RSF publica el Informe Enemigos de Internet 2014

12.03.2014 00:01

Enemigos de Internet 2014: organismos en el epicentro de la censura y la vigilancia


El informe ‘Enemigos de Internet’, que Reporteros Sin Fronteras publica cada 12 de marzo en el Día Mundial contra la censura en Internet, se centra este 2014 en los organismos gubernamentales y las agencias que implementan la censura y vigilancia online.


Estos organismos -entre los que se cuentan la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán, el Centro Científico y la Agencia de Información Tecnológica de Corea del Norte, el Ministerio de Información y Comunicaciones de Vietnam, y la Oficina Estatal de Información de Internet de de China-, han usado la defensa de la seguridad nacional como pivote para ir mucho más allá de su misión original con el fin de y censurar a periodistas, blogueros y otros proveedores de información.


Tres de las entidades a las que Reporteros Sin Fronteras ha dado el título de ‘Enemigos de Internet’ se encuentran en democracias que tradicionalmente se han jactado de defender la libertad de expresión y el libre flujo de información. La NSA –Agencia de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés- en Estados Unidos, el GCHQ - Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno- en el Reino Unido y el Centro de Desarrollo Telemático de la India no son mejores que sus homólogos de China, Rusia, Irán o Bahréin.


La información online no podría ser espiada ni controlada sin la ayuda de las empresas del sector privado. En el informe ‘Enemigos de Internet’ de 2013, Reporteros Sin Fronteras señala a los mercenarios de Internet, las compañías que ponen sus conocimientos al servicio de los regímenes autoritarios a cambio de sumas de dinero a menudo colosales.


Contratas para la vigilancia


Este año, la organización también enfoca hacia los "concesionarios de la vigilancia", las ferias y foros que reúnen a empresas especializadas en vigilancia y censura en Internet con los responsables de los regímenes autoritarios. ISS Mundial, Milipol y Technology against Crime se encuentran entre las más conocidas.


Tras revelar sus prácticas atroces, hay que actuar para detenerlas. Con este fin, la organización Reporteros Sin Fronteras ha elaborado una serie de recomendaciones para gobiernos y entidades internacionales, destinadas a reducir los paranoicos excesos de seguridad de los últimos años.


Hay que prestar atención a las prácticas de estos enemigos de Internet, que normalmente operan en la sombra. Hay que alertar sobre ellos a cuantas personas sea posible. Esto es necesario para que los organismos internacionales, las Naciones Unidas, Europa y los tratados que regulan la exportación de tecnología de vigilancia, se centren en estas prácticas y adopten leyes que terminen con ellas cuanto antes. Reporteros sin Fronteras pide a los usuarios de Internet de todo el mundo a que se unan a esta iniciativa.


Puntos clave del Informe ‘Enemigos de Internet’

    •    Los “mercenarios de la vigilancia” -ISS World, Technology Against Crime y Milipol-, son auténticos especialistas en interceptar comunicaciones o bloquear contenidos para los gobiernos de Irán, China o Bahréin. O de democracias occidentales como Francia.

    •    Rusia ha exportado su sistema de vigilancia SORM a países vecinos. En Bielorrusia, el decreto 60 obliga a los servidores a instalar SORM para funcionar.

    •    Irán sigue luchando por el desarrollo de su red interna, Halal Internet, desconectada de la red mundial y desde la que las autoridades pueden ejercer su control absoluto.

    •    China, que ya domina Internet con su "Gran Muralla Electrónica", ha anunciado la colaboración con Irán y ya provee a Zambia de sistemas de vigilancia. En Uzbekistán, es el principal proveedor de módems y routers del país.

    •    Numerosos organismos de seguridad nacional se exceden en sus funciones en nombre de la lucha antiterrorista para censurar o espiar. Sucede en Estados Unidos, Reino Unido, Etiopía, Arabia Saudí Rusia, Bielorrusia, Sudán o Colombia, donde una unidad de vigilancia digital ha interceptado miles de mensajes entre periodistas y portavoces de las FARC.

    •    En Francia, el parlamento ha aprobado la Ley de Programación Militar, cuyo artículo 20 autoriza la vigilancia de las comunicaciones telefónicas y de Internet a tiempo real, sin la supervisión judicial.

    •    En Turkmenistán, Siria, Vietnam o Bahréin, las autoridades controlan la mayoría de las infraestructuras que permiten la vigilancia de Internet. En Siria o en Irán, la velocidad de la señal sirve para controlar la difusión de imágenes e informaciones.

    •    En Turquía, las recientes enmiendas a la ley de Internet han transformado a los proveedores de acceso a Internet en en auténticos instrumentos de censura y vigilancia.

    •    El último escándalo de vigilancia: el programa "Optic Nerve" destinado a capturar sin ningún tipo de limitación las imágenes de las cámaras web de millones de usuarios de Yahoo.
 
Recomendaciones de Reporteros Sin Fronteras


El Informe ‘Enemigos de Internet 2014’ de Reporteros Sin Fronteras enumera una serie de recomendaciones destinadas a garantizar las libertades en Internet.


 Los hechos demuestran que la vigilancia sigue creciendo y permite identificar a los internautas, sus contactos, su correspondencia y su ubicación. Entre los países autoritarios esta vigilancia conlleva la detención y los malos tratos a defensores de los derechos humanos, periodistas, internautas y demás miembros de la sociedad civil. Las cárceles se han llenado de disidentes defensores de los derechos humanos y las comunicaciones en Internet están cada vez más interceptadas por las autoridades.


 A nivel internacional y regional, en el seno de Naciones Unidas y la Unión Europea, la mayoría de las legislaciones nacionales y los marcos jurídicos relativos a la vigilancia en Internet, la protección de datos y la vigilancia en la red, son incompletos e insuficientes para garantizar los estándares internacionales de los derechos humanos. Resulta primordial y prioritario que se adopte un marco jurídico para proteger las libertades en Internet, tanto para abordar el problema de la vigilancia en general, como para regular la exportación de herramientas de vigilancia por parte de empresas privadas.

 

 

INTRODUCCIÓN

Enemigos de Internet 2014: las instituciones en el corazón del sistema de vigilancia y censura


En febrero de 2013, Natalia Radzina, redactora jefe de Charter97, una página web a menudo censurada en Bielorrusia por sus críticas al poder, asistía a una conferencia sobre Internet organizada por la OSCE en Viena, cuando conoció una realidad que hubiese preferido no saber: la existencia del Centro Analítico de Operaciones, el organismo que coordina las las operaciones de vigilancia y de censura en Internet en Bielorrusia. Son estas instituciones, menos conocidas, pero auténticos órganos de vigilancia y censura para muchos Estados, las que RSF quiere incluir en el nuevo Informe de Enemigos de Internet.

 

Estas instituciones, descritas como “enemigas de Internet”, ponen en evidencia la esquizofrenia de algunos países en lo que respecta a las libertades en la red. Entre las 31 instituciones tratadas en este nuevo informe, tres pertenecen a países democráticos tradicionalmente respetuosos con las libertades fundamentales: el Centro de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en la India, el Directorio de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ), del Reino Unido y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense.

 

La NSA y el GCHQ han espiado las comunicaciones de millones de ciudadanos, entre ellos numeroso periodistas, introduciendo conscientemente fallos en la seguridad de los productos informáticos y pirateando el corazón mismo de la red, haciendo de Internet -un bien común- un arma al servicio de intereses particulares a costa de la libertad de información, de la expresión y de la vida privada.

 

Las prácticas de vigilancia masiva en estos tres países, muchas de ellas reveladas por Edward Snowden, son intolerables y serán -y ya lo son- la excusa para muchos países autoritarios, como Irán, China, Turkmenistán, Arabia Saudí o Bahréin, para justificar sus propios ataques a la libertad de información. ¿Cómo pueden estos países democráticos dar lecciones a los demás sobre la necesidad de proteger a los informadores, cuando adoptan sus mismas prácticas?

 

Sociedades privadas y colaboraciones entre Estados

 

Entre la lista de Enemigos de Internet 2014 encontramos también los “comerciantes de la vigilancia” conocidos como ISS World, Technology Against Crime y Milipol, auténticos especialistas en interceptar comunicaciones o bloquear contenidos en la red al servicio de los funcionarios o representantes de los gobiernos iraníes, chinos, bahreníes, etc. Pero también han prestado sus servicios a democracias occidentales: en 2013, Francia alojó a TAC y Milipol. Al mismo tiempo se emitió una noticia, en diciembre de 2013 que exigía a las empresas francesas que exportaban productos de vigilancia fuera de la Unión Europea un permiso de la Dirección General de Industria y Servicios (DGCIS).

 

La censura y la vigilancia de las instituciones "enemigas de Internet" no serían posibles sin de las herramientas que les aportan las empresas privadas. La Agencia de Seguridad de Sistemas de Información etíope ha tratado a los periodistas casi como las autoridades estadounidenses gracias a las herramientas de espionaje de la empresa italiana Hacking Team, catalogada como "enemiga de Internet" en el informe 2013 de Reporteros Sin Fronteras. La NSA por su parte se ha servido de la tecnología de la compañía francesa Vupen, especialista en explotar los fallos de seguridad y la vulnerabilidad de los sistemas informáticos.

 

Con todo, las empresas privadas no son las únicas que ayudan a los países Enemigos de Internet aportándoles la tecnología necesaria para sus actividades. La propia Rusia ha exportado su sistema de vigilancia SORM, a países vecinos y, en Bielorrusia, el decreto 60 sobre las "medidas a adoptar para mejorar la utilización de la red nacional de Internet" obliga a los servidores a instalar SORM para ponerse en funcionamiento.

 

Irán sigue luchando por el desarrollo de su red interna, Halal Internet, desconectada de la red mundial, desde donde las autoridades pueden ejercer su control absoluto, mientras China, que ya domina Internet mediante la construcción de su "Gran Muralla Electrónica", ha anunciado la colaboración con los "Guardianes de la Revolución", el "Consejo Supremo del Ciberespacio" y el grupo de trabajo que cataloga los contenidos criminales.

 

Pero no es el único país al con el que colabora China. En febrero de 2013, la web de información independiente Zambian Watchdog reveló la colaboración de las autoridades chinas con las de Zambia para instalar un sistema de vigilancia en Internet. Meses después, las webs Zambia Watchdog y Zambia Reports fueron bloqueadas, entre junio y julio de 2013, poniendo en evidencia la voluntad de las autoridades del país africano de controlar la información en Internet.

 

China también está presente en Uzbekistán, mediante la empresa ZTE, que tiene oficina allí desde 2003 y se ha convertido en el principal proveedor de módems y routers del país.

 

Instrumentalización de la protección del territorio

 

Varias son las agencias que sobrepasan sus funciones en nombre de la protección contra el terrorismo y adulteran su misión original para censurar o espiar a todo tipo de informadores: entre otras, la NSA; el GCHW; la Agencia de Seguridad de Sistemas de Información etíope; la Unidad de Servicios de Internet, en Arabia Saudí; el Centro Analítico de Operaciones (OAC), en Bielorrusia; el FSB, en Rusia; o el Servicio de Seguridad Nacional (NISS), en Sudán.

 

Esta tendencia a instrumentalizar la seguridad nacional para justificar sus abusos a las libertades fundamentales se encuentra también en otras instituciones detalladas en este informe. En Colombia, por ejemplo, una unidad de vigilancia digital, probablemente impulsada por el Gobierno, ha interceptado más de 2.600 mensajes entre periodistas internacionales y portavoces de las FARC.

 

En Francia, el parlamento adoptó a finales de 2013, pese a las protestas de numerosas organizaciones no gubernamentales, la Ley de Programación Militar, cuyo artículo 20 autoriza la vigilancia de las comunicaciones telefónicas y de Internet a tiempo real, sin la supervisión judicial. Los motivos invocados para justificar esta legislación son muchos y evasivos, desde "buscar informaciones que interesan a la seguridad nacional" a "salvaguardar los elementos esenciales del potencial económico de Francia", o "prevenir el terrorismo, la criminalidad y la delincuencia organizada, y restablecer o mantener los grupos de discusión".

 

Monopolio peligroso de las infraestructuras

 

En Turkmenistán, Siria, Vietnam o Bahréin, las autoridades controlan la mayoría de las infraestructuras que permiten la vigilancia de Internet. En Siria o en Irán, la velocidad de la señal de Internet varía en función de cuánto quieren sus autoridades controlar la difusión de imágenes y todo tipo de informaciones de manifestaciones y demás acontecimientos que tienen lugar en el país. A veces se llega a soluciones drásticas, como en noviembre de 2012, cuando las autoridades sirias cortaron la señal de Internet y la telefónica durante más de 48 horas. Recientemente, en China también se cortó Internet, el 22 de enero de 2014, para evitar la difusión del escándalo del enriquecimiento de las élites chinas difundido en varios medios internacionales. En Sudán, el 25 de septiembre de 2013, las autoridades cortaron la red en todo el país para evitar la organización de manifestaciones en las redes sociales.

 

Las autoridades quieren dominar cada vez más a los intermediarios técnicos, servidores de acceso y vigilantes de la red. En algunos casos extremos rozan el ridículo, como en Somalia, donde la milicia islamistas Al Shabaab ha declarado ilícito el uso de Internet en enero de 2013. Este grupo, que ni dispone de las competencias, ni los medios técnicos para cortar Internet, se ha dedicado a intimidar a los servidores solicitando que pongan fin a sus servicios y haciéndolo, irónicamente, a través de las páginas webs que les son favorables.

 

En Francia, las leyes de la igualdad de género y la lucha contra la prostitución han contribuido a aumentar la responsabilidad de los intermediarios técnicos en el filtrado de contenidos después de una notificación. El artículo 17 del proyecto de ley sobre la igualdad entre hombres y mujeres obliga a los proveedores de acceso a Internet y a los servidores a identificar y registrar todo contenido que incite o provoque el odio desde un punto de vista sexista u homófobo.

 

En Venezuela, el Presidente Nicolás Maduro, ha obligado a los proveedores de accedo a Internet a filtrar las informaciones que consideren sensibles y han llegado a ordenar el bloqueo de medio centenar de espacios que han publicado distintas tasas de cambio y de inflación a las oficiales para evitar la "guerra económica" contra el país. Sin embargo, este bloqueo no ha evitado los múltiples movimientos de protesta que se producen ante los desequilibrios sociales y los problemas de inseguridad. El 24 de febrero de 2014, ante la multitud de imágenes que circulaban por Twitter, las autoridades venezolanas ordenaron a los proveedores de acceso a Internet bloquear el servicio de imágenes de esta red social.

 

Marco jurídico liberticida

 

En Turquía, las últimas enmiendas a la ley 5651 sobre Internet, votada el 5 de febrero de 2014, han transformado a los proveedores de acceso a Internete en auténticos instrumentos de censura y vigilancia. Estas enmiendas pretenden reunir a los proveedores de acceso a Internet en una nueva estructura que centralice las demandas de bloqueo y retirada de contenidos de Internet. Los proveedores de acceso a Internet no tendrán más remedio que acceder a implantar estas herramientas de censura. El proyecto de ley requiere también que los intermediarios técnicos conserven los datos de los internautas por un periodo de uno a dos años y que se los transmitan a las autoridades competentes si así se lo demandan. El texto no precisa qué datos deberán aportar, ni qué uso se hará de ellos, pero, según los expertos, serán las direcciones IP, correos electrónicos, y el histórico de las redes sociales o páginas visitadas.

 

Con frecuencia es el propio marco jurídico de cada país el que se convierte en la principal herramienta de censura de la información en Internet.

 

En Vietnam, pese a los artículos 88 y 79 del Código Penal, el ministerio de Información y de las Comunicaciones no ha dudado en crear un cuadro legislativo cada vez más represivo. El decreto 72, en vigor desde el 1 de septiembre de 2013, define una utilización extremadamente restrictiva de blogs y redes sociales al limitar su utilización a la "difusión de informaciones personales", impidiendo a los internautas hablar de temas de actualidad o de interés general.

 

En julio de 2013, Gambia adoptó un nuevo marco legislativo que define los límites de la libertad de información contemplando la posibilidad de penas de hasta 15 años de cárcel o multas de 64.000 euros por la "difusión en Internet de informaciones falsas sobre el Gobierno o sus funcionarios".

 

En Bangladesh, las enmiendas legislativas adoptadas en agosto de 2013 han permitido juzgar a cinco personas, entre ellos cuatro blogueros y el secretario general de la ONG Odhika. La legislación es extremadamente amplia e imprecisa, sobre todo en la "publicación en Internet de informaciones falsas, obscenas o difamatorias".

 

En la isla de Granada una legislación reciente ha prohibido la utilización de "sistemas electrónicos" para la publicación de "informaciones ofensivas o amenazantes", una imprecisión que amenaza realmente la libertad de información.

 

Permisos para publicar

 

La distribución de permisos para las webs de información es también una auténtica barrera administrativa y a veces económica muy común para aquellos que intentan controlar la información en Internet.

 

En Singapur, en junio de 2013, las autoridades han establecido una auténtica barrera económica para los medios de comunicación en internet que reciban más de 50.000 visitas al mes y publiquen más de un artículo por semana, obligándoles a adquirir una licencia individual cuyo precio asciende a los 28.000 euros que necesita ser renovada todos los años.

 

En Uzbekistán las webs de información tienen que registrarse como los demás medios -radio, prensa y televisión - desde 2007. El proceso de registro es arbitrario y la acreditación está sujeta a un examen de contenidos.

 

En Arabia Saudí, las webs de los medios tradicionales necesitan una licencia del ministerio de Información y Cultura desde 2001 que deben renovar cada tres años.

 

Con todo, este viaje por la censura y la vigilancia está lejos de ser exhaustivo y es más que probable que los documentos de Edward Snowden, difundidos desde junio de 2013 por el periodista Glenn Greenwald revelen la existencia de otras prácticas de vigilancia en lo próximos meses. La última en conocerse es quizás la más escandalosa: la existencia de un programa "Optic Nerve" destinado a capturar sin ningún tipo de limitación las imágenes de las cámaras web de millones de usuarios de Yahoo.

 

Resulta por lo tanto esencial para preservar la libertad de información en Internet:

 

→actuar al nivel de las instituciones internacionales para reforzar el marco jurídico relativo a la vigilancia en Internet, a la protección de los datos y a la exportación de material informático de vigilancia. Leer las recomendaciones finales del informe.

 

→formar a los informadores en la protección de sus datos y comunicaciones, en este sentido Reporteros Sin Fronteras lleva años haciendo jornadas de formación en Francia, Egipto, Túnez, Afganistán, Tayikistán, etc.

 

→continuar informando de las prácticas de vigilancia y censura. Este es todo el objetivo del siguiente Informe.

 

INFORME COMPLETO
Descargar aquí (en inglés)
RECOMENDACIONES

La censura y la vigilancia en Internet influyen directamente en el ejercicio de los derechos fundamentales. La libertad de expresión en Internet facilita el libre debate en la red en general, así como el desarrollo y el buen gobierno de las garantías democráticas. El 4 de julio de 2012, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU afirmó que los derechos en vigor en el mundo físico debían tener igual vigencia en el virtual, o sea en Internet, independientemente de las fronteras. La resolución pedía a los Estados “promover y facilitar el acceso a Internet y cooperar internacionalmente para facilitar el desarrollo de los medios y de las comunicaciones de todos los países”.

 

Los hechos demuestran que la vigilancia sigue creciendo y permite identificar a los internautas, sus contactos, su correspondencia y su ubicación. Entre los países autoritarios esta vigilancia conlleva la detención y los malos tratos a defensores de los derechos humanos, periodistas, internautas y demás miembros de la sociedad civil. Las cárceles se han llenado de disidentes defensores de los derechos humanos y las comunicaciones en Internet están cada vez más interceptadas por las autoridades.

 

A nivel internacional y regional, en el seno de Naciones Unidas y la Unión Europea, la mayoría de las legislaciones nacionales y los marcos jurídicos relativos a la vigilancia en Internet, la protección de datos y la vigilancia en la red, son incompletos e insuficientes para garantizar los estándares internacionales de los derechos humanos. Resulta primordial y prioritario que se adopte un marco jurídico para proteger las libertades en Internet, tanto para abordar el problema de la vigilancia en general, como para regular la exportación de herramientas de vigilancia por parte de empresas privadas.


Vigilancia en Internet

 

RSF recuerda

 

Que el derecho a la vida privada está presente en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de los Derechos Humanos.

 

Que el informe del Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank la Rue, refleja el impacto de la vigilancia en Internet en los derechos en general y en el de la libertad de información en particular.

 

Que los 13 principios internacionales elaborados por el grupo de organizaciones Access, EFF, Privacy International y un grupo de expertos internacionales, han recibido el apoyo de más de 360 organizaciones en 60 países. Unos principios que pretenden crear un marco de referencia para la sociedad civil, las empresas y los Estados, para que la legislación y las prácticas en materia de vigilancia de cada país respeten los derechos humanos.

 

RSF recomienda

 

A Naciones Unidas

 

→Reflexionar sobre la creación de un grupo de trabajo para las libertades digitales en el Consejo de Derechos Humanos encargado de reunir todas las informaciones sobre las libertades digitales, la vigilancia en Internet, la protección de la vida privada en la red, la censura y otros atentados contra las libertades digitales en los estados miembros, así como todas las informaciones relativas a los casos individuales de violación de las libertades digitales y de hacer recomendaciones a los Estados.

 

A la Unión Europea

 

→Incluir el acceso libre a Internet entre las libertades de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

 

→Integrar la promoción y la protección de la libertad digital entre las acciones exteriores y las políticas de financiación de la Unión, en especial sus programas de desarrollo y ayudas, así como las negociaciones relativas a los acuerdos de libre comercio.

 

→Condicionar la ayuda al desarrollo al respeto a las libertades digitales.

 

→Insistir en la importancia de la libertad de acceso a Internet y la libertad digital en los criterios de adhesión a la UE, así como reforzar el respeto a estos criterios.

 

→Considerar, entre las relaciones de la UE con terceros Estados ylos foros internacionales, en especial la IMC, los mecanismos de vigilancia de Internet y los mecanismos proteccionistas, así como las barretas al comercio y combatirlas como tales.

 

A los Estados

 

→Incluir el libre acceso a Internet y las libertades digitales entre los derechos fundamentales.

 

→Adoptar leyes que garanticen las libertades digitales, en especial la protección a la vida privada y los datos personales, de cara a la intrusión de las fuerzas del orden o los servicios de Inteligencia, y tomar medidas al respecto.

 

→Asegurarse que las medidas de vigilancia de las comunicaciones respetan estrictamente los principios de legalidad y el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos.

 

→Favorecer una mayor transparencia en cuanto a las empresas, sus nombres, sus bases legales y sus objetivos.

 

Empresas y Derechos Humanos

 

Reporteros Sin Fronteras ha denunciado en repetidas ocasiones la cooperación criminal de varias empresa de nuevas tecnologías con regímenes autoritarios, a quienes aportan herramientas que permiten a las durezas del orden espiar y detener a disidentes y opositores. A finales de febrero de 2014 al menos 167 internautas estaban detenidos en el mundo por actividades relacionadas con la información. Las empresas que han colaborado con estos gobiernos deben ser sancionadas y los Estados deben adoptar legislaciones destinadas a controlar las exportaciones de material informático de vigilancia y deben llevar ante la justicia a las empresas que se dedican a este comercio.

 

RSF recuerda

 

Los principios de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, aprobados por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de 2011.

 

Las acciones permanentes de RSF ante los Estados y ante Naciones Unidas sobre la vigilancia, especialmente su intervención en el Segundo Foro de Naciones Unidas titulado " Negocios y Derechos Humanos", que tuvo lugar del 2 al 4 de diciembre de 2013, en Ginebra.

 

La posición de RSF en noviembre de 2012 sobre la exportación de tecnologías europeas de vigilancia en internet.

 

Sus numerosas alertas y comunicados relacionados con la libertad de información en Internet desde la última década, en particular el 2011, cuando pidió sanciones para las empresas que colaborasen con dictaduras.

 

Los informes de diversas instancias y órganos, como la sesión de 14 de marzo de 2013 del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre los derechos del hombre y las empresas, o la que tuvo lugar en octubre de 2013 sobre "Empresas y Derechos Humanos: opiniones sobre la aplicación en Francia de los principios de Naciones Unidas"  de la Comisión Nacional consultiva de los Derechos Humanos (CNCDH).

 

Su participación en la coalición internacional The Cause (Colación contra la ausencia de legislación que controle las exportaciones), creada para denunciar la exportación ilegal de tecnologías de vigilancia, y formada por ONGs como Amnistía Internacional Human Rights Watch, Privacy Internacional o Difitale Gesellschaft.

 

RSF recomienda

 

A Naciones Unidas

 

→Fortalecer el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre "derechos humanos y empresas internacionales", especialmente permitiéndole recibir quejas individuales y fomentando su investigación de casos individuales de violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas.

 

→Considerar la posibilidad de elaborar una convención internacional sobre la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos, recordando y profundizando en los principios rectores de Naciones Unidas.

 

→Considerar la posibilidad de elaborar una convención internacional sobre la exportación de tecnologías de vigilancia en Internet que permita controlar las exportaciones y el desarrollo de tecnologías liberticidas y peligrosas para los ciudadanos, instaurando un órgano de vigilancia y supervisión independiente a los Estados, con la posibilidad de llevar a cabo sanciones disuasivas. Esta convención debería establecer reglas que permitan prohibir las exportaciones cuando se entienda que existe un riesgo considerable de que las tecnologías vayan a permitir violaciones a los derechos humanos.

 

A los Estados participantes en el Arreglo de Wassenaar sobre el control de las exportaciones de armas convencionales, bienes y tecnologías de doble uso:

 

RSF recibe con satisfacción la rapidez en adoptar nuevas categorías de tecnologías de vigilancia, que se han incluido en la lista de bienes y tecnologías de doble uso: los software de intrusión y los sistemas de vigilancia e identificación IP. Sin embargo, RSF considera oportuno recomendar a los Estados participantes:

 

→Promover una mayor transparencia y mejor acceso de la sociedad civil y de las las instituciones nacionales de derechos humanos al seno de las deliberaciones de la asamblea plenaria.

 

→Elaborar reglamentos para la exportación o transferencia de tecnologías de doble uso a ciertos países, válidos para todos los países participantes, de una manera uniforme.

 

→Reforzar las obligaciones de los Estados, sobre todo en materia control del cumplimiento de la obligación impuesta a los exportadores de notificar sus actividades.

 

A la Unión Europea

 

→Establecer a nivel europeo un mecanismo que refuerce el control de la exportación de las tecnologías de vigilancia.

 

→Considerar susceptible de someter a autorización previa la exportación de ciertos servicios específicos de interferencia, seguimiento, control e intercepción.

 

→Uniformar y armonizar los sistemas de control, seguimiento y sanción de las tecnologías de vigilancia.

 

A los Estados

 

Controlar más rigurosamente las exportaciones de material de vigilancia en Internet, en especial en las zonas de conflictos armados y en los Estados que no respetan las libertades fundamentales.
Modificar la legislación en vigor y reforzar los mecanismos de acción, y para ello:

 

→Introducir disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las empresas en casos de colaboración con regímenes culpables de violaciones de derechos humanos.

 

→lIntroducir en la Ley una obligación de "diligencias razonables" en materia de derechos humanos en las empresas, e incluir también una obligación de vigilar que los Estados cumplen sus obligaciones internacionales cuando acogen las sedes de estas empresas.

 

→Introducir en la Ley la lucha contra la impunidad y asegurar la efectividad de los mecanismos de justicia nacionales, así como extender en los derechos humanos la excepción del principio de autonomía de las sociedades, con el fin de permitir que se les responsabilice por sus actos y los de sus filiales en el extranjero.

 

→Extender las competencias extraterritoriales de las jurisdicciones penales nacionales que devén poder ser reconocidas como competentes par actuar sobre ciertos delitos cometidos por una empresa en el extranjero.

 

A las empresas

 

→Respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

 

→Adoptar códigos éticos y mecanismos eficaces para su cumplimiento.

 

→Establecer mecanismos de información y sensibilización a sus trabajadores sobre los derechos humanos.

 

→Adoptar compromisos relativos al respeto de los principios rectores de Naciones Unidas, especialmente en materia de transparencia y derechos humanos.

 

→Adoptar mecanismos de reparación de las actividades que hayan tenido incidencias negativas en los derechos humanos.

 

      

  

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