libertad de información

20.12.2013 15:31
Reporteros Sin Fronteras manifiesta su preocupación por la posible ampliación de la legislación que permite el bloqueo a páginas webs, cuya aprobación tendrá lugar previsiblemente hoy en el Parlamento ruso.
 
Tres de los cuatro partidos que conforman la Duma rusa han pedido estas enmiendas, aprobadas en primera lectura el 17 de diciembre. Los cambios añadidos durante la sesión plenaria fueron aprobados al día siguiente en comisión parlamentaria a la espera de la tercera y final lectura que tendrá lugar hoy.
 
 
Un paso más en la censura en Internet 
 
La ley permite el bloqueo inmediato de webs cuyos contenidos puedan ser considerados extremistas por la fiscalía, y aquellos que se entienda que incitan al odio o a actividades terroristas. De aprobarse finalmente permitiría sancionar a personas que promuevan la participación en manifestaciones ilegales por considerarlas una actividad "extremista".  Sin embargo, no es fácil en Rusia obtener permisos para organizar manifestaciones y las solicitudes de la oposición son a menudo rechazadas.
 
La información a los propietarios de una página web del bloqueo de la misma no tendrá lugar hasta que no sea prácticamente efectiva y serán los servidores los que tendrán que notificar a los propietarios la retirada del sitio y a los que se les pedirá que eliminen también los contenidos considerados ofensivos. 
 
La legitimidad de las solicitudes de la fiscalía no estará sujeta a verificación, lo que ha llevado a la Asociación de Comunicaciones Electrónicas rusas a denunciar que los fiscales "están asumiendo el poder de los jueces". 
 
"La adopción de esta legislación marcará una nueva etapa en la censura a la libertad de información en Rusia", alerta Reporteros Sin Fronteras. "La creación hace un año de una lista negra de webs con el pretexto de proteger a la infancia abrió la caja de pandora al bloqueo de contenidos de Internet sin orden judicial y sin permitir a sus responsables defenderse de las acusaciones. Una vez abierta esta posibilidad, las autoridades han seguido ampliando las posibilidades para censurar y bloquear contenidos en Internet", lamenta la organización.
 
Otras legislaciones preocupantes
 
La aprobación hace unos meses de leyes que penalizan la "ofensa a los sentimientos y creencias religiosas" y la prohibición de toda "propaganda de relaciones sexuales no tradicionales", ha llevado a la Duma a imponer una realidad ampliamente represiva. Además, el 18 de diciembre se aprobó, en segunda lectura, una nueva legislación que impone cinco años de cárcel a la "expresión de opiniones separatistas en los medios de comunicación". Otra propuesta, en noviembre, pretende imponer a los medios que reciben financiación del extranjero la categoría de "agentes externos", un texto legal basado en la ley de ONGs de 2012.
 
El año pasado fue rechazado un proyecto de ley de similar. Según sus promotores, el texto es ahora mucho más suave y se aplicaría "únicamente" a los medios de comunicación que cubren la política rusa y obtienen más de la mitad de su financiación en el extranjero. De ser aprobada, estos medios de comunicación tendría que inscribirse en un registro especial y tendrían que recordar a sus lectores su condición de "agentes extranjeros", además de someterse a detalladas inspecciones fiscales. Los medios de comunicación que no cumplan estos requisitos estarán expuestos, al igual que las ONGs, a grandes sanciones. El proyecto espera ahora la opinión del Gobierno y del Presidente antes de aparecer en la sesión plenaria de la Duma, como estaba previsto.
 
El partido en el Gobierno ha expresado sus reservas al respecto, cuestionando su utilidad y mencionando el coste de crear un registro de "agentes de medios extranjeros". Otros parlamentarios van más allá: Alexei Kazakov, del partido progubernamental Sólo Rusia, propuso, el 13 de diciembre, que estos medios deberían prohibirse, y Oleg Mikheyev, del mismo partido, ha propuesto leyes, basadas en la ley de "ofensa a los sentimientos religiosos", que penalizan con penas de cinco y siete años de cárcel la "ofensa a los sentimientos patrióticos" o la "ofensa a la memoria de la Gran Guerra Patriótica (nombre soviético al frente oriental de la Segunda Guerra Mundial)".