Cuatro periodistas han sido víctimas de amenazas de muerte en los tres últimos días. El objetivo, obligarles a dejar de ejercer su profesión. RSF condena firmemente estos actos intimidatorios, que demuestran la urgente necesidad de proteger a los periodistas mexicanos.
En las regiones de Tabasco, Quintana Roo y Michoacán, estados muy afectados por la violencia del crimen organizado y la corrupción, los periodistas críticos sufren el incremento de las presiones contra ellos.
En el estado de Tabasco, la madrugada del 19 de julio, varios desconocidos dispararon al automóvil del periodista Luis Rubén López Domínguez, corresponsal del diario Tabasco Hoy, aparcado frente a su domicilio. Los agresores dejaron un mensaje en el parabrisas, amenazándole de muerte y exigiéndole que dejara de publicar información en Facebook.
Ese mismo día, en las calles de la ciudad de Cancún, en el estado de Quintana Roo, aparecieron dos mantas firmadas supuestamente por Los Zetas, uno de los cárteles más violentos de México, amenazando de muerte a los periodistas Pedro Canché, editor del portal Pedro Canché Noticias, y Amir Ibrahim, director del portal de noticias El QuintanaRoo.
Dos días después, el 21 de julio de 2017, en Morelia, estado de Michoacán, José Maldonado Sotelo, periodista y director de la agencia de noticias 90 Grados, recibió amenazas relacionadas con la información publicada sobre la Procuraduría General de Justicia del Estado. “Ni una nota más mi querido José pues de lo contrario será la última, te lo aseguramos”, recibió la agencia por correo electrónico.
“Estos métodos de intimidación y censura –independientemente de cuál sea el grupo del que provengan– son intolerables, inaceptables”, afirma Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF. “Las autoridades mexicanas, tanto a escala local como federal, deben garantizar la seguridad de los periodistas, así como identificar y castigar a los autores de estas amenazas de muerte, que fomentan tanto un ambiente de miedo, como la autocensura, dramática para la libertad de expresión en el país”, añade.
La opacidad en torno a estos ataques es muy preocupante e incrementa la desconfianza que tienen los periodistas en las autoridades locales. Según Luis Rubén López Domínguez, por ejemplo, las agresiones y amenazas provienen del alcalde de Paraíso, Bernardo Barrada Ruíz, ya molesto por informaciones previas sobre las deficiencias del ayuntamiento. El día en que el periodista sufrió el ataque, el portavoz del ayuntamiento afirmó que se había tratado de un autoatentado orquestado por el mismo Luis Rubén.
Por su parte, Pedro Canché aseguró en su portal que las mantas que aparecieron en Cancún “en realidad no provienen del narco sino de estos actores políticos que se han unido para infundir miedo y terror al escaso periodismo crítico que se realiza en Quintana Roo”. Cabe recordar que, en 2015, Pedro Canché fue detenido y estuvo encarcelado injustamente nueve meses acusado de presunto “sabotaje” por haber cubierto manifestaciones locales.
Para José Maldonado, amenazado desde el 3 de mayo pasado, las intimidaciones que sufrió se deben a la información publicada en 90 Grados sobre el oscuro pasado de Rogelio Arredondo Guillén, director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Morelia, asesinado el 30 de junio. El estado de Michoacán es muy peligroso para la prensa. En junio se halló el cuerpo de Salvador Adame Pardo, desaparecido el 18 de mayo en el municipio Nueva Italia.
México ocupa el puesto 147 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras.
Consulta más información sobre México en el Informe Anual elaborado por RSF-España.
