MÉXICO | RSF pide más medidas de protección para los profesionales de la revista Contralínea

03.07.2014 16:40

 

Reporteros Sin Fronteras pide a las autoridades mexicanas que prolonguen y amplíen inmediatamente las medidas de protección a todos los miembros del equipo de Contralínea, cuyas oficinas fueron asaltadas la noche del 23 de junio, por dos individuos sin identificar que sustrajeron el equipo informático, de audio y de grabación. Los delincuentes cortaron los cables de las cámaras de vigilancia, que fueron instaladas en 2012 por órdenes de la Secretaría de Gobernación como parte del Mecanismo para la Protección de Periodistas y de Defensores de los derechos humanos. Estas medidas cautelares habían sido solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas, alarmadas por ataques precedentes a las instalaciones de la revista.
 
Al día siguiente de este nuevo robo, la dirección de la revista presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y pidió que se ampliaran las medidas cautelares para proteger a todo el personal. En una entrevista concedida a Reporteros Sin Fronteras, el director de la revista, Miguel Badillo, enumeró las cuantiosas pérdidas del semanario: les robaron 19 computadoras, una cámara de video, tres pantallas de televisión, equipo de audio y producción radiofónica, así como discos duros, expedientes periodísticos y documentación personal de los reporteros. Miguel Badillo también denunció que el 18 de abril de 2014 dos hombres armados asaltaron su domicilio cuando él se encontraba ausente. No obstante, hasta el momento no se ha determinado el móvil de los delitos y la investigación emprendida por la PGJ parece encontrarse en un punto muerto.
 
RSF también pide a la Procuraduría General de Justicia que haga que la investigación avance lo antes posible para determinar el origen del robo y sancionar a los autores intelectuales, a fin de garantizar el respeto del trabajo de Contralínea.
 
Para la revista Contralínea son frecuentes los robos, allanamientos y el hostigamiento judicial. La revista ha enfrentado varios juicios debido a denuncias presentadas por empresas privadas como Zeta Gas, Blue Marine Technology y Oceanografía. Los reporteros de la revista han señalado casos de corrupción de estos grupos y actualmente se encuentran en curso tres procesos legales iniciados en 2007. En diciembre de 2013 la CIDH y la Secretaría de Gobernación iniciaron una investigación por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra periodistas de Contralínea.
 
En México, donde han sido asesinados dos periodistas desde el inicio del año 2014, con gran frecuencia las amenazas –y otras intimidaciones– se saldan con ataques que tienen consecuencias irreversibles. El 1 de septiembre de 2011 se encontró muerta a la periodista fundadora de Contralínea Ana María Marcela Yarce Viveros, que había sido secuestrada cuando salía de las oficinas de la revista.

      

  

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