MÉXICO | RSF pide al gobierno que escuche a la sociedad civil sobre la Ley de Telecomunicaciones

04.07.2014 19:43
Reporteros Sin Fronteras expresa su preocupación por la rapidez con que avanza este la propuesta de leyes secundarias de telecomunicaciones, presentada el 24 de marzo, por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que posee algunos artículos que amenazan la libertad de información. El texto acaba de ser aprobado en el Senado y será discutido muy pronto en la Cámara de Diputados. 
 
 
La reforma de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones comporta diversos peligros para la libertad de información: Vigilancia de contenidos, derecho de bloquear las señales de telecomunicaciones, censura (a priori) en caso de que se considere que la información es peligrosa para la seguridad nacional y distribución no equitativa de frecuencias audiovisuales entre los medios de comunicación privados, públicos y comunitarios.
 
La mayoría de los senadores se pronunció a favor del proyecto de ley pese a las críticas de algunos legisladores, que denunciaron la rapidez con la que se tomó esta decisión (los senadores dictaminaron en cuatro horas). Estas críticas dieron lugar a que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobara un periodo extraordinario de sesiones, que inició el 4 de julio, para la discusión definitiva de la nueva legislación, que será presentada ante la Cámara de Diputados el 8 de julio.
 
“Reporteros Sin Fronteras lamenta que el Ejecutivo no haya tenido en cuenta ninguna recomendación de la sociedad civil”, afirma Camille Soulier, responsable de la oficina de Américas de la organización. “Es necesaria una reforma a la Ley de Telecomunicaciones, cierto, pero este proyecto de ley avanza demasiado rápido y en una dirección alarmante", añade Soulier. RSF pide a los diputados mexicanos que profundicen su reflexión y consulten a la sociedad civil antes de pronunciarse sobre el proyecto de ley, a fin de que el texto se enriquezca con un diálogo democrático.
 
Reporteros Sin Fronteras apoya una petición presentada en el Senado el 2 de julio pasado, en la que más de cien organizaciones defensoras de los derechos humanos, acompañadas de numerosos ciudadanos, expresaron su inconformidad con el proyecto de ley. Según ellos, la reforma de la ley permitiría la censura a priori, violaría el derecho de propiedad y protegería más los derechos de las empresas de telecomunicaciones que los de los ciudadanos.

      

  

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