PERÚ | RSF pide a Humala que cumpla sus promesas a los medios de comunicación

28.07.2011 17:28

Sr. Ollanta Humala 


Presidente de la República del Perú


Palacio de Gobierno,

Lima

 

Señor Presidente,

 

Usted asume el cargo que le han confiado los ciudadanos peruanos tras el escrutinio del 5 de junio de 2011. Durante una campaña tensa, en ocasiones marcada por graves ataques a la libertad editorial, usted prometió, el 29 de abril pasado, durante un foro del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que si era elegido renunciaría a todo proceso contra periodistas en ejercicio de su trabajo. La organización internacional de defensa de la libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras celebra su compromiso, pero le pide ir más allá.


Con satisfacción tuvimos conocimiento de que el 21 de julio pasado la Comisión Permanente del Congreso adoptó una modificación del código penal que elimina toda pena de prisión en caso de “difamación”. No obstante, aún se espera que usted firme este importante avance legislativo. Quisiéramos ver en ello un primer paso hacia una despenalización total de los delitos de prensa en Perú. Con su investidura, los periodistas ya no deben temer la prisión.

 

El mandato precedente permanece marcado por una serie de condenas que contradicen los principios de la Constitución peruana y los estándares jurídicos interamericanos. La más grave de ellas concierne a Paul Garay Ramírez, director de un programa del canal Visión 47 TV y corresponsal de la radio La Exitosa, encarcelado desde el 19 de abril pasado. Pugnamos por que sea puesto en libertad sin demora.


Dos meses y medio más tarde, el 6 de julio, Hans Francisco Andrade Chávez, director del noticiero televisivo “América noticias”, del canal América TV, fue condenado por el tribunal de Libertad a una pena de dos años de prisión, a pagar una multa de 4.000 soles (unos 1.000 euros) por concepto de reparación civil, así como 120 días multa. Por fortuna, el periodista se encuentra en libertad en la espera de una decisión respecto a su apelación. Ahora, la condena de la que es objeto comporta declaraciones que él no hizo. Las acusaciones difundidas al aire contra Juan José Vásquez Romero, funcionario de la Municipalidad de Chepén, fueron hechas por la coordinadora de un partido político, a la que Hans Francisco Andrade Chávez entrevistaba en el estrado. Los procesos legales emprendidos por Juan José Vásquez Romero contra el periodista, y sólo contra él, no son admisibles por esa razón. En 2010 otros cuatro periodistas fueron condenados a penas de prisión por “difamación”.

 

Este reto jurídico no debe hacer olvidar el imperativo de la seguridad de los medios de comunicación y la lucha contra la impunidad. El Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado el 3 de mayo de 2011, se vistió de luto con el asesinato, en Virú, de Julio Castillo Narváez, de 41 años de edad, conductor de un programa de Radio Ollantay. Hasta el día de hoy tres individuos han sido arrestados en el marco de la investigación por este crimen, pero ni la identidad del autor intelectual ni su móvil se han determinado aún. ¿A qué se debe tal lentitud?


Con demasiada frecuencia existen retrasos, incluso bloqueos, en los procesos, cuando estos involucran a políticos, funcionarios o representantes de la fuerza pública. Así, aún tarda el juicio de los asesinos de Miguel Pérez Julca, ejecutado en 2007, en Jaén, tras haber denunciado prácticas criminales de la policía local. Asimismo, nadie comprende la razón por la que fue absuelto por segunda vez, en febrero de 2010, el ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, quien no obstante ha sido identificado varias veces como el autor intelectual del asesinato de Alberto Rivera Fernández, de la estación de radio Frecuencia Oriental, ocurrido el 21 de abril de 2004.


El Estado de Derecho llama a la valentía judicial. También implica el fin del acoso dirigido contra ciertos medios de comunicación y sus representantes. Es en las altas esferas donde se decidió la suspensión de la estación La Voz de Bagua Grande durante catorce meses y contra toda norma de derecho; esto, tras la rebelión suscitada en Yurimaguas en junio de 2009. Pese a que la radio volvió a transmitir en agosto de 2010, su propietaria, Aurora Burgos, aún corre el riesgo de prisión por “uso ilegal de frecuencia”. Tal encarnizamiento debe cesar.


Queremos creer que su compromiso, formulado el 29 de abril, permitirá, no sólo mejorar la condición profesional de los periodistas, sino también eliminar los últimos obstáculos al pluralismo y a la libertad de informar que ponen de manifiesto estos diferentes casos.


Agradeciendo su atención a esta solicitud, le enviamos Señor Presidente, nuestros saludos más cordiales.

 

Jean-François Julliard 
Secretario General de Reporteros sin Fronteras

      

  

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